Bienvenido míster Al Thani: España agasaja a cambio de gas a un país que suspende en derechos humanos

La visita a España del emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, ha conllevado un recibimiento sin precedentes por parte del Gobierno y La Zarzuela por el importante trasfondo económico que la acompaña. En primer lugar por las inversiones anunciadas (más de 5.000 millones dólares) y también por el suministro del gas procedente del país árabe, en un contexto de crisis energética generalizada por la guerra en Ucrania. En los dos días que ha permanecido en España el emir catarí ha recibido medallas de honor del Congreso y del Senado, la llave de oro de la ciudad de Madrid y la concesión del collar de la Orden de Isabel la Católica.

Se trata de la primera visita oficial de Al Thani a España desde que en 2013 sucedió a su padre tras su abdicación. El soberano catarí ha viajado acompañado de una de las tres esposas que tiene, la jequesa Jawaher bint Hamad bin Suhaim al Thani. Según las leyes cataríes, los hombres pueden estar casados hasta con cuatro mujeres al mismo tiempo sin necesidad del permiso de su otras esposas. La delegación también ha incluido al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, al ministro de Finanzas, al de Industria y Comercio y al ministro de Estado para Asuntos Energéticos.

"Catar confía en España porque la economía española es robusta", celebró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Catar se está abriendo al mundo y España quiere participar de esta apertura", señaló el jefe del Ejecutivo durante la inauguración de un foro empresarial organizado por la CEOE junto al país árabe. El fondo soberano del país es el primer accionista de Iberdrola, por lo que la compañía es uno de los grandes nexos del país árabe con España.

Las relaciones estratégicas entre ambos países datan de hace casi tres décadas y los intercambios comerciales superan los 1.000 millones anuales. La exportación española por sectores está muy diversificada. Los principales capítulos en 2021 según peso en la exportación fueron: máquinas y aparatos mecánicos (15%), prendas de vestir de punto, por la importante presencia de Inditex, Cortefiel y Mango (15%), muebles, sillas y lámparas (7%) y aparatos y material eléctricos (6%).

El emirato también se ha convertido en un socio codiciado por su producción de gas, en un momento en que la UE está buscando fuentes de suministro alternativas. Actualmente Catar es el quinto proveedor de gas natural de España, por detrás de Estados Unidos, Argelia, Nigeria y Egipto, con un 4,4% del total en abril, según datos de Enagás, y su cuarto cliente tras Italia, Bélgica y Polonia, según datos de Eurostat. Esto supone el 82% de las exportaciones, siendo prácticamente el 18% restante derivados del petróleo, como manufacturas plásticas y productos químicos orgánicos e inorgánicos.

Las muertes e irregularidades en la Copa Mundial de fútbol

Sánchez mencionó la Copa Mundial de fútbol, que se celebra en noviembre de este año: "Tenemos el deseo de que sea un éxito", manifestó. Se trata del trofeo más preciado para el país y uno de los objetos de crítica de organismos internacionales, tanto por la falta de derechos humanos que existe en el país, como por las condiciones de su adjudicación, objeto de tres investigaciones judiciales por corrupción en Suiza, Estados Unidos y Francia. De hecho, la concesión, con sospechas fundadas de sobornos y corrupciones, costó el puesto al presidente de la FIFA, Michel Platini.

Una investigación llevada a cabo por el diario The Guardian desveló que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka fallecieron en Catar desde que comenzaron las obras. Según las Naciones Unidas, de los casi 3 millones de habitantes que viven en Catar, el 80% son inmigrantes procedentes de estos países, apenas 200.000 personas tienen nacionalidad catarí. La organización Amnistía Internacional comprobó numerosos certificados de defunción de trabajadores migrantes que tenían entre 30 y 40 años. Todos se limitaban a atribuir la causa de las muertes a “causas naturales” o “insuficiencia cardiaca” sin precisar nada más.

