El juicio del 'procés'
Cuixart critica el "concepto de violencia" que se ha planteado "interesadamente"
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, dio este martes el pistoletazo de salida a la última jornada de interrogatorios a los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Y lo hizo confirmando que el objetivo de la entidad “eminentemente independentista” que lidera desde 2015 es “movilizar a la sociedad”. “Estamos pidiendo que escuchen la voz de la ciudadanía. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo en el ejercicio de derechos fundamentales”, aseveró Cuixart. A lo largo de su intervención, el presidente de Òmnium Cultural deslizó que está en prisión “por ser activista social” y se definió como “un preso político, no un político preso”. Por todo ello, puntualizó que “después de 500 días de cárcel” su “prioridad” es “denunciar el ataque de derechos y libertades en Cataluña y el Estado español” y la “resolución del conflicto entre Cataluña y España”. Y rechazó, en relación con las movilizaciones ciudadanas, el “concepto de violencia” que “interesadamente” se “ha intentado poner sobre la mesa”.
Con el objetivo de poner punto y final este martes a las declaraciones de todos los encausados, el interrogatorio de Cuixart arrancó a las 9.30 horas, un poco antes del horario habitual. El líder social rechazó responder, como han hecho el resto de dirigentes independentistas, a las preguntas de la acusación popular, encarnada por el partido ultraderechista Vox, cuyos letrados han tenido que quedarse fuera de la sala hasta el primer receso por llegar tarde a la vista. Tampoco aceptó las cuestiones de la Abogacía del Estado, cuya acusación impugnó sin éxito la defensa del presidente de Òmnium Cultural al entender que “está de forma indebida” porque en un primer momento compareció en el procedimiento “para reclamar los posibles perjuicios contra la Hacienda Pública” ocasionados por el procés, algo que no afecta a Cuixart. Por tanto, el líder social sólo respondió a las preguntas de sus abogados y del Ministerio Público, que pide para él 17 años de prisión por rebelión –los servicios jurídicos del Estado lo rebajan a 8 años por sedición–.
El fiscal del Supremo Jaime Moreno arrancó el interrogatorio centrándose en Òmnium Cultural, una entidad que según señaló Cuixart “es independentista, aunque siempre ha focalizado sus esfuerzos en defender el derecho a la autodeterminación”. Prosiguió preguntándole por la hoja de ruta que el 30 de marzo de 2015 firmaron los partidos CDC y ERC junto con las entidades ANC, AMI y Òmnium, un documento que el líder social definió como una “declaración de intenciones” para “convertir las elecciones de 27 de septiembre en unas elecciones de carácter plebiscitario”. Y le cuestionó, entre otras cosas, por la famosa Moleskine y el documento Enfocats, que fueron intervenidos en los registros del que fuera número dos de Economía de la Generalitat, Josep María Jové. Sobre la agenda, se limitó a decir que para él “tiene muy poca credibilidad”. En relación con el documento, una de las piedras angulares de las acusaciones, se apostilló, como el resto de acusados, que lo desconocía y que “no es para nada de referencia”.
“Òmnium siempre va a ejercer los derechos fundamentales”
Cuixart también fue tajante cuando el fiscal le cuestionó sobre si conocía las resoluciones del Tribunal Constitucional suspendiendo la convocatoria del referéndum y el resto de las denominadas leyes de desconexión. “Soy un preso político, no un político preso. Hemos entrado en prisión por ser activistas sociales”, señaló el líder de Òmnium Cultural, que recordó que tanto él como el expresidente de la ANC Jordi Sànchez eran unos “perfectos desconocidos” hasta que entraron en prisión, momento en el que se convirtieron en “referentes de la sociedad catalana”. Preguntado por si le pareció ilegal la celebración de la consulta a pesar de la suspensión de la Ley del Referéndum, Cuixart volvió a mostrarse contundente: “Ante la disyuntiva entre la suspensión o el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie tenga ninguna duda de que Òmnium siempre va a ejercer los derechos fundamentales, siempre de una manera pacífica y festiva. (…) El derecho a votar en Cataluña se gana votando. Lo que hicimos fue un ejercicio de dignidad colectiva”.
