Puigdemont compara al Supremo con la mafia tras mantener la orden de detención: "La Toga Nostra"

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Clemente (Cuenca), en funciones de guardia, ha decretado para E.M.B. de 49 años, el detenido por asesinar a su exmujer, de 30 años, y sus dos hijos menores de edad en Las Pedroñeras (Cuenca), prisión provisional, comunicada y sin fianza.

A E.M.B. se le imputa de forma provisional como presunto autor de los siguientes delitos: un delito de asesinato y un delito de quebrantamiento de condena respecto de los hechos relacionados con la mujer fallecida; y dos delitos de asesinato por la muerte de los dos menores, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en nota de prensa.

En este presunto caso de violencia de género existían antecedentes por denuncia previa, que fue tramitada a través de Diligencias Urgentes abiertas, en octubre de 2023, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Clemente. Diligencias Urgentes que derivaron, en esa misma fecha, en sentencia de conformidad, y firme, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de San Clemente, competente en materia de violencia de género.

La Junta Electoral Central ha acordado imponer una multa de 2.200 euros a la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, por sus declaraciones en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con "connotaciones electoralistas y apreciaciones críticas sobre el Partido Popular" en plena campaña catalana.

Ha sido a raíz de una denuncia que presentaron desde el Partido Popular al considerar que en la rueda de prensa ofrecida el pasado 7 de mayo tras el Consejo de Ministros se difundieron expresiones con connotaciones electoralistas y apreciaciones críticas sobre esta formación.

El organismo arbitral consideró que las manifestaciones de Alegría en dicha comparecencia suponían una vulneración del deber de neutralidad política que en actos institucionales deben respetar los cargos públicos durante los periodos electorales y optó por abrir un expediente sancionador contra la portavoz.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha denunciando que el Tribunal Supremo se niega aplicar la Ley de Amnistía, tras rechazar aplicarla al caso de la malversación y mantener la euroorden contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y ha manifestado que esta postura responde a "una dura ofensiva judicial reaccionaria".

Así lo ha indicado tras conocer que los magistrados que juzgaron el 'procés' en el alto tribunal han rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha acordado mantener su orden nacional de detención.

"El Supremo se niega a aplicar la Ley de Amnistía. Todos podemos ver que estamos ante una dura ofensiva judicial reaccionaria. Frente a ella el PSOE ha elegido, como ya hizo con la Ley 'solo sí es sí', pactar con el PP el gobierno de los jueces. Así mandan las derechas sin gobernar", ha lanzado Belarra a través de un mensaje en la red social X.

ERC ha anunciado que presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo al TS ante la resolución de ese tribunal este lunes que deja fuera de la amnistía los delitos de la malversación y la desobediencia del 'procés' del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de otros procesados por el referéndum del 1-O de 2017.

En un comunicado este lunes, los republicanos han tildado de muy grave el posicionamiento que ha hecho público el TS, y han asegurado que es un "intento claro de saltarse la ley de amnistía".

La vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret, ha valorado que lo que está haciendo el TS "ya no es reinterpretar la ley, reinterpretar la malversación, reinterpretar el enriquecimiento, sino intentar derogar y no aplicar una ley vigente".

Vilaret ha dicho que, antes de la resolución de este lunes, el partido sabía que en algunos casos la aplicación de la amnistía sería difícil porque "hay tribunales que no aplican la ley, sino que hacen política", y ha expresado que la interpretación que hace la resolución, textualmente, no se aguanta por ninguna parte.

También ha calificado de insultante que el TS "reinterprete la ley como quiera" al ser un tribunal que, según remarca, marca la jurisprudencia para toda la justicia española.

La Junta Electoral Central ha acordado imponer una multa de 1.500 euros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por apoyar públicamente al candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, usando incluso el lema del PSC, en una rueda de prensa institucional desde Doha (Catar).

Los hechos fueron denunciados por Esquerra Republicana en plena campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo y la JEC acordó en su día abrir un expediente sancionador por vulnerar el artículo 153.1 de la Ley Electoral. La decisión final ha llegado este lunes con la imposición de la citada multa.

El máximo organismo arbitral recuerda el deber de neutralidad de los poderes públicos como una de las reglas básicas de nuestro ordenamiento jurídico y subraya que "las manifestaciones hechas por el presidente del Gobierno apoyando a un candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña no pueden entenderse imprescindibles para la salvaguarda del interés público".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido este lunes del acuerdo que ha firmado en Salamanca con sus comunidades para una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común para 2025 y ha contrapuesto este pacto con el "desgobierno" de Pedro Sánchez. Es más, ha recalcado que su formación defiende la "igualdad" y la "equidad" de los españoles y son "el único partido de Estado" en España.

"Gobernamos para el 70% de la población española. Y efectivamente, desde el primer día habéis representado un modelo muy diferente al actual desgobierno de España", ha espetado a sus presidentes autonómicos, para añadir que el Ejecutivo de Sánchez "malvive con una débil mayoría" y cada día se "le caen más apoyos". Por el contrario, ha subrayado que las comunidades del PP "gobiernan con mayorías y con estabilidad".

Feijóo se ha pronunciado así en la clausura del acto "Por una EBAU común" que han suscrito las 14 comunidades en las que gobierna el PP. Los detalles del pacto -rubricado en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca- los ha presentado la vicesecretaria de Sanidad y Educación de la formación, Ester Muñoz.

