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La guerra entre el PP y el que fue primero su gerente y después su tesorero durante dos décadas, Luis Bárcenas, está lejos de concluir. Las amenazas que ha ido vertiendo el también exsenador en los medios de comunicación desde que su mujer, Rosalía Iglesias, entró en prisión para cumplir una condena de casi trece años por el caso Gürtel se han cumplido, en parte, este miércoles. Bárcenas ha enviado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se presta a colaborar para aportar más información sobre el sistema de contabilidad opaca que durante casi treinta años funcionó en el partido conservador y en el que señala al expresidente Mariano Rajoy como "perfecto conocedor" de ese movimiento de fondos en negro.
En líneas generales, el escrito de Bárcenas, de ocho páginas, parece no diferenciarse mucho de otras declaraciones que ya había prestado en sede judicial. Pero sí aporta un dato fundamental que puede servir para dar alas a la investigación que aún se mantiene viva en la Audiencia Nacional sobre la caja B del PP: reconoce que algunas donaciones de empresarios al partido fueron "finalistas", esto es, a cambio de la adjudicación de obras públicas. "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación", afirma.
Esto es lo que se intenta probar en la investigación que tiene abierta el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ahora dirige el magistrado Santiago Pedraz. Una donación al partido a cambio de una contraprestación en concepto de contrato público podría implicar delitos de cohecho y tráfico de influencias. Con sus afirmaciones sobre Rajoy, el extesorero estaría implicando al expresidente en esta supuesta trama, según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre. Habrá que ver las implicaciones que esto, más lo que pueda añadir Bárcenas tanto en el juicio por la reforma de la sede central del PP presuntamente con dinero negro que comienza el próximo lunes como en la instrucción de la pieza sobre las donaciones, pueda acabar acarreando para el exlíder conservador.
Bárcenas, de hecho, se muestra dispuesto a comparecer ante el juez Pedraz así como en otra causa judicial que afecta también al PP: la pieza 9 del caso Púnica, en la que se investiga la presunta financiación irregular del partido en Madridcaso Púnica, que instruye el Juzgado Central número 6 que dirige Manuel García Castellón y en el que están imputados exdirigentes como Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados. Será la Fiscalía Anticorrupción la que dará ahora traslado del escrito a los dos juzgados de la Audiencia Nacional correspondientes así como al tribunal que a partir del lunes comenzará a juzgar el supuesto pago en B de la reforma de la sede de Génova. En este juicio, de hecho, están previstas las declaraciones como testigos tanto de Rajoy como de otro expresidente del PP, José María Aznar.
Fuentes jurídicas indican que las revelaciones que pueda hacer el extesorero en sede judicial pueden suponer avances en las diferentes investigaciones abiertas, si bien se muestran cautos a la espera de lo que se pueda o no probar y de los indicios que pueda aportar Bárcenas, por lo que habrá que esperar a que se materialice esa "colaboración" que promete prestar.
¿Encubrimiento?
"De todas estas actuaciones era perfecto conocedor Don Mariano Rajoy, hasta el punto que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”, asegura el extesorero en su escrito.
Aparte de implicar a Rajoy en la caja B, Bárcenas le acusa de un posible delito de encubrimiento, aunque este ilícito requiere que el sospechoso no haya intervenido ni como autor ni como cómplice en el delito previo, que sería un posible cohecho o tráfico de influencias, según apuntan fuentes jurídicas. El cohecho, que tiene un plazo de prescripción de quince años, está penado en el Código Penal con entre tres y seis años de cárcel, mientras que el de tráfico de influencias prevé condenas de entre seis meses y dos años de prisión.
Otras fuentes consultadas apuntan a que si se demostrara el conocimiento de Rajoy de la contabilidad opaca del PP que manejaron Bárcenas y su antecesor Álvaro Lapuerta –ya fallecido–, podría caber la posibilidad de que se le pudiera imputar también el delito contra la Hacienda Pública del que está acusado el extesorero en el juicio que comienza el lunes por lo que se dejó de pagar al fisco por lo que se pagó en negro de la reforma de la sede del partido en el año 2007.
Amenaza con una grabación sobre Rajoy
Todo son escenarios que están pendientes de dilucidar en las próximas semanas. Para empezar, desde el entorno de Bárcenas aseguran que el extesorero tiene documentación para sustentar determinadas afirmaciones de su escrito. Además, revela que "existe una grabación en poder de una persona en la que Álvaro Lapuerta en una conversación grabada por esa persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy". Bárcenas asegura que dirá el nombre de la persona que dispone de esa grabación "oportunamente por razones de oportunidad procesal".
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Esas entregas en metálico son los famosos sobresueldos que el extesorero ya declaró que se pagaban a dirigentes del partido y que procedían de la caja fuerte que tenía en su despacho. Unos "complementos salariales" que, según afirma, recibieron, en sobres y por orden de Lapuerta, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García-Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo.
El extesorero del PP ya venía amenazando con tirar de la manta desde hace unas semanas. Según dice él, "la paz" que había pactado con el que fue su partido y que le había llevado a guardar silencio después de su explosiva declaración judicial de julio de 2013 –en la que habló de las donaciones, la contabilidad B, los sobresueldos, etc.– ante el juez Pablo Ruz, no puede continuar a raíz de la entrada en prisión de su mujer y de las revelaciones de la operación Kitchen, una de las piezas del caso Villarejo en la que se investiga el supuesto operativo policial sin control judicial y financiado con fondos reservados que se puso en marcha en ese mismo año 2013 para robar y destruir pruebas de esa financiación ilegal que se habría podido llevar Bárcenas cuando fue despedido. Por esta investigación está imputada la cúpula del Ministerio del Interior cúpula del Ministerio del Interioren el primer Gobierno de Rajoy y comisarios y altos mandos policiales de aquellos años.
"Si me hubiera podido quedar ánimo de guardar silencio por lo que alguien podría llegar a entender como una lealtad mal entendida, lo cierto es que me ha resultado desalentador el conocimiento de los hechos que están siendo instruidos en el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, en concreto en la operación Kitchenoperación Kitchen, que revelan el montaje de seguimientos y vigilancias ilegales e incluso, con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces Gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales”, explica Bárcenas, que afirma que este operativo parapolicial le robó "pendrives y documentación sensible" que tenía escondido en el estudio de restauración de su esposa.
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