A lo largo del interrogatorio, y en respuesta a una pregunta del fiscal sobre un correo electrónico enviado por el presidente de la entidad, el líder social rechazó que sea punible pedir un “tsunami democrático” –expresión utilizada en el mail–. Cuixart aprovechó la respuesta para cargar con dureza contra la “guerra sucia contra líderes políticos en Cataluña”. “Cuando pedimos democracia, la pedimos también para el conjunto del Estado español. Hay miles de personas multadas por la ley mordaza”, puntualizó el dirigente social antes de ser interrumpido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que le pidió que ciñera sus respuestas a las cuestiones planteadas por parte del Ministerio Público. Durante todo el interrogatorio, el magistrado tuvo que intervenir en varias ocasiones para recriminar al fiscal Moreno algunas de las preguntas realizadas y para pedir a Cuixart que intente “reprimir las expresiones coloquiales” –“collons” u “hostia” han sido las más repetidas–.
El “concepto de violencia”
La Fiscalía también dedicó unos minutos a preguntar al acusado por la página web creada para una campaña de la entidad soberanista. El líder de Òmnium aseguró que desconocía los detalles técnicos al respecto. Pero el fiscal insistió y le preguntó si la página Crida per la Democràcia se alojó en Irlanda para “impedir el cierre” tras una orden judicial. En este sentido, Cuixart dijo que, en su opinión, esa decisión pudo haberse tomado tras considerar que era “más competitivo” hacerlo en ese país. “De todos modos, compres el dominio donde lo compres, en las vigilias del 20-S y del 1-O a nosotros ya nos habían clausurado nuestra página. Como sucede en Turquía, donde cierran webs sin orden judicial”, aseveró Cuixart, que como ya hizo el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva colocó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña del año 2010 como un punto de inflexión en relación con la defensa del derecho de autodeterminación.
Pero en lo que más se detuvo el interrogatorio fue en la movilización social, que según apunta la Fiscalía en su escrito de acusación tenía “una dimensión extraordinariamente relevante” porque “en último término” era “el instrumento coactivo más decisivo y eficaz para doblegar la voluntad del Estado”. En este sentido, Cuixart aseveró que ese nunca fue el objetivo de Òmnium: “No son los términos de una sociedad que trabaja por la cohesión social. ¿Qué imagen daríamos si para mantener la cohesión social nuestro objetivo fuera doblegar al Estado? Es la antítesis”. Y rechazó, como han hecho en todo momento los líderes independentistas enjuiciados, el “concepto de violencia” que “interesadamente” se “ha intentado poner sobre la mesa”. “La violencia no forma parte del ADN de la sociedad catalana”, sentenció al respecto el presidente de Òmnium.
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“Ejercicio de desobediencia civil más grande de Europa”
A Cuixart se le cuestionó por diferentes protestas ciudadanas en los días previos al referéndum del 1-O. Pero, sobre todo, la acusación hizo mucho hincapié en la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía de la Generalitat, unos “disturbios” que “fueron inducidos, conocidos y consentidos” por los entonces líderes de Òmnium Cultural y de la ANC, según sostiene la Fiscalía. En primer lugar, el dirigente social señaló que la convocatoria frente a las puertas del departamento fue “una reacción espontánea” y rechazó que la comisión judicial que se encontraba aquel día efectuando un registro en la consellería “no tuviera libertad de movimientos”. “Se creó un pasillo para que pudiera entrar y salir quien quisiera”, señaló el presidente de la entidad soberanista, que insistió en que la comisión judicial pudo desarrollar su trabajo “con normalidad”. En cuanto a los coches de la Guardia Civil dañados aquel día, “los “vehículos más lamentados de la historia de la democracia española”, Cuixart criticó este “comportamiento impropio”.
La otra parte importante del interrogatorio giró alrededor del referéndum del 1-O y las protestas ciudadanas en los centros de votación. En este sentido, Cuixart señaló que en ningún momento se incitó a los ciudadanos a enfrentarse violentamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, citando a Martin Luther King, Gandhi o Rosa Parks, calificó la consulta como un ejercicio de desobediencia civil. “Todos los ciudadanos de España tendríamos que estar orgullosos de que el 1-O es el ejercicio de desobediencia civil más grande de Europa”, apostilló el líder de Òmnium Cultural, que durante las cuatro horas que duró el interrogatorio criticó la “violencia policial” el día del referéndum y se desdijo de todo lo que había declarado en su momento ante el juez instructor de la causa: “Mis declaraciones ante el juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera. Y esta ya no es mi prioridad. (…) Ahora mi prioridad es denunciar el ataque de derechos y libertades en Cataluña y el Estado español”.