Avalmadrid incumplió su normativa al estar siete meses sin actuar desde el primer impago del préstamo del 'caso Ayuso'

Avalmadrid tiene una normativa interna que le obliga a judicializar los impagos en un máximo de 15 días desde la fecha en que tenga que abonar al banco el dinero que dejó sin pagar el moroso. Algo que no hizo con MC Infortécnica SL, la empresa que tenía entre sus propietarios a los padres de Isabel Díaz Ayuso. Según ha podido saber infoLibre, Avalmadrid dejó transcurrir siete meses antes de iniciar el primer trámite para judicializar el asunto. Los padres de la presidenta madrileña aprovecharon ese tiempo de inactividad absoluta para traspasar bienes a sus hijos en operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes.

Avalmadrid firmó el 15 de marzo de 2011 una operación de aval-crédito con MC Infortécnica SL, por importe de 400.000 euros a devolver en 36 meses. ¿Cómo funcionan este tipo de operaciones? Es sencillo: una entidad financiera —en este caso fue Caja España— presta el dinero a la empresa, pero si se produce cualquier impago el banco se lo reclama a Avalmadrid, que actúa de avalista y abona la deuda de forma casi inmediata. Avalmadrid, por su parte, exige una serie de garantías a quienes van a recibir el préstamo para asegurarse de que tiene forma de recuperar el dinero en el supuesto de que la entidad financiera ejecute el aval.

En esta operación, Avalmadrid recibió dos tipos de garantías: una hipoteca sobre una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), tasada en 213.000 euros y que cubría por tanto sólo el 53% del riesgo (los 400.000 euros prestados), y el aval solidario de los ocho socios de MC Infortécnica SL y de la sociedad matriz del grupo empresarial. Esto último supone que cada uno de los avalistas responde con todos sus bienes presentes y futuros de las deudas que se generen. Hay que destacar que Avalmadrid aceptó como garantía la hipoteca sobre la nave industrial —que era propiedad 100% del padre de Ayuso—, a pesar de que los tasadores hicieron una expresa advertencia de que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística.

Cuando llegó el momento de devolver la primera cuota del préstamo, el 15 de diciembre de 2011, MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro. Como desveló infoLibre, la empresa para entonces ya estaba en quiebra: sólo tres meses después de embolsarse los 400.000 euros dejó de pagar las nóminas de los trabajadores y el 23 de septiembre de aquel año despidió a la práctica totalidad de la plantilla.

  Caja España reclama el dinero

Así que Caja España puso en marcha su maquinaria para reclamarle el dinero a Avalmadrid y esta entidad de capital mixto —la Comunidad de Madrid es el principal accionista con el 31% de las acciones— aparentemente hizo lo propio para exigir la deuda a los socios de MC Infortécnica SL. Pero sólo aparentemente.

El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid decidió regularizar el importe vencido e impagado —100.000 euros de principal más los intereses, que en ese momento ya superaban los 6.000 euros—, ejecutar la hipoteca sobre la nave del pueblo abulense y embargar los bienes de los avalistas.

Menos de un mes después, el 30 de abril, Avalmadrid entregó a Caja España 106.000 euros en concepto de primera cuota impagada por la empresa copropiedad de los padres de Ayuso.

La normativa interna de Avalmadrid, consultada por este periódico, no deja lugar a dudas: en un máximo de 15 días desde la fecha de pago a la entidad financiera tiene la obligación de judicializar el expediente. En aquella época Avalmadrid tenía firmado un contrato con Cobralia, una compañía dedicada a la recuperación de deudas, que se encargaba de las actuaciones siguiendo las órdenes de la entidad semipública.

Pero en vez de entregarle de forma inmediata el expediente a Cobralia, Avalmadrid decidió no hacer absolutamente nada contra los deudores. Al frente de la entidad estaban entonces Juan Manuel Santos-Suárez, que ocupó la presidencia hasta mayo de 2014 cuando fue nombrado consejero de la CNMV, y Juan Luis Fernández-Rubíes, consejero delegado que permaneció en Avalmadrid hasta marzo de 2016.

El 16 de noviembre de 2012, en una nueva reunión del Comité de Morosidad, se acordó otra vez lo que ya había decidido el mismo órgano en abril: regularizar la deuda con Caja España, ejecutar la hipoteca sobre la nave industrial y actuar contra los avalistas. Diez días después, el 26 de noviembre, se entregó al fin el expediente de MC Infortécnica SL a Cobralia.

En definitiva, la cúpula de Avalmadrid realizó el primer trámite para recobrar el dinero casi ocho meses después de que lo decidiese el Comité de Morosidad y siete meses después del primer pago a Caja España, pese a que la normativa interna de la entidad obligaba a judicializar el asunto en un máximo de 15 días desde esta última fecha.

¿Y qué ocurrió con las actuaciones judiciales? El proceso para embargar la nave de Sotillo de la Adrada se inició el 28 de enero de 2013 y le fue adjudicada a Avalmadrid en junio de 2018, según los documentos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro, en un procedimiento que tampoco se caracterizó precisamente por la celeridad: más de cinco años para ejecutar un embargo hipotecario. Tras la adjudicación, el Juzgado cifró en 261.973 euros la deuda pendientes entonces de saldar por parte de MC Infortécnica SL. Una cantidad que sigue creciendo mes a mes por los intereses de demora y que a día de hoy se sitúa en 270.000 euros.

  Cadena de 'errores'

Respecto a los ocho socios y avalistas de la compañía, sin embargo, Avalmadrid jamás emprendió actuación alguna. Como desveló infoLibre en esta información, se produjeron una cadena de presuntos errores y negligencias: primero, Avalmadrid no facilitó a Cobralia la documentación que necesitaba para poner en marcha el proceso; luego se entregó el título que permitía actuar contra los avalistas morosos en el Juzgado equivocado y nadie pareció percatarse del error durante dos años; y, finalmente, cuando Cobralia pidió en 2015 instrucciones sobre cómo proceder contras los accionistas de MC Infortécnica SL no recibió respuesta por parte de Avalmadrid. Y cuatro años y medio después, sigue sin contestar.

Avalmadrid permitió operaciones de alzamiento de bienes a los ocho avalistas del préstamo del 'caso Ayuso'

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El resultado es que la entidad de capital mixto lleva más de siete años incumpliendo el acuerdo del Comité de Morosidad de embargar los bienes de los socios de MC Infortécnica. Una pasividad que se inició cuando al mando de Avalmadrid estaban Santos-Suárez y Fernández-Rubiés, pero tampoco ha hecho nada la actual presidenta ni antes ni después de que se publicasen las primeras noticias sobre el asunto hace ya más de dos meses. Rosario Rey García es presidenta de Avalmadrid desde octubre de 2015 y mantiene una política de absoluta opacidad. Este periódico le ha planteado decenas de preguntas sobre el caso Ayuso, sin obtener ni una sola respuesta.

[Puedes leer aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].