Los datos de Suiza son clave para decidir si va adelante el caso de las mordidas del AVE a la Meca que desveló Corinna

Año y medio después de que la Audiencia Nacional decretase el archivo "provisional" de las diligencias sobre la supuesta participación de Juan Carlos I en un hipotético cobro de mordidas por la adjudicación del AVE a la Meca en 2011, Suiza tiene ahora la llave para que, centrado en el pago de comisiones por aquel contrato multimillonario, el caso vaya o no adelante. Si la Fiscalía de ese país envía a la Audiencia Nacional y a Anticorrupción datos suficientes sobre hechos que todavía no han prescrito y que ese país ya investiga desde hace dos años, el juez Manuel García Castellón podrá reabrir las diligencias. 

Desencadenadas por los audios que grabó el comisario Villarejo y en los que Corinna zu Sayn Wittgenstein atribuía al rey emérito el cobro de comisiones a través de testaferros, el cierre de las diligencias en septiembre de 2018 no fue óbice para que Anticorrupción abriese su propia vía de investigacionesabriese su propia vía de investigaciones. La Fiscalía helvética ya había emprendido las suyas ese verano según diversos medios. Y comenzó a investigar cuentas bancarias. Ahora, la eventual reactivación de la causa judicial depende en buena medida de los resultados que alcance y comparta con España el ministerio público suizo. Y depende también no solo de que los datos que aporte sean relevantes sino de que no hayan prescrito.

Por lo que ha podido saber infoLibre, todo apunta a que la información suiza llegará antes de Semana Santa aunque –lo dicen fuentes conocedoras de los entresijos del asunto también en Suiza– nadie se atreve a aventurar fechas exactas ni qué ocurrirá. Todo indica que la Fiscalía, que goza del rango de autoridad judicial en el ámbito internacional, lleva tiempo intercambiando información con Suiza. ¿A través de comisiones rogatorias formales? Anticorrupción guarda un silencio férreo. Pero si las diligencias se reabren dentro del caso Villarejo lo previsible es que el juez García Castellón curse con rapidez una rogatoria al país helvético.

Es decir, un requerimiento formal y extenso de información que permita cerrar el círculo de quiénes pagaron en Arabia Saudí comisiones para obtener en 2011 aquella adjudicación astronómica –casi 7.000 millones de euros– y de quiénes –españoles, si es que los hubo– recibieron parte de aquellas mordidas por su supuesta mediación. Entre quienes aparecían mencionados por la empresaria alemana figura Álvaro de Orleans. Es primo del rey emérito: y, segun Corinna, su testaferro para percibir parte de los 80 millones a que, según el audio grabado por Villarejo, ascendía aquella mordida. O, dicho sea en el argot jurídico, aquella comisión que, de verificarse, implicó un delito de corrupción en transacciones internacionales. 

Entre las empresas beneficiadas por la adjudicación de Arabia Saudí para unir con tren de alta velocidad las ciudades de Medina, Yeda y La Meca se cuentan gigantes públicos como Renfe y Adif. Y privados como Indra y OHL. Ambas compañías se encuentran involucradas en dos de los grandes casos de corrupción que investiga el mismo juez García Castellón: Púnica y Lezo.

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Uno de los dos medios de comunicación que difundieron en 2018 las grabaciones a Corinna, Okdiario, publicó este mes de enero que el fiscal suizo encargado del caso acudió en octubre a Madrid para reunirse con el juez García Castellón y cuatro miembros de Anticorrupción: el jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón; los dos fiscales encargados de la acusación en la Operación Tándem o caso Villarejo; y Luis Pastor, responsable de las diligencias de investigación que el ministerio público abrió a finales de 2018 tras el cerrojazo a la pieza judicial sobre Corinna. El archivo de las actuaciones había sido rubricado por Diego de Egea, entonces juez de refuerzo de García Castellón.

En esa información de enero, OKdiario relataba que la Fiscalía suiza investiga a dos testaferros profesionales cuyos nombres salieron a la luz en el caso Gürtel y a quienes define como testaferros de Juan Carlos de Borbón: Arturo Fasana y Dante Canonica. El digital aportó un documento suizo acreditativo de que la reunión con el juez y los fiscales españoles se celebró. Y aunque el equipo de Anticorrupción y García Castellón callan, la presencia de los tres fiscales subordinados de Luzón en aquella reunión con Yves Bertossa, fiscal del cantón de Ginebra, y la del juez apunta en una dirección: la de que las diligencias de la Fiscalía quedarán de nuevo subsumidas en el caso Villarejo, que lo instruye el magistrado que asistió al encuentro. Eso si finalmente se reactiva la pieza. 

De ser correcta la hipótesis de la reapertura, entra en escena una afirmación en principio indiscutible: que si el caso se queda en la Audiencia Nacional, la instrucción no puede afectar al rey emérito. Como ya remacharon la Fiscalía y el juez en 2018, Juan Carlos I no podría jamás ser investigado judicialmente por ningún hecho acaecido mientras ejerció la Jefatura del Estado, de la que abdicó en junio de 2014. Pero si se diese la circunstancia –acreditada, claro– de que alguien hubiese cobrado en su nombre parte de las mordidas del AVE y, tras la abdicación de 2014, hubiese movido un solo euro de ese supuesto paquete de comisiones ilegales, el padre de Felipe VI sí sería susceptible de acabar investigado por blanqueo. Esa opción, no obstante se perfila remota. Y en última instancia solo y exclusivamente podría ser sometido a investigación por el Tribunal Supremo, ante el que goza de aforamiento.