"Para mí Solomon es absolutamente confiable": así se coció la segunda estafa al equipo de Almeida
Todo comenzó con un correo electrónico enviado la madrugada de un sábado. En concreto, del 21 de marzo de 2020, pocos días después del inicio del confinamiento por una pandemia de coronavirus que había segado en ese momento la vida de un millar de españoles. El mail, que originalmente llega al buzón del abogado Carlos Fernández-Pita González, no es extenso. Son apenas tres párrafos en los que la letrada y economista Araceli Vida, administradora única de la firma Aifos Servicios Legales y Consultoría SL., se presenta y ofrece material sanitario en un momento en el que medio mundo se pelea por él. "Las fábricas nos están dando prioridad por la relación que nos une", asegura la titular de un pequeño despacho en la capital. Toda esa información es enviada a Borja Fanjul Fernández-Pita, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y, de ahí, a primera hora de la mañana al buzón de Inmaculada Sanz, quien estaba al frente de una funeraria municipal que entonces canalizaba la contratación de emergencia.
Toda esta cadena de mensajes marcó el inicio de la segunda supuesta gran estafa al Ayuntamiento de Madrid. Al menos, es la primera comunicación que el equipo de José Luis Martínez-Almeida ha trasladado al juez en relación con la adquisición a la consultora Sinclair&Wilde de medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros, uno de los precios unitarios por cubrebocas de este tipo más altos de entre los comprados por los once principales consistorios de España. Una larga ristra de comunicaciones internas, a las que ha tenido acceso infoLibre, que han sido ya incorporadas al sumario de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 30 de la capital por un delito de estafa. Y que permiten reconstruir una operación que apuntaba a éxito y terminó siendo todo un fracaso.
"Para mí es absolutamente confiable"
Media hora. Eso fue lo que tardó la responsable de la funeraria en trasladar la propuesta a la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y a la entonces responsable de compras, Elena Collado, quien a partir de ese momento se convierte en la interlocutora oficial con la abogada. Ambas se intercambian, a lo largo de las siguientes horas, diferentes correos electrónicos. "Te llamo ahora porque esta mañana a las 7 de la mañana ya estaba yo tramitándolo, pero nos han quitado las mascarillas. He encontrado otras que podrían estar en 2 días aquí pero a más precio", le escribe Vida a Collado en la mañana del 23 de marzo. Cuatro horas más tarde, la alto cargo del consistorio tiene ya en su correo una factura proforma. El vendedor, Sinclair&Wilde, una consultora especializada en la provisión de soluciones geopolíticas afincada en suelo estadounidense.
Collado traslada todos los detalles a la presidenta de la funeraria y al área de Hacienda, con Hidalgo al frente. Hay que revisarlo todo. Sin embargo, el tiempo parece ir en contra. El vendedor presiona. Y la abogada informa de ello a su interlocutora. "Están pesadísimos con que se lo venden a otro si no aceptamos pedido, por lo menos con una carta de aceptación", escribe Vida a media tarde. La letrada le manda un modelo de misiva. Y pregunta a Collado si cree que es posible enviar en lo que resta de día el escrito. "Si no se hace, me temo que las mascarillas van a volar", desliza. Además, le señala que el proveedor ofrece la posibilidad de pagar por cuenta escrow, de modo que la mitad del dinero no se libere hasta que se compruebe que la mercancía embarcada es la que se ha pedido. "Como ves es tremendamente serio (....), nos está dando todo tipo de garantías para que nos fiemos de él. Para mí es absolutamente confiable", remata.
Collado se pone de inmediato manos a la obra. Pide ayuda a sus compañeros, no tiene firma electrónica con la que rubricar la carta de aceptación. Pero Hidalgo sí. Y es ella, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la que se encarga de estamparla en el modelo facilitado por la abogada que está haciendo de intermediaria entre las dos partes. En el encabezado del texto, el nombre de la persona destinataria: Philippe Solomon, director general de Sinclair&Wilde.
Mascarillas que no llegan y aumento de la desconfianza
Con esto resuelto, el Ayuntamiento de Madrid procede a pagar al proveedor la mitad de la mercancía. En concreto, 1,25 millones de euros. La fecha de entrega de las mascarillas, según figura en la factura, es solo tres días después del abono, el 27 de marzo. Pero los tapabocas, finalmente, no llegan. "Ayer fue un día malo. La mercancía retenida en Londres (las 500.000) y sin poder volar aún las de Croacia. Parece que nos las mandan de Shangay (ya nos han mandado hasta las fotos). Hoy no sé qué puñetas pasará...", escribe la responsable de compras por mail a varios compañeros del área de Hacienda a la mañana siguiente de la fecha que estaba prevista para la llegada de las mascarillas de Sinclair a la capital.
