La tesis que impera desde hace décadas en la derecha española y que el Partido Popular repite de manera recurrente es que la izquierda quiere convertir a España en Venezuela. La demonización del país latinoamericano se remonta a tiempo atrás y tuvo su punto culmen tras la aparición de Podemos en el año 2014, al que llegaron a atribuir vínculos con el chavismo de sus finanzas como organización que nunca se pudieron demostrar. Ahora, ante las sospechas de una victoria fraudulenta de Nicolás Maduro en las últimas elecciones celebradas en julio, y después de que la autoridad electoral (CNE) no haya mostrado las actas desglosadas por cada mesa electoral, el PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire al embajador español en Caracas, instigando así que comience una escalada diplomática con el país.
Como parte de esa estrategia la formación de Alberto Núñez Feijóo logró aprobar la pasada semana una resolución en el Congreso para reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, el rival de Maduro en las elecciones. Tras la negativa del Gobierno, que al igual que el resto de países de la Unión Europea se ha negado a reconocer la victoria de Maduro pero tampoco se la ha concedido automáticamente a la oposición, el propio líder del PP calificó de "vergonzosa" la "larga connivencia" del Gobierno con el chavismo. Sin embargo, curiosamente, la formación conservadora no ha hecho ni un amago de crítica a Repsol, la única empresa ibérica con permiso para comprar combustibles a PDVSA, que se reunió recientemente con la vicepresidenta Delcy Rodríguez para garantizar el suministro. Ya en su momento el expresidente José María Aznar cuidó la relación con el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, por los intereses petrolíferos en la región.
Con todo, la importancia que el PP —y la derecha mediática— le atribuye a Venezuela por la "represión" de la "dictadura de Maduro" contrasta con el silencio que mantienen con otros países donde la situación de los derechos humanos es más alarmante, superando al país latinoamericano. Según el Informe sobre la Democracia 2023 de V-Dem que cada año coordina la Universidad de Gotemburgo (Suecia), hay países como Azerbaiyán, Guinea Ecuatorial, Arabia Saudí o China que se sitúan por debajo de Venezuela en el ranking y con los que los sucesivos Gobiernos del PP no han tenido problema alguno en afianzar relaciones diplomáticas y comerciales. En el informe examinan tanto la celebración de elecciones libres y justas como la libertad de asociación y la libertad de expresión y trata de medir los límites impuestos a los gobiernos en dos aspectos: la protección de las libertades individuales y los controles y equilibrios entre instituciones.
Durante los mandatos de Mariano Rajoy y José María Aznar en La Moncloa España mantuvo buenas relaciones con países como Marruecos, Argelia, Guinea Ecuatorial, las monarquías del Golfo Pérsico, Cuba, Irán, Rusia, China, Uzbekistán o Azerbaiyán, entre otros. Y no solo eso, sino que los ministros de Exteriores de ambos presumieron de ello, cerrando los ojos ante las inexistentes libertades que ahogan a millones de personas. A diferencia del caso venezolano, esa falta de derechos y esas sospechas —o certezas— de ser un régimen no democrático no tenían que desembocar en una crisis diplomática.
Las monarquías autócratas del Golfo Pérsico
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omán, Kuwait, Catar y Bahréin. Ninguno de los países del llamado Golfo Pérsico es democrático y eso no ha impedido a los mandatarios españoles del Gobierno —tanto del PP como del PSOE— ni, especialmente, a la Casa Real mantener una relación cercana con estos países. Prueba de ellos es que el rey emérito Juan Carlos reside en Emiratos desde agosto de 2020. El país suele aceptar de buena gana a exiliados de otros países que desean poner pies en polvorosa y a grandes fortunas que quieren poner a resguardo su dinero en tiempos de inestabilidad política. Con solo una condición: no hablar de la situación del país. Al igual que el resto de países de su entorno, es sistemáticamente criticado por las asociaciones internacionales de defensa de los derechos humanos por la represión política, las desigualdades y el pésimo trato a las minorías, así como a las mujeres.
En el caso del Partido Popular, tanto Aznar como Rajoy han recibido en Moncloa a líderes como Mohamed bin Salmán, el príncipe heredero de Arabia Saudí, con el que el primero se reunió en el año 2018 con el objetivo de firmar varios acuerdos sobre defensa, transporte aéreo o en el ámbito cultural y científico, según la versión oficial. Sin embargo, poco después se supo que entre esos acuerdos estaba el contrato de compra de cinco corbetas del astillero público Navantia que el Gobierno español, con implicación directa de la Familia Real, venía persiguiendo desde tiempo atrás. Un caso que generó polémica por la conveniencia de fabricar armamento para la monarquía saudí, pero que el PP acabó por zanjar rápidamente.
