Del 'caso ERE' a Artur Mas, cuando los jueces evitan (a diferencia de Peinado) ser protagonistas en campaña

A menos de una semana para la cita con las urnas del 9J, una decisión judicial ha hecho saltar por los aires la recta final de la campaña. La resolución, de apenas tres páginas, lleva la firma del magistrado Juan Carlos Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid. Y ordena, con un mes de antelación, la citación como investigada de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. El instructor defiende la necesidad de "una instrucción lo más ágil posible". Pero en el Ejecutivo no ven más que un "burdo" intento judicial por interferir en el proceso. Algo en lo que han insistido sus propios ministros: "La decisión tomada en estos momentos es evidente que solo se puede interpretar en clave electoral".

La justicia, por lo general, suele apañárselas para evitar que las causas con mayor impacto político interfieran en época electoral. No está establecido en ninguna ley, se trata de una regla no escrita. Lo sabe el presidente del Gobierno, que lo recordó en su segunda "carta a la ciudadanía". Y también los jueces y abogados. "Hay que intentar ser lo más neutrales, tratar de no interferir en procesos judiciales o en las inmediateces de contiendas electorales", señalaba este miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. "[El auto] rompe, dicho sea con el mayor de los respetos, el uso de la Audiencia Nacional de evitar interferencias en estos periodos [electorales]", criticaba el colectivo de letrados Adade cuando el magistrado Manuel García-Castellón sacó a Cristina Cifuentes de Púnica en plena campaña de las madrileñas del 4M.

Es cierto que en algunas ocasiones los jueces se apartan, como acaba de hacer Peinado, de esa regla de neutralidad. Es lo que ocurrió con el caso del secuestro de una exconcejala del PSOE en la localidad granadina de Maracena, donde el instructor puso en la picota a varios dirigentes socialistas y dio munición a la derecha en plena campaña para las autonómicas del 28M –un caso que, al final, se ha venido abajo–. O con los autos, escritos o tomas de declaración en relación con los ERE que marcaron campañas electorales en Andalucía. O con el inicio a las puertas de los comicios madrileños del 4M del caso Niñera, un asunto que terminó archivado y que se centró en el supuesto uso de una empleada de Podemos como cuidadora de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias.

De Otegi al juicio por la arquitectura del 1-O

Pero a pesar de todas estas excepciones, lo cierto es que los jueces y magistrados tienden a dar un frenazo a las causas más políticas en periodos electorales. Así lo ha hecho el Supremo en repetidas ocasiones. El Alto Tribunal, por ejemplo, no dio a conocer el sentido de su sentencia definitiva sobre el caso ERE –así como el contenido íntegro de la resolución– hasta que pasaron los últimos comicios autonómicos en Andalucía. Igual que tampoco hizo pública la condena al exconseller y exdiputado regional del PP Rafael Blasco por el caso Cooperación hasta después de las municipales de 2015. O aplazó en 2007 su decisión sobre Arnaldo Otegi, que había sido condenado por haber participado en el homenaje a un etarra, para no interferir en periodo electoral.

Del uso de esta norma no escrita hay también numerosos casos si se desciende en la pirámide judicial. A finales de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió investigar al entonces president de la Generalitat, Artur Mas, por organizar la consulta del 9N pese a que la misma había sido prohibida por el Constitucional. Desde entonces, el instructor de la causa, Joan Manel Abril, practicó algunas diligencias de investigación. Sin embargo, Mas no fue citado a declarar como investigado hasta después de las catalanas del 27S. El juez, según dejó escrito en uno de sus autos, consideró que por la "indudable repercusión política y mediática de la querella" la declaración no podía tener lugar durante la campaña "en aras a no intervenir en el proceso" electoral.

Eso ha sido también lo que llevó recientemente al TSJC a retrasar el inicio del juicio por la arquitectura del 1-O. El tribunal, a finales del año pasado, había situado el comienzo de la vista oral contra Josep María Jové, Lluís Salvadó y la consellera Natália Garriga para el 10 de abril. Pero tras eso llegó la convocatoria electoral en Cataluña. Y el TSJC decidió aplazarlo para evitar "interferencias" con los comicios. "El aplazamiento realiza un fin legítimo, cual es la evitación de toda interferencia o aprovechamiento del mismo durante el desarrollo de la campaña electoral", sostuvieron los magistrados en su auto, en el que recordaban que tanto dos de los acusados, que forman parte de ERC, como la acusación popular, que ejerce Vox, tenían intereses en las autonómicas.

El 'caso Faffe' o 'Eivissa'

No es extraño un movimiento de este tipo para evitar que un juicio se cruce con unos comicios. Lo ha hecho hasta Mercedes Alaya, a la que se ha acusado una y otra vez de marcar con sus decisiones en la instrucción de los ERE campañas electorales en suelo andaluz. Fue en el caso Faffe, centrado en los supuestos pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. La magistrada fijó el inicio del juicio con jurado popular la semana previa a las últimas municipales y autonómicas. Pero las defensas de los dos acusados pidieron su aplazamiento para evitar que se usara como "arma política". Y Alaya lo movió a después del 28M.

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Pero no solo se han cambiado juicios. También se han paralizado instrucciones. Ocurrió, por ejemplo, en 2008 en el marco del llamado caso Eivissa Centre, en el que se investigaba a la cúpula del PSOE de Ibiza por un supuesto cobro de comisiones –un asunto que acabó archivado–. El juez instructor decidió aplazar las declaraciones de algunos testigos hasta después de las elecciones generales tras un escrito de uno de los investigados en el procedimiento en el que avisaba que la "tramitación" de la causa podía "interferir" en el proceso electoral.

Habitual en el Tribunal Constitucional

También el Tribunal Constitucional tiene la costumbre de guardar en un cajón los asuntos más políticos que tiene entre manos cuando los españoles son llamados a las urnas. Esta semana, sin ir más lejos, el presidente del máximo intérprete de la Ley Fundamental, Cándido Conde-Pumpido, decidió sacar del orden del día del Pleno el debate relativo al recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la reforma de la Ley del Aborto. "Este asunto será deliberado y resuelto pasadas las elecciones europeas del domingo", señalaron desde el órgano.

Lo mismo hizo con los recursos de amparo de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras su condena en el caso ERE –no se pronunció sobre su admisión a trámite hasta pasados los comicios del 28M–. O con todos esos expedientes de gran calado que tenía sobre la mesa antes de las generales del 23J: desde la reforma que limitó las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando su mandato estuviera caducado hasta la ley rider o la retirada del escaño al exdiputado de Podermos Alberto Rodríguez. Tras el adelanto electoral, y con la intención de no influir en la campaña, el Constitucional dejó todos estos asuntos de lado y se centró en aquellos que tenían una menor relevancia política y social.