El empresario, que opera con dos identidades diferentes y dispone, según el juez, de pasaporte de hasta tres países –Guinea Bissau, Israel y Francia–, hace llegar una carta al consistorio a través de Vida. "Finalmente ha optado por pagar más para, según dice, enviarlo mañana. Veremos si esta vez lo cumplen", señala en el mismo correo remitido a Collado la abogada, que ya no parece tener una fe tan ciega en el hombre de negocios. En la misiva, Solomon se disculpa y dice que por "fuerza mayor" no van a poder entregar los bienes desde Reino Unido. No obstante, asegura que la mercancía saldrá hacia Madrid el 4 de abril. Y, para demostrarlo, envía copia de una transferencia hecha para alquilar una aeronave de, según sostiene en el escrito, Ethiopian Airlines.
A pesar de ello, comienza a cundir cierta desconfianza en Cibeles. De ahí que, debido a los "retrasos acumulados solo imputables al proveedor", la jefa de compras solicite a los proveedores "una declaración jurada" firmada por Solomon en la que se garantice que "la mercancía a transportar es la correcta, tanto desde el punto de vista técnico, como en lo que afecta a las unidades contratadas" y les traslade que el consistorio contratará, para "mayor seguridad", un verificador "que ratifique todos los extremos necesarios (de calidad, cantidad y especificaciones técnicas) con anterioridad a la recepción del material pedido". El empresario, por supuesto, garantiza todos esos extremos. Y autoriza a los compradores a que lleven a cabo una inspección de los cubrebocas en Madrid si, para entonces, no han recibido un informe de inspección de China.
Pero, otra vez más, la mercancía no llega en el momento esperado. Por eso el equipo de Almeida trata de dar marcha atrás y recuperar el dinero de la primera transferencia. El 7 de abril, escriben un correo electrónico a la entidad bancaria solicitando "la retrocesión de la transferencia realizada". "Os adjunto el swift y el justificante de la misma", escribe Javier Ruiz Santiago, director Comercial y Financiero de la funeraria municipal, en un email dirigido a uno de los empleados de Bankinter. "Hemos cursado la correspondiente solicitud de retrocesión de fondos. No hay un plazo marcado para que contesten ya sea aceptando o declinando nuestra propuesta. Iremos revisando periodicamente y te tendremos informado", le dicen desde la entidad financiera.
A pesar de ello, las conversaciones entre las partes continúan. Ahora el foco alrededor de esta operación deja de estar en Reino Unido o China y pasa a situarse sobre Turquía, que es desde donde finalmente terminarían llegando las mascarillas. Pero la desconfianza sigue estando presente. Por ello, el consistorio intenta comprobar todo por su cuenta. Así, Collado se pone en contacto con una compañía turca para ver si es verdad que esta firma, como parecen indicar una factura y una carta facilitadas por Sinclair&Wilde, tiene el ansiado medio millón de cubrebocas que esperan. En la factura, se observa que el comprador de la mercancía es la consultora de Solomon. Y que ha pagado 1,99 euros por unidad, menos de la mitad de lo que finalmente terminará abonando el consistorio por el producto.
"Tu palabra es oro para nosotros"
Con el paso de las horas, las dudas parecen que se van despejando. Y en el Ayuntamiento de Madrid activan la palanca para ejecutar el segundo pago, según la documentación en poder de infoLibre. Collado se lo traslada a la administradora única de Aifos Servicios Legales y Consultoría, con la que el contacto es permanente. "Te adjunto la orden de transferencia que se ha cursado desde la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid. Estaba preparada, lógicamente, desde hace varios días y ahora ya está activada", puede leerse en uno de los correos a Vida. Parece que todo está listo para que el avión despegue, por fin, de Turquía. Lo hará, o eso confían, en la mañana del lunes 13 de abril, tocando suelo español ya a media noche.
A primera hora de ese mismo día, el consistorio ordena la segunda transferencia por otros 1,25 millones de euros. Pero los planes vuelven a cambiar por enésima vez. La aeronave no llega en la fecha prevista.
Es, tras ese tercer fracaso, cuando la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid empieza a hablar directamente con Solomon por Whatsapp. Es el empresario, según el registro de mensajes, el que inicia la conversación. Es 17 de abril y ha pasado ya casi un mes desde que se procedió a la compra. El hombre de negocios escribe a Collado para decirle que el material se encuentra en la aduana y que en un par de horas estará todo listo. "Quizá el avión turco pueda partir esta tarde si les obtengo un permiso especial del Gobierno turco. Por lo tanto, necesito una carta oficial del Ayuntamiento o del Ministerio de Asuntos Exteriores español para la autorización de vuelo", resalta Solomon. Siete minutos después, Collado se pone a ello. Y antes de que acabe la mañana el alcalde, José Luis Martínez Almeida, estampa su firma en una misiva dirigida al ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu.
