Ayuso ofrece cuatro millones a la empresa que le permita controlar los hospitales privatizados de la era Aguirre
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca apoyo externo para controlar el funcionamiento de los hospitales levantados en la era Aguirre bajo diferentes modelos de concesión. El Ejecutivo madrileño acaba de poner sobre la mesa un contrato millonario para que una empresa privada asista durante los próximos años a la Administración regional en la monitorización de la prestación de servicios no sanitarios, la elaboración de pliegos o la supervisión del procedimiento de facturación y realización de la "liquidación anual" de la actividad realizada en aquellos centros nacidos al calor del conocido como modelo Alzira. En concreto, la adjudicataria, cuyo nombre aún no se conoce, será un apoyo de la denominada Unidad Técnica de Control de la Consejería de Sanidad en las labores de vigilancia de once hospitales que bajo distintos modelos se distribuyen a lo largo y ancho de la comunidad.
El paso de Esperanza Aguirre por la Puerta del Sol supuso un cambio importante en la sanidad pública madrileña. Cuando llegó al Ejecutivo regional, la dirigente conservadora se encontró con una veintena de hospitales totalmente públicos. Poco tardó, sin embargo, en apostar por nuevos modelos. El nuevo Puerta de Hierro, Infanta Cristina, Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste y Tajo se levantaron bajo el PFI, iniciativa de financiación privada por la cual la concesionaria se encarga de construir la infraestructura y ponerla a disposición del sistema público a cambio de gestionar los servicios no clínicos. Y el Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Torrejón y Villalba se pusieron en marcha con un sistema PPP, donde la gestión sanitaria es también privada.
El contrato sacado a concurso por el Ejecutivo madrileño gira alrededor de todos estos centros, además de la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Gómez Ulla, que se sostienen sobre convenios especiales. La empresa adjudicataria deberá desarrollar "labores auxiliares" de respaldo a la Administración en la vigilancia sobre el funcionamiento de los hospitales de la era Aguirre. "Deberá realizar una asistencia técnica de apoyo en la supervisión de índole técnico-administrativa, económica-financiera y legal de todas las actividades que deben prestar las sociedades concesionarias de los hospitales concesionados", recoge el pliego de prescripciones técnicas. El presupuesto base de la licitación, que todavía no se ha resuelto –en julio finaliza el plazo para presentar ofertas–, se ha fijado en cuatro millones de euros, a distribuir hasta 2025.
La empresa que se lleve el gato al agua tendrá que reforzar la labor de la Unidad Técnica de Control en multitud de tareas. Así, deberá verificar "los informes" que la sociedad concesionaria tiene que emitir con carácter periódico, asesorar a la Administración sobre "auditorías", estudiar los estados financieros de las concesionarias cada medio año o supervisar el estado de la infraestructura y el estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones, así como la correcta prestación de servicios no sanitarios relacionadas con la misma –limpieza, lavandería, restauración o mantenimiento, entre otros–. Entre sus obligaciones, además, también destaca el análisis de "las situaciones económico-administrativas y jurídico-legales" de las sociedades concesionarias para comprobar que cumplen con todas las obligaciones contenidas en el contrato.
Supervisión de la facturación por actividad
No es la primera vez que el Gobierno regional se apoya en el sector privado para llevar a cabo estas labores de control. Ya lo hizo en 2011 y 2015, cayendo ambos encargos en manos de la consultora Hill International. Pero esta vez el presupuesto de licitación que pone sobre la mesa el Ejecutivo de Díaz Ayuso es mucho más elevado. E incluye entre las tareas del adjudicatario un aspecto que no se recogía en los viejos pliegos de prescripciones técnicas: la supervisión del procedimiento de facturación y la realización de la liquidación anual de la actividad realizada en la Jiménez Díaz, el Gómez Ulla y los cuatro centros modelo PPP: Rey Juan Carlos, Infanta Elena, Torrejón y Villalba. Dentro de esto se incluye, entre otras cuestiones, la actividad derivada de libre elección o la derivada de lista de espera quirúrgica
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Esta es una cuestión capital en la gestión sanitaria. La Cámara de Cuentas de Madrid desveló antes de que estallara la pandemia que la Administración autonómica tenía en 2018 una deuda de 722,3 millones de euros con esta media docena de hospitales. Y hace solo unos meses el diario El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el cierre de 2019 se había incrementado hasta los 944 millones de euros. "Las cantidades que se encuentran pendientes de liquidación no tienen la consideración de deuda al no estar determinada con carácter definitivo la cantidad a abonar", sostuvo en la Asamblea el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que recordó la existencia en algunos casos de discrepancias a la hora de determinar la actividad realizada para fijar las cantidades a pagar.
Más allá de las cuestiones relacionadas con los hospitales levantados al calor del modelo impulsado durante la era Aguirre, el apoyo técnico también incluye la "elaboración de pliegos, supervisión y control" de los "contratos gestionados de forma centralizada" en la Unidad Técnica de Control de la Administración madrileña. En este sentido, el pliego de prescripciones técnicas recoge como "contratos centralizados de servicios" la limpieza integral, la lavandería de ropa hospitalaria y la vigilancia y seguridad de los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y los de Atención Especializada adscritos al mismo.
Un conjunto de trabajos de todo tipo para los que el Ejecutivo regional pide la puesta en marcha de un equipo multidisciplinar. Así, quien se haga con el contrato deberá poner a disposición de la Administración al menos una quincena de profesionales de todas las disciplinas: ingenieros, arquitectos, titulados sanitarios, economistas, abogados o expertos en facturación y control documental.
