Más plazas y humanizar el discurso: qué piden las ONG tras el pacto para reubicar a menores migrantes

Las organizaciones que trabajan con menores migrantes celebran el acuerdo para su reubicación territorial alcanzado por fin esta semana, pero recuerdan que el sistema de acogida necesita estabilidad y más recursos para atender como es necesario a un colectivo especialmente vulnerable: han vivido una dura experiencia migratoria, lo han hecho sin referentes familiares y lo enfrentan en un momento muy delicado y complejo de la vida como es la adolescencia. Estas entidades, que son las que conocen su día a día, piden humanizar el discurso y que cada persona piense en estos chicos y chicas como si fueran sus hijos o sobrinos.

“Lo valoramos de forma positiva, como cualquier medida que busque garantizar el bienestar de estos niños y disminuya el colapso en Canarias; es una solución necesaria pero no definitiva. Lo que vivimos son situaciones estructurales, no crisis, por lo que necesitamos otro tipo de medidas más sostenibles a largo plazo”, dice a infoLibre Laura Suárez Darias, delegada de Canarias de Fundación ECCA Social. Organizaciones como la suya piden un sistema de acogida estable, con recursos a largo plazo, porque han vivido cómo se han tenido que improvisar “muchísimos dispositivos de emergencia”. “Las situaciones no han sido las ideales para velar por los derechos de los menores. No existe un sistema de acogida estable, que tenga una previsión de lo que va a ocurrir, porque no es que vaya a ocurrir, es que ocurre”, advierte.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se centra en el sistema de acogida ordinario pero presta asesoramiento jurídico a otras organizaciones en procesos relacionados con los menores migrantes solos, como en la identificación, y ha estado en las mesas de consulta para conseguir solucionar el desbordamiento de los servicios de acogida en Canarias. “Nosotros lo valoramos positivamente porque desbloquea algo que se ha retrasado ya demasiado tiempo; hablamos de menores sin referentes familiares y la ley obliga a priorizar su atención por encima de cualquier otra consideración”, señala a infoLibre el director de CEAR, Mauricio Valiente. Desde las organizaciones llaman ahora a estar atentos a cómo se haga el reparto y a hacer seguimiento a las medidas. “Prevemos que su ejecución no va a ser fácil y que va a seguir habiendo una tensión muy grande, vamos a ver la tramitación parlamentaria, porque hay aspectos que podrían mejorarse”, destaca y pone como ejemplo que, para activarse un mecanismo obligatorio, deba llegarse a tres veces la capacidad de acogida prevista. 

“Que esto sea un consenso social”

En Convive Fundación Cepaim, que tiene programas de transición a la vida adulta, consideran que el acuerdo es “un primer paso” pero lamentan que no haya habido un consenso político y social. “Nos parece un avance, pero a partir de aquí empiezan muchos desafíos. Necesitamos que sea un consenso social la acogida digna, porque de la acogida que hagamos ahora dependerá la sociedad que creemos para el futuro. Todo lo que invirtamos en ellos será la sociedad del mañana”, considera para infoLibre Rubén Romero Masegosa, coordinador de incidencia política de la fundación. El experto pone el foco además en que “muchos niños y niñas son calificados como mayores en la prueba de determinación de la edad cuando en realidad son menores y, sólo hasta que conseguir tener una prueba documental como la partida de nacimiento o arreglar su situación documental, pueden acreditar el error”. El argumento contrario sobre la prueba de la edad, diciendo que pasan mayores de edad por menores de edad, es uno de los que esgrime la ultraderecha para cargar contra las políticas de acogida.

“El problema es que se ha querido hacer de esta realidad un arma política, se ha jugado con el miedo, la desinformación, la manipulación con clara xenofobia y racismo, y se han cometido delitos de odio, incitaciones al acoso y la discriminación”, denuncia Mauricio Valiente, quien llama a que estas medidas de distribución de la acogida sean un mecanismo normal, porque no se trata de una política humanitaria sino de una prioridad que las administraciones públicas tienen la obligación de atender. “El real decreto va acompañado por un compromiso presupuestario para que se refuerce la capacidad de acogida, que debe darse en Canarias y en el conjunto del país. Si no se aplica esto, de nada sirve, porque no habrá medios suficientes para cumplirlo”, señala. Y subraya: “No hablamos de algo que sea imposible de atender, hemos vivido la crisis con las personas refugiadas de Ucrania y se ha podido atender. Esto es una realidad mucho más pequeña. Es una situación tan abordable como atender a unos pocos menores. Si no somos capaces y se genera un clima de rechazo, eso va a degradar nuestra sociedad y nos va a hacer peores ”. 

Arraigo y participación en la comunidad

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Hay menores migrantes que llevan en Canarias ya muchos meses o incluso más de dos o tres años y, en esos casos, puede no recomendarse su traslado porque tienen ya arraigo en sus comunidades. “Están integrados en el sistema educativo, socialmente, han tenido ya alguna experiencia laboral; tienen establecidos lazos con la comunidad y romper esos lazos puede tener efectos negativos en su desarrollo. Cuando se aplique este acuerdo, siempre se escuchará al menor y va a primar el interés superior de ellos. Tenemos chicos que no se ven fuera de aquí, tienen amistades, redes de apoyo, una confianza en personas cercanas que romper en este momento sería muy negativo”, explica Laura Suárez Darias. Ante los discursos deshumanizantes, la experta tiene un mensaje claro: “Yo invitaría a esas personas a que vinieran y los conocieran, que vieran que están hablando con un niño de 14 o 16 años, que piensen en que podrían ser sus hijos o sus sobrinos”. 

El trabajo con la comunidad es fundamental para estas organizaciones. En la Fundación Pere Tarrés, además de la labor en sus pisos de inserción laboral, fomentan la participación plena de los niños y jóvenes en el entorno. “Salimos a actos, a obras de teatro, a museos, vamos a comprar y luego a desayunar, hacen voluntariados, tanto en las fiestas del barrio como otros más sistematizados, buscamos que sean también agentes, esa devolución social: cómo puedo aportar mi tiempo”, explica a infoLibre Míriam Carrasco, directora de los pisos de inserción laboral de la Fundación Pere Tarrés. “Nuestros pisos están ubicados en zonas bien conectadas con la comunidad, porque con esa convivencia con el vecindario podemos romper muchas barreras, muchos estigmas”, añade.

En los programas de Accem dan acogida a menores que necesitan tutela, independientemente de su origen. “Nosotros ponemos el foco en garantizar la protección del niño o la niña, con un modelo integrador, que, en nuestra experiencia desde hace bastantes años, funciona”, indica Nuria Yela, referente de Infancia en la organización. La experta denuncia la “estigmatización fruto del desconocimiento” hacia los menores migrantes no acompañados y llama a poner el foco sobre lo que considera que es primordial, la doble vulneración de derechos a la que están expuestos: “primero, por su condición de migrantes, después de trayectos durísimos, y segundo, por su condición de niños solos”.