El BBVA gestiona el plan de pensiones privado de diputados y senadores

Los fondos privados de pensiones no son exclusivos del Parlamento Europeo. También los hay en España, en el Congreso y en el Senado. Pero a partir de ahí las diferencias son notables. En Bruselas, se creó en 1994 un fondo voluntario de pensiones vehiculado a través de una sicav radicada en Luxemburgo, de la que era dueña una asociación sin ánimo de lucro de eurodiputados. La Eurocámara inyectó en ese fondo 95 millones de euros entre 2000 y 2009. En Madrid, fueron las Cortes Generales las que aprobaron un plan de previsión social que sacaron a concurso público y que, en junio de 2007 fue adjudicado a BBVA. Las dos Cámaras aportaron unos 2,5 millones de euros por cada año en que desembolsó dinero, hasta enero de 2012. En total, unos 12 millones.

infoLibre destapó el martes que un grupo de eurodiputados de distintos partidos y de varios países se adhirieron a un fondo de pensiones articulado a través de una sociedad de inversión de capital variable con sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal de facto, donde la tributación de estos instrumentos financieros es aún más baja que en España (1%), un 0,01%. El Parlamento Europeo puso dos de cada tres euros que salían del bolsillo de los futuros pensionistas, un 68,53% en concreto. Más de cien eurodiputados españoles integraron o han integrado la asociación propietaria de la sicav. En 2009, cuando entró en vigor el estatuto de los eurodiputados –que supuso que tanto sus salarios como sus prestaciones sociales (también las pensiones) pasaron a ser asumidos por las instituciones europeas–, el Europarlamento dejó de hacer aportaciones y cerró el fondo a nuevos suscriptores. 

En España, las Mesas del Congreso y el Senado, en una reunión conjunta el 11 de julio de 2006, aprobaron el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas. Era la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y las Cámaras las presidían Manuel Marín y Javier Rojo, respectivamente. En el artículo 16 del texto, se consignaba que las Cortes Generales, "con cargo a su Presupuesto y para todos los diputados y senadores durante su mandato, abonarán a un plan de previsión social la cantidad correspondiente al diez por ciento de la asignación constitucional". La asignación constitucional es el sueldo base de todos los parlamentarios, que en aquellos momentos rondaba los 3.000 euros brutos al mes, por 14 pagas. 

Una rentabilidad que ronda el 1,4%

Unos meses más tarde, el 26 de marzo de 2007, las Mesas de las dos Cámaras, en una reunión conjunta, aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, con los que sacaban a concurso público la adjudicación del plan de previsión social empresarial para los parlamentarios. El presupuesto para 2007 era el siguiente: para los 350 diputados, 1.480.188,28 euros; para los 259 senadores de la época (el número de estos va cambiando según la evolución demográfica de las comunidades, en 2014 hay 266), 1.095.350,58 euros. Total, 2.575.538,86 euros. Las cifras correspondían al 10% de la asignación constitucional, y ya se advertía en la licitación que podían ir variando según creciese o menguase el sueldo base. El contrato tendría carácter "indefinido".

Según las normas del concurso, se ponderaría un 30% la oferta económica, otro 30% la propuesta técnica y otro 30% la "política y estrategia de inversión aplicable al plan". Un 5% pesarían los "sistemas de control independiente y calidad" y otro 5% las mejoras que las compañías ofreciesen. El pliego indicaba que el Congreso y el Senado abonarían mensualmente la cuantía equivalente al 10% de la asignación constitucional, sin perjuicio de que cada parlamentario pudiera realizar aportaciones voluntarias por su cuenta. Los asegurados no podrían retirar su dinero hasta su jubilación. El nombre, plan de previsión social empresarial, servía de paraguas para tres productos en uno: seguro de accidentes y de vida y plan de pensiones. Privado, por supuesto.   

A la puja acudieron diez aseguradoras. Entre ellas, Vidacaixa (filial de La Caixa), Allianz, Axa, Aseval, Catalana Occidente... y BBVA Seguros. Al final, el 18 de junio de 2007, los órganos de gobierno de Congreso y Senado adjudicaron el contrato a esta última compañía, la del banco de Francisco González. La rentabilidad ofrecida por el BBVA era "muy baja", a juicio de varios diputados de distintos partidos consultados por infoLibre. En los últimos años, el interés ha oscilado entre el 1,4% y el 1,8%. Como explicaba ayer un miembro de la Mesa, lo que se pretendía era dotar a los parlamentarios de un producto "poco arriesgado, poco especulativo". "Es un fondo de pensiones, y no puede ser una sicav. Era salario en especie que, en su momento, se estableció para compensar la falta de incrementos públicos", añadía un diputado. Como cualquier otro plan pagado por una empresa para sus trabajadores. 

Los diputados de Izquierda Plural y ERC renuncian

En 2008, en los albores de la crisis, Congreso y Senado congelaron los sueldos de sus parlamentarios para el año siguiente. En 2010, tras el primer tijeretazo de Zapatero, las dos Cámaras recortaron los salarios un 10%, de modo que la asignación constitucional quedó fijada en 2.813,87 euros brutos (a multiplicar por 14 pagas). Una cantidad que se ha mantenido invariable hasta hoy, 2014. Ello implica que lo que ponían las Cortes por cada parlamentario eran unos 281 euros al mes. 

Esta legislatura comenzó con polémica respecto a los planes de pensiones. Cayo Lara y Alberto Garzón, al rellenar los formularios que les pusieron por delante como parlamentarios electos, se encontraron con la póliza que gestionaba el BBVA. Preguntaron qué era eso y los funcionarios se lo explicaron. Ambos renunciaron. Y con ellos, los demás parlamentarios de su grupo, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y diputados de ERC, UPyD y BNG. Según decían los servicios de la Cámara en aquel momento, diciembre de 2011, hasta entonces no se había producido ningún rechazo la póliza. Lara dijo que no estaba contra los planes privados de pensiones, pero sí en contra de los "privilegios" de los representantes públicos. Gaspar Llamazares, que sí había firmado el seguro en las legislaturas anteriores, renunció a él a partir de 2011. 

Los parlamentarios pueden seguir poniendo recursos

El 25 de enero de 2011, las Mesas de Congreso y Senado acordaron suspender la aportación de las Cortes a los planes de pensiones de los parlamentarios. Ello suponía un ahorro anual de 2,4 millones (teniendo en cuenta el recorte de salarios, y por tanto de la asignación constitucional, aprobada en 2010). También se paralizaron las aportaciones de las Cámaras a los planes de pensiones de los en torno a 800 funcionarios, suscrito con Bankia. Las Cortes explicaron que ese recorte de derechos se tomó "en la línea fijada por el Gobierno", tras aprobar sus primeros tijeretazos. 

La suspensión, según rubricaban ayer fuentes oficiales del Congreso, aún se mantiene. Pero ello no quiere decir que no exista el fondo. Los diputados y senadores pueden poner dinero de su bolsillo si quieren, e incluso llevarse su póliza a otra aseguradora que les ofrezca más rentabilidad. Entre los diputados consultados ayer por este diario, había de todo: los que no habían desembolsado ni un euro y los que habían decidido hacer aportaciones, en cuyo caso pueden desgravarse fiscalmente. Todos ellos podrán rescatar su dinero cuando se jubilen. 

Entretanto, el BBVA sigue mandando trimestralmente informes a los parlamentarios. Para advertirles de la evolución del fondo. Pero ni palabra, dicen todos los consultados, de cómo el banco gestiona ese dinero.