Sin embargo las autoridades de Catar apenas reconocen unas pocas muertes provocadas por las duras condiciones laborales. "Una negativa que resulta particularmente obscena si tenemos en cuenta que Catar es uno de los países con la renta per cápita más alta del mundo, y que precisamente los fallecidos emigraron ahí en su mayoría para poder enviar alguna ayuda económica a sus familias en lugares como Bangladesh, India, Nepal o Kenia", denuncia Amnistía. A esto se le suma que la población trabajadora migrante tiene prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos.

En octubre de 2019 el emir de Catar anunció la abolición de la kafala (la legislación laboral basada en el patrocinio), que impedía a los trabajadores cambiar de empleo o salir del país sin el permiso de sus empleadores y anunció la aprobación de un nuevo salario mínimo (equivalente a sólo 1,19 euros la hora). Desde Amnistía Internacional aseguran que con la organización del mundial han resurgido las viejas prácticas abusivas. "La aparente autocomplacencia de las autoridades está dejando a miles de trabajadores y trabajadoras constantemente expuestos a la explotación de empleadores sin escrúpulos, a lo que se suma la imposibilidad de cambiar de trabajo y la retención de salarios en numerosas ocasiones", valoran.

Pese a las críticas suscitadas por algunos partidos como Unidas Podemos o Más Madrid, la televisión pública española alcanzó recientemente un acuerdo con Mediapro para la emisión en abierto del Mundial. Un hecho que contrasta con lo que sucedió hace tres años, cuando TVE no emitió la Supercopa de España de fútbol, por celebrarse en Arabia Saudí, país con un régimen similar a Catar. La compra de derechos supone a TVE un gasto de alrededor de 35 millones de euros –cifra no oficial–, pero con la actual legislación el ente público no puede emitir publicidad, por lo que solo tendrá a su disposición para compensar el gasto los patrocinios.

Una monarquía casi absolutista que discrimina a mujeres y al colectivo LGTBI

Catar es un emirato nacido tras la proclamación de la independencia del Reino Unido en 1971. La monarquía es hereditaria de padres a hijos varones entre los miembros de la familia Al Thani. El pasado año se celebraron por primera vez elecciones generales para la Asamblea Consultiva. El emir ratificó una ley que abría camino para la elección de 30 de los 45 miembros de la Asamblea. No obstante, basándose en legislación discriminatoria sobre la nacionalidad, la norma impedía votar o presentarse a las elecciones a la población catarí cuyos abuelos no hubieran nacido en Catar. Las elecciones se celebraron el 2 de octubre, y no se eligió en ellas a ninguna mujer.

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La legislación catarí es profundamente restrictiva con la libertad de expresión y también con los derechos de las personas LGTBI. El Código Penal tipifica las relaciones homosexuales entre hombres como un delito punible con hasta siete años de prisión. Su artículo 296 especifica los delitos de “conducir, instigar o seducir a un varón de cualquier manera para que cometa sodomía o disipación” e “inducir o seducir a un varón o a una mujer de cualquier manera para que cometa acciones ilegales o inmorales”.

La discriminación contra las mujeres es otra de las denuncias frecuentes en Catar, pues la legislación establece que no tienen autoridad para tomar decisiones independientes respecto de los documentos, finanzas, viajes de sus hijos y a veces ni siquiera respecto de su escolaridad y tratamiento médico. Debido a la discriminación en las leyes relativas al divorcio y a las decisiones respecto de hijos e hijas, algunas mujeres han quedado atrapadas en relaciones abusivas, y a menudo esperan años para obtener el divorcio, tal y como denuncia Human Rights Watch.

La organización concluye que las mujeres cataríes no casadas menores de 25 deben obtener permiso del tutor para viajar al extranjero, y que, a cualquier edad, sus esposos o padres también pueden prohibirles viajar. Sus análisis se basan en un examen de 27 leyes, así como de regulaciones, políticas, formularios, comunicaciones por escrito con el Gobierno y 73 entrevistas, entre ellas, 50 entrevistas a fondo con mujeres afectadas por este sistema.