La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a 20 acusados de financiar ilegalmente las campañas electorales del PP de Valencia

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra 20 personas acusadas de financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunitat Valenciana entre 2007 y 2008; en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las Generales de 2008.

Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes. Además, están procesados cinco ex altos cargos del PP en Valencia, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, Vicente Cotino.

Empresarios implicados

El magistrado de la Audiencia Nacional acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil. El imputado que afronta una mayor multa es Álvaro Pérez El Bigotes, con 10,2 millones de euros.

Las conclusiones de la investigación muestran que un grupo de empresarios radicados en la Comunidad  Valenciana habrían financiado, en connivencia con la empresa de Correa Orange Market, al Partido Popular valenciano. Abonaban pagos de servicios adeudados por la formación conservadora valenciana a Orange Market, mediante contratos "que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios". Estas empresas, según explica el auto, pertenecían a grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública valenciana.

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La investigación permite concluir, según De la Mata, la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos ) y otra parte presuntamente, en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B de la empresa Orange Market y la del grupo de Correa)".

En el desarrollo de esas campañas electorales, según explica el auto del juez, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente.

Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, "los acusados integrados en el Partido Popular valencianoPartido Popular valenciano, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad", completa el auto de De la Mata que envía al banquillo a los responsables de las cuentas del PP y a los empresarios que abonaban las mordidas.