El escrito es enviado por la propia Collado a una dirección de correo electrónico que le ha facilitado el empresario. Es, supuestamente, el del miembro del Gobierno de Turquía. Da a entender que se la ha dado el titular de Exteriores de Guinea Bissau, con quien ha estado hablando, lo que evidencia lo bien posicionado que está el empresario franco-israelí. La responsable de compras confía en que todo salga bien, en que los cubrebocas estén en la capital al caer la noche. "Aún tengo esperanza. El trabajo duro tiene su recompensa", le escribe a mitad de la tarde. Pero al final, nada de nada. Otro fracaso.
La conversación por Whatsapp entre ambos se prolonga durante días. Y, a pesar de los continuos retrasos y cambios de planes, Collado se muestra amable. "Te doy las gracias de todo corazón por las vidas que se salvarán gracias a tener mecanismo de protección. Tu palabra es oro para nosotros, gracias! te puedo llamar Felipe como a nuestro Rey???", le escribe en alguna ocasión. Al final, el avión llega en la medianoche del 22 de abril, un mes después de la compra. "Te deseo una buena continuación y si necesitas algo de mi, siempre estaré allí para ti", le escribe entonces el hombre de negocios. "Solo que cuando vengas a Madrid nos vayamos a comer a la plaza mayor. O a algún sitio bonito que te pueda enseñar", responde la responsable de compras.
Una empresa ayuda con la reclamación
Al principio, todo parece ir bien. Y así se lo traslada Collado a Solomon en un mensaje: "Me dice Inma que buena pinta, pero tenemos que pasarlas por Madrid Salud". No obstante, esa sensación cambia en cuestión de días. Parece que falta documentación. Y así se lo hace saber a la responsable de compras el gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto. Pocos días después, el entonces jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Mario Tabasco, apunta en la misma línea en otro email enviado a la responsable de compras: "Esas mascarillas no aportan los Certificados de Conformidad UE de Tipo ni de producción, aportan unos certificados que parece que son pero a mi juicio no lo son". Un correo que Collado rebota a la abogada de Aifos, quien ha acompañado al consistorio en todo el proceso.
Solomon se compromete a proporcionar "todas las certificaciones necesarias". Pero, de un día para otro, deja de responder a los mensajes que le manda Collado. El último, a comienzos de agosto: "Hola de nuevo. Por favor, no podemos entregar las mascarillas a nuestros empleados porque no tenemos el certificado de conformidad del que hemos hablado varias veces. Si nos lo puedes enviar esta semana podemos zanjar este asunto. En caso contrario tendremos que proceder a la devolución del producto y, por vuestra parte, del dinero".
"Cuando vengas a Madrid nos vamos a comer a la Plaza Mayor": los mensajes de la segunda estafa a Almeida
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Para entonces, el consistorio ya está estudiando cómo hacer una reclamación. Para ello, recurre a una consultora especializada en intermediación en compraventas: Delphos Inversiones Europeas. Así consta en un correo recibido por la responsable de compras del consistorio pocas horas antes de que escribiese su último mensaje telefónico al empresario. El mail lo firma Christian Garcia, quien se presenta como CEO de la compañía. Dice que Solomon argumenta que nunca se ha contactado "directamente" con él desde el Ayuntamiento de Madrid "para expresarle la no conformidad de las mascarillas", que no ha recibido "ningún correo formal" en esta línea. "Whatsapp en Estados Unidos no es válido como manera de comunicarse, aducen", explica Garcia, quien también resalta que desde Sinclair no reconocen como "válidas" las conversaciones con Delphos alegando que no es "el cliente".
"Nosotros ya sabemos, según comentó Araceli, que en el momento en el que se pone en su conocimiento por vía Whatsapp o llamada, que las máscaras no son conformes y él ha intentado hacer 'algo' para intentar arreglar el problema de la certificación, con eso es suficiente", continúa el mail. Por eso, desde Delphos ponen sobre la mesa dos opciones. Por un lado, que se escriba formalmente a Sinclair&Wilde reclamando "la no conformidad con el producto", lo que hace Collado a través de correo electrónico al día siguiente. Por otro, que se abra una vía de comunicación con la consejera de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos para que indique las "directrices a seguir".
Al final, el Ayuntamiento de Madrid terminó interponiendo una denuncia. Ahora, dos años después, el caso se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid por un presunto delito de estafa. El instructor, Israel Bartolomé, ya ha decidido cursar una comisión rogatoria a Reino Unido para encontrar y citar a declarar el próximo 26 de mayo al escurridizo empresario franco-israelí, a quien este diario consiguió localizar el pasado mes de abril. Y, al mismo tiempo, ha llamado a declarar como testigos a comienzos de diciembre tanto a la abogada Araceli Vida, quien durante la pandemia medió en una veintena de contratos en varios contratos, como a Mario Tabasco, el jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que avisó de los problemas con las certificaciones.
