el gobierno de los jueces
El CGPJ se fractura por el informe sobre su renovación y asume que elevará dos propuestas a las Cortes
A dos semanas largas de que se cumpla el plazo legal para presentar al Gobierno y al Parlamento un informe sobre la renovación de los 12 vocales de procedencia judicial del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha constatado este miércoles la fractura total entre conservadores y progresistas. Los primeros sostienen que deben ser los jueces y magistrados los que los elijan directamente sin participación alguna de las Cortes. Los segundos, que sea el Legislativo el que tenga la última palabra aunque se abren a varias fórmulas para que sea la carrera la que seleccione previamente a los candidatos y ofrecen mejoras. Ante la falta de acuerdo, los vocales asumen que redactarán un solo documento, como impone la ley que acompañó la renovación del pasado junio, pero en él se contendrán dos propuestas diametralmente opuestas. Lo que está en juego es garantizar que la institución siga contando con voces de izquierda y no caiga en el control perpetuo de la derecha judicial.
El acuerdo alcanzado en el Pleno de este miércoles solo establece la futura convocatoria de otro Pleno extraordinario en el que los 20 vocales y su presidenta debatirán las diferentes propuestas. Pero durante, la reunión de este miércoles, se han constatado las diferencias irreconciliables entre las dos sensibilidades del Consejo. PP y PSOE pactaron el pasado junio un empate a 10 vocales entre los propuestos por ambos partidos, pero el informe final necesitará un apoyo de tres quintos, es decir, 13 votos. La presidenta, Isabel Perelló (de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia pero propuesta por el sector conservador) se manifestó el pasado 11 de diciembre en la Sala de Gobierno del Supremo a favor de que sea el cuerpo el que elija directamente a al menos ocho de los 12 vocales de procedencia judicial. Pero para que salga adelante su tesis y la de los vocales a propuesta del PP se necesitarían dos votos más del sector progresista, para el que la elección parlamentaria es innegociable.
El mandato legal al Consejo exige que el sistema que proponga el informe –que debe ser entregado el 6 de febrero– cuente "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine". Los vocales progresistas están abiertos a negociar esa forma de participación para que sea la carrera la que designe a los candidatos entre los que elija el Parlamento. Una de las fórmulas sería que la lista de aspirantes fueran seleccionados mediante un proceso electoral. Establecer esos comicios previos supone un avance importante respecto a la intervención de la judicatura. Con el sistema actual, cualquier juez o magistrado puede presentarse a vocal si cuenta con el aval de una de las asociaciones judiciales o con el del 25 compañeros. Los conservadores exigen, sin embargo, que los 12 más votados en esas hipotéticas elecciones accedan directamente a las vocalías sin intervención del Congreso y el Senado.
Este último sistema supondría de hecho entregar a la derecha judicial el control permanente del Consejo sea cual sea la composición de las Cámaras y el partido del Gobierno. Lo demuestra el hecho de que en las últimas elecciones a salas de gobierno, en las que tenían derecho a voto los 5.500 jueces y magistrados en activo, 116 de las 118 plazas en juego fueron para las asociaciones conservadoras (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente). Solo dos de los puestos en liza fueron ocupados por magistrados de JJpD. Una traslación a unas hipotéticas elecciones al Consejo daría sistemáticamente una mayoría aplastante a estas asociaciones. Los ocho vocales restantes, cuyo nombramiento atribuye la Constitución a las Cámaras con total discrecionalidad, se repartirían entre los dos principales grupos a razón de tres para cada uno o una relación de cuatro a dos. La derecha judicial se garantizaría así, casi con total seguridad, los 13 votos necesarios para nombrar a los principales cargos judiciales en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores autonómicos así como para designar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.
Que sean los jueces los que elijan mediante elecciones a los candidatos a vocal, como estarían dispuestos a negociar los vocales progresistas, sería ya un gran logro para la derecha judicial. El creciente conservadurismo del cuerpo mostrado en los resultados del último proceso para las salas de gobierno podría dar lugar –dependiendo del sistema electoral que se elija– a que la lista de aspirantes que se entregue a las Cámaras refleje de manera muy mayoritaria el peso de esa ideología en la judicatura, dificultando la selección final por el Legislativo de candidatos procedentes de la izquierda judicial. El tamaño de esa lista también sería determinante para lograr que el CGPJ tenga una composición equilibrada y conforme con el pluralismo político representado en el Parlamento.
Fue el PP el que, en 2013, facilitó que cualquier juez o magistrado pueda presentar su candidatura a vocal siempre que contara con los avales necesarios o con el apoyo de una de las asociaciones. Ese sistema, puesto en marcha con Mariano Rajoy en la Moncloa y Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia, daba a los principales partidos –PSOE y PP– un inmenso margen de discrecionalidad a la hora de proponer a sus vocales. A la última renovación, lograda cinco años y medio después de que se pusiera en marcha por el bloqueo del partido de Alberto Núñez Feijoo, optaron 50 jueces y magistrados para las 12 plazas de procedencia judicial. Esa modificación de 2013 acabó con un sistema mucho más restringido establecido en 2001 por un pacto entre el PP y el PSOE. En él, el Consejo debía entregar a las Cámaras una lista de 36 candidatos procedentes de las asociaciones y de los jueces no asociados según su representatividad. Ahora, sin embargo, el PP defiende que esos 12 vocales sean elegidos directamente por la judicatura.
Otro de los aspectos que los progresistas están dispuestos a explorar es que se establezcan mecanismos para que las Cortes tengan que elegir a vocales de todas las asociaciones. Tradicionalmente, el PP ha extraído sus vocales de la conservadora y mayoritaria APM, mientras que el PSOE ha hecho lo propio en la progresista JJpD. La más moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, y la conservadora y corporativa Foro Judicial Independiente (la cuarta) no cuentan actualmente con ningún vocal, lo que entre los miembros de la carrera es percibido como una disfunción que los vocales a propuesta del PSOE estarían dispuestos a corregir.