Marruecos, Argelia y Guinea Ecuatorial
"De verdad, un viaje muy, muy bueno". Con esas palabras el monarca español, Felipe VI, valoró en julio de 2014 el viaje a Marruecos, en el que estuvo acompañado por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y por su director general de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Eguidazu Palacios, entre otros. Las dos monarquías siempre han mantenido muy buenas relaciones: el rey marroquí, Mohamed VI, envió en octubre de 2015 un mensaje a su homólogo español mostrando su "orgullo por los vínculos de sólida amistad y respeto mutuo". En esos dos años se firmó un programa al que se destinaron 150 millones de euros para "reforzar los ya intensos vínculos comerciales". Según el informe de V-Dem Marruecos es una autocracia cerrada ya que la forma de gobierno en Marruecos es la monarquía constitucional, pero es el rey Mohamed VI el que hace las veces de presidente.
El citado informe también se hace eco de casos como el de Argelia, que en las décadas de 1980 y 1990 se liberalizaron y empezaron a celebrar elecciones multipartidistas, pero que finalmente se acabaron convirtiendo en autocracias electorales. Durante la crisis sobre el Sáhara Occidental con Marruecos, el actual vicesecretario de relaciones internacionales, Esteban González Pons, criticó que Sánchez se hubiera ganado la "enemistad de Argelia sin ganarse la amistad de Marruecos" y defendió hacer negocios con el país africano, el principal suministrador de gas natural de España. Unas relaciones bilaterales cultivadas por los mandatarios del PP a los que no frenó el hecho de que Amnistía Internacional denuncie restricciones de libertad de expresión, asociación y reunión contra activistas y periodistas, además de la impunidad de torturadores de la década de los 90.
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En el caso de Guinea Ecuatorial muy sonadas fueron también las polémicas relaciones de España con el dictador del país, Teodoro Obiang. Fue invitado en el año 2014 por el Instituto Cervantes y la UNED para que impartiera unas conferencias en Bruselas, mientras que unos meses más tarde, en junio, mantuvo una reunión en su país con el propio Mariano Rajoy. La clave de esta amistad también es comercial, por la importancia del sector de hidrocarburos en el país y las oportunidades de negocios para las empresas españolas.Todo ello a pesar de que el país africano ha sido testigo de detenciones arbitrarias, represión violenta, violación de la libertad de reunión y expresión y destierro de oponentes políticos.
El codiciado gigante chino y la apertura comercial de Irán y Cuba
La relación comercial entre China y España se remonta al franquismo y se consolidó en las últimas décadas , con las visitas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para buscar financiación —como acaba de hacer Pedro Sánchez— para el país. Su actual presidente, Xi Jinping, ya va por su tercer mandato y desde Amnistía Internacional denuncian que su mandato se ha caracterizado "por un número abrumador de detenciones arbitrarias, una despiadada represión en todo el país de la libertad de expresión y asociación, crímenes contra la humanidad perpetrados contra la población musulmana de la región de Xinjiang y una impresionante escalada represiva en Hong Kong". El informe de V-Dem también la califica como una "autocracia cerrada". Sin embargo, tanto el actual Gobierno como el principal partido de la oposición evitan emitir cualquier tipo de crítica hacia el país, ya que su valor comercial está por encima de todo.
El acercamiento, en su día, de Irán y Cuba con la Administración Obama facilitó que ambos fueran vistos desde el exterior como dos importantes fuentes de negocio y relaciones comerciales. También para España. Durante su mandato Rajoy se reunió con el entones presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rohaní, en la sede de la ONU, y le felicitó por los "avances" en su país mientras que tanto Rajoy como Aznar evitaron calificar a Cuba como una dictadura durante sus mandatos y se limitaron a hacer vagas declaraciones a propósito de los avances en democracia. Aznar se reunió en tres ocasiones con Fidel Castro en la isla, Rajoy visitó el país antillano otras dos. La política del PP se basó en exigir "avances democráticos" en el país, sin referencia alguna a la palabra "dictadura".
La tesis que impera desde hace décadas en la derecha española y que el Partido Popular repite de manera recurrente es que la izquierda quiere convertir a España en Venezuela. La demonización del país latinoamericano se remonta a tiempo atrás y tuvo su punto culmen tras la aparición de Podemos en el año 2014, al que llegaron a atribuir vínculos con el chavismo de sus finanzas como organización que nunca se pudieron demostrar. Ahora, ante las sospechas de una victoria fraudulenta de Nicolás Maduro en las últimas elecciones celebradas en julio, y después de que la autoridad electoral (CNE) no haya mostrado las actas desglosadas por cada mesa electoral, el PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire al embajador español en Caracas, instigando así que comience una escalada diplomática con el país.