El debate sobre una selectividad única vuelve a dividir a la comunidad educativa

La antigua selectividad, hoy conocida como Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) o Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), ha llegado a su fin. Y lo ha hecho recuperando un viejo debate: ¿debe la prueba de acceso a la universidad ser única en todo el país? Este lunes, un grupo de alumnos ha entregado al Ministerio de Educación y Formación Profesional un total de 178.000 firmas reclamando una prueba idéntica en todas las comunidades. Una petición que a la tarde del lunes ya rozaba las 182.000 rúbricas. "Todavía existen grandes diferencias en el temario que se nos exige en las diferentes comunidades", plantea la petición, de manera que trabajar por una unificación se configura como "la única forma de valorar justamente el grado de conocimiento de cada uno".

Los exámenes de la EBAU determinan el 40% de la nota que permitirá a los aproximadamente 220.000 estudiantes –a falta de los datos de 2019, el pasado año se presentaron a las pruebas 220.964 alumnos– matricularse en un grado universitario el curso que viene. El otro 60% proviene de su calificación media en los dos cursos de Bachillerato. Cualquier estudiante puede acceder a la universidad española que decida, pero lo hará teniendo en cuenta la media de las calificaciones incluidas tanto en el Bachillerato como en los exámenes de acceso, que son diferentes en cada comunidad. En la mayoría de ellas, estas pruebas se realizan en comisiones mixtas por cada asignatura integradas por representantes de los campus, de los institutos y de la administración autonómica en cuestión. Todos se basan en estándares fijados por el Ministerio de Educación.

Precisamente el peso de estos exámenes y las más recientes polémicas relativas a determinadas pruebas ha llevado a estudiantes de algunos territorios a reclamar un sistema único para todo el país. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han recogido el guante y han presentado sendas proposiciones en el Congreso para reclamar la implantación de una selectividad única en todo el territorio estatal. El Gobierno, por contra, descarta dicha posibilidad y la ministra de Educación, Isabel Celaá, niega la existencia de datos técnicos que demuestren diferencias en la dificultad. "En grados de dificultad y de preguntas, los datos técnicos que tenemos no proporcionan ningún elemento de alarma, ninguno, absolutamente ninguno y una prueba única no solventaría la situación porque empobrecería el currículum", zanjó a principios de junio la también portavoz del Ejecutivo. No es la primera vez que el debate sobrevuela sobre la comunidad educativa y la clase política. Sin embargo, las conclusiones no son claras y no todas las opiniones están consolidadas.

Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), reconoce que su organización todavía no ha alcanzado un consenso al respecto. "Estamos presentes en diferentes territorios con opiniones diferentes", sostiene, aunque añade que "lo que está claro es que no es tan fácil unificar las pruebas porque las competencias están en cada comunidad". También UGT se expresa con cautela. Maribel Loranca, responsable de Enseñanza del sindicato, recuerda que quienes diseñan las pruebas "lo hacen conforme al acuerdo y al trabajo riguroso entre los profesionales de Bachillerato y la universidad". En ese sentido, entiende que "no estaría de más que las comunidades trabajasen no tanto para uniformar la prueba de acceso, sino para alcanzar un acuerdo respecto a los parámetros de las pruebas para que se efectúen con el mismo rigor y grado de dificultad".

Diferencias socioeconómicas

José Saturnino Martínez, doctor en Sociología y profesor de Equidad y Educación en la Universidad de La Laguna, detalla su visión en conversación con infoLibre. En primer lugar, el docente recalca que la selectividad tiene una función principal: ordenar las listas de quién puede entrar en las titulaciones. Por ello, entiende, "desde el punto de vista administrativo", resulta "incoherente" que un alumno se examine en una comunidad y se matricule en otra distinta. Esta situación es el resultado de todo un proceso previo. Según el modelo más antiguo, los alumnos sólo se podían presentar en la comunidad donde se hubieran examinado. Pero ese modelo quedó soterrado por otro nuevo, denominado "distrito compartido", por el que cada comunidad reservaba un porcentaje de plazas para alumnos de otros territorios. El modelo actual va un paso más allá y evoluciona a "distrito único", lo que genera una "paradoja: la evaluación se produce por cada comunidad, pero el distrito es uno sólo".

Pero Saturnino Martínez ofrece otra visión y la desarrolla a través de un ejemplo. Tiende a decirse que, por ejemplo, la carrera de Medicina en Castilla y León recibe pocos estudiantes de la comunidad y muchos procedentes de Canarias. Los principales argumentos que explican esa situación tienen que ver con que las pruebas en las islas son teóricamente más sencillas. Se suele recalcar que Canarias obtiene mejores resultados en las pruebas de acceso pese a tener "más bajas puntuaciones en el informe PISA, niveles altos de fracaso escolar y una tasa elevada de gente que no termina las carreras". Sin embargo, señala, "aquí hay que empezar a matizar". Y añade: que el fracaso escolar sea mayor en las islas "significa que la gente que supera Bachillerato está más seleccionada y por tanto quien está sacando buenas notas puede ser justamente quien se esté yendo". 

Quienes lo tienen claro son los rectores españoles. En un comunicado hecho público a principios de junio, la CRUE considera que "las diferencias que pueda haber en los resultados" de las pruebas de acceso "no se explican por la mayor o menor dificultad de las evaluaciones (que conviene recordar, suponen solo el 40% de la nota de acceso a la Universidad), sino por otro tipo de condicionantes socioeconómicos". Estas son las diferencias que los rectores quieren "estudiar en profundidad", con el objetivo de trasladar una propuesta que mejore "la igualdad de oportunidades que ya existe".

Problema de fondo

Pero el debate parte de un problema de fondo. "Segundo de Bachillerato se ha convertido en una academia que sólo te enseña a pasar exámenes", opina Saturnino Martínez. Algo que, además, perjudica a los alumnos que aspiran a cursar Formación Profesional.

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Lo mismo opina Carles López, presidente de la Comisión Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE). Estamos, dice, ante un debate "que debe ser mucho más transversal" y debe implicar otros muchos factores. Urge repensar, por ejemplo, "cómo entendemos el currículum y el Bachillerato, que al final supone el 60% del resultado". La práctica indica que el último año de Bachillerato "se orienta sólo a preparar selectividad".

Por tanto, en su opinión, más que sobre un único examen, el debate debería versar sobre las condiciones en que se desarrolla el Bachillerato, el "currículum demasiado extenso" o las "diferencias según el tipo de centro". López llama a una reflexión sobre "las desigualdades existentes", que ya se vienen reflejando, recuerda, en el informe PISA. Las "diferencias socioeconómicas", dice, marcan "resultados muy diferentes en las pruebas de acceso" y trabajar sobre un examen único "no soluciona el problema". Al final, añade, el objetivo debe consistir en eliminar todas las diferencias, no sólo entre comunidades, sino también las relativas al "origen socioeconómico o a la titularidad del centro".

Precisamente otra de las razones de ser de la EBAU, agrega Saturnino Martínez, es realizar un "control sobre la concertada y la privada", de manera que sus usuarios se ajusten a los "estándares de la pública". En ese punto se detiene el docente, quien repara en que "al final la nota da igual si tienes dinero: si lo tienes buscarás una universidad privada donde puedas estudiar Medicina". Y la consecuencia directa es que "las universidades privadas pueden llegar a formar médicos con niveles de cualificación bastante bajos, mientras que los médicos de la pública si alguna garantía tienen es que son muy buenos profesionales".