El Canal pide para Ignacio González la misma pena que para los otros acusados pese a que se embolsó el doble en comisiones

El Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña que ejerce una de las acusaciones particulares como perjudicada en el caso Lezo, acaba de pedir para Ignacio González la misma pena que para los otros cinco principales implicados en la ruinosa compra de la compañía brasileña Emissao. Pide iguales condenas pese a que fue el expresidente madrileño quien en todo momento tuvo el mando y quien, según las investigaciones, se reservó para sí el doble de dinero cobrado en mordidas. Tras el auto dictado por el juez Manuel García Castellón el pasado 18 de noviembre, el caso está ya en la recta final hacia el juicio que sentará en el banquillo al antiguo delfín y luego sucesor de Esperanza Aguirre así como a otras seis personas.

La investigación ha concluido que fue Ignacio González quien entre 2012 y 2014 dirigió aquella operación ilegal de compra de Emissao, que le costó al erario madrileño 31 millones de dólares, una cifra superior entre nueve y 13 millones de dólares a la que distintos informes señalaban como la admisible. Y fue él quien, al ordenar cómo debían repartirse las comisiones, se embolsó el doble (1,8 millones de dólares) que cada uno de sus cuatro principales colaboradores.

Tres de ellos y el empresario que vendió Emissao al Canal acabaron por confesar, lo que permitió cerrar el círculo. Pero las penas que solicita el Canal los equipara a González, que durante casi una década tuvo su feudo en la empresa de aguas, buque insignia del conglomerado público de la Comunidad de Madrid y quien en todo momento ha proclamado su absoluta inocencia. Para todos ellos, la acusación que ejerce la empresa pública solicita en su escrito de conclusiones once años de cárcel: ocho por malversación, que es el máximo previsto por el Código Penal para quien desvía dinero de la Administración; y otros tres por fraude a la Administración, delito susceptible de ser castigado con hasta seis años de reclusión y que consiste en concertarse con un tercero para favorecerle con contratos públicos. Exactamente las mismas condenas solicita el Canal para el antiguo dueño de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien terminó por detallar ante el juez cómo transfirió desde Suiza las mordidas: "corretagem", dijo en portugués. En total, 5,8 millones de dólares que fluyeron desde Suiza hacia Panamá y la República Dominicana.

Solo para la séptima acusada, María Fernanda Richmond, que era directora financiera del Canal y que no recibió comisiones, se reclama en este escrito una pena inferior: dos años por fraude y siete por malversación.

El Canal coincide con el juez de la Audiencia instructor del caso, Manuel García Castellón, en que González, que durante casi una década dirigió la empresa de aguas, fue quien ejerció la "permanente supervisión y vigilancia" de aquella operación ilegal cuyo punto álgido se sitúa en noviembre de 2013. La adquisición del 75% de la mercantil brasileña se hizo ese mes por 31 millones de dólares.

A finales de 2012, el hasta entonces propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, había ofrecido el 80% de la empresa por 23,7 millones de dólares. Y ya en enero de 2013, los técnicos de la gran filial hispanoamericana del Canal, la colombiana Inassa, habían cuantificado en 19,09 millones de dólares el valor de aquel 80%. En resumen, cuando en noviembre de 2013 el buque insignia de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid se hizo con el 75% de Emissao debería haber pagado –y así lo recalca el Canal en su escrito de conclusiones– "una cantidad comprendida entre 22.231.005 dólares y 17.901.245 dólares". 

Una confesión que actuó como acelerante

No fue así. Al Canal aquella compra le costó los 31 millones arriba mencionados. Pero esa cifra, y ahí radica la clave del caso, incluía el importe de "las ilícitas comisiones que se iba a repartir": 5,8 millones de dólares que Sebastiao Cristovan transfirió desde Suiza a González y los suyos. ¿Quienes formaban este equipo delictivo? Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II que operaba como su cabeza de puente en América; los directivos locales de Inassa Diego García Arias y Ramón Navarro Pereira; y el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. Todos ellos, salvo Moro, le acabaron contando a los investigadores los detalles del asunto. E hicieron algo más que, salvo terremoto, se acabará traduciendo en la presumible solicitud de atenuantes por parte de otras acusaciones, entre ellas la de la Fiscalía cuando presente su escrito.

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Ese algo más lo constituye la devolución del dinero, algo que los juristas suelen denominar como reparación del daño. Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, Rodríguez Sobrino devolvió el dinero. Según un informe de la Guardia Civil esencial para la acusación, "el hecho de que devolviese 2,7 millones de dólares implicaría que, en esas fechas, aún gestionaba 1,8 millones de dólares que le corresponderían a Ignacio González".

Fechado el 4 de noviembre de 2019, ese mismo informe narra también cómo Ramón Navarro y Diego García "depositaron cheques en la Audiencia Nacional para devolver parte de los fondos desviados, aunque finalmente no han podido ser compensados y han sido devueltos a sus representaciones procesales para que materialicen la devolución de los fondos por otro canal".

Diego García Arias aparece en la causa como un arrepentido de gran relevancia: fue el primero que ante los fiscales Anticorrupción que se desplazaron a Colombia en 2017 ofreció una cascada de datos que luego confirmó Ramón Navarro. La declaración del primero de los dos directivos colombianos actuó como el gran acelerante que inflamó de manera definitiva un caso donde la compra de Emissao constituye una de las dos vertientes principales junto con la de los desmanes del campo de golf del Canal con que la familia González dio un auténtico pelotazo. Ambas facetas amenazan a Ignacio González con devolverlo a la cárcel, donde en 2017 ya permaneció seis meses como preso preventivo tras el estallido de la Operación Lezo.