Antes de la firma de este acuerdo, han tomado la palabra los presidentes autonómicos de la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla y León: Isabel Díaz Ayuso, Marga Prohens, Jorge Azcón, Carlos Mazón, Fernando López Miras, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. Varios 'barones' del PP no han podido asistir por razones de agenda y han firmado sus consejeros de Educación.

Feijóo ha afirmado que los "principales avances" de este acuerdo sobre una EBAU común supondrán en 2025 fechas comunes para el examen y formatos comunes, así como "criterios comunes para la corrección", algo que, según ha dicho, podrá facilitar la movilidad de los alumnos y mejorar "la igualdad y la equidad". "Por poner un ejemplo, se ha pactado hasta el número de faltas de ortografía con el que se suspende un examen", ha exclamado Feijóo, que ha puesto este pacto como un "hito importante" fruto de haber puesto "la cooperación, el talento y la experiencia de gestión al servicio de la igualdad de los españoles y la calidad de los servicios públicos".

A renglón seguido, ha puesto este acuerdo a "disposición del resto de las comunidades autónomas" porque "es positivo para la totalidad de los ciudadanos". "Si el PSOE o los nacionalistas son capaces de superar sus prejuicios políticos, los beneficiarios serán los estudiantes de esas comunidades autónomas", ha enfatizado.

El PSOE ha subrayado este lunes que respeta la decisión del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía pero muestra sus discrepancias “con argumentos”. “No entraremos a valorar las consideraciones políticas que ha hecho el TS, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas”, señalan fuentes de Ferraz.

El PSOE añade: “Sobre el contenido de las resoluciones, conviene recordar el clarísimo artículo 1.4 de la ley de amnistía”, que dice: “No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

Según el PSOE, también “procede recordar que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE”.

La confianza en el Estado de Derecho de nuestro país es absoluta, indican los socialistas. A lo que afrenta: “España es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales, tal y como ya han hecho otros tribunales como el TSJ de Catalunya”.

“Por último, es una buena noticia que no se cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE. El TS no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; además, el TS renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE”, concluye el PSOE.

Informa Antonio Ruiz Valdivia.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha calificado de "nueva infamia de la cúpula judicial española" que el Tribunal Supremo (TS) rechace amnistiar la malversación del procés.

En un apunte en X recogido por Europa press, ha acusado a dicha cúpula judicial de autootorgarse "un rol político impropio en un estado de derecho". "De nuevo, ratifico mi determinación de hacer respetar los derechos de los diputados en el Parlament, incluido el derecho a votar y a ser votado", ha zanjado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado este lunes 1 de julio a trabajar para erradicar los discursos de odio, tras los últimos asesinatos machistas, ocurridos este pasado fin de semana, con seis víctimas. "El machismo es brecha, el machismo mata, el negacionismo del machismo mata y por lo tanto tenemos que trabajar para erradicar esos pensamientos y esos discursos de odio que están teniendo desde luego una repercusión terrible en nuestra sociedad", ha asegurado Redondo en rueda de prensa, tras participar en la reunión de constitución del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este pasado fin de semana se han producido seis asesinatos machistas que aún no han sido confirmados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Dos de estos casos se han producido en Andalucía, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Fuengirola (Málaga) y Zafarraya (Granada), donde murieron tres mujeres, una mujer de 76 años, una de 20 y la madre de la última de 49. Finalmente, una mujer de 30 años y sus dos hijos, de 3 y 8 fueron presuntamente asesinados en Las Pedroñeras (Cuenca).

De confirmarse estos últimos casos, las mujeres víctimas por violencia de género en lo que va de año ascenderían a 19 y 1.263 desde el año 2003, cuando empezaron a recabarse datos. Además, serían nueve los menores asesinados por este motivo, el peor dato con el año 2015, y 62 desde 2013.

En este sentido, la ministra ha tildado de "trágico" el fin de semana "para la democracia española", para la igualdad y para las mujeres". En este sentido, ha dicho que es "imprescindible" que la sociedad española combata el discurso negacionista, que "aterroriza" y "sorprende".

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que sabían que iba a haber "obstáculos" en la aplicación de la Ley de Amnistía, pero reclama que las instancias judiciales la apliquen en su "totalidad", tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de rechaza amnistiar la malversación del procés y mantener la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En rueda de prensa en el Espacio Rastro de Madrid, ha rechazado también que este pronunciamiento del alto tribunal sea un elemento de "desestabilización" y ha proclamando que existe un "bloque" de investidura, donde está inserto Junts, que tiene voluntad de "sacar adelante" la legislatura.

"Nosotros sabíamos que la amnistía iba a encontrar obstáculos, lo sabíamos desde el primer momento. Lo que defendemos es que hay que respetar la voluntad del legislador, que es que la amnistía debe ser completa en los términos en los cuales se aprobó", ha enfatizado Urtasun.

Al respecto, el también titular de Cultura ha desgranado que el criterio de la Abogacía del Estado y la Fiscalía es favorable a que la malversación sea incluida dentro de la amnistía. En consecuencia, espera que las distintas instancias judiciales apliquen la amnistía cumpliendo la voluntad de la norma aprobada en el Congreso. Asimismo, ha manifestado que la estrategia de oposición del PP, basada en la idea de que la legislatura iba a ser corta, ha "fracasado" y que ahora todo el mundo es "consciente" de que el actual mandato tiene larga duración.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes, tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar amnistiar la malversación del procés y mantener la orden de detención del expresidente catalán Carles Puigdemont, que el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha aprobado la ley de amnistía y, "por lo que se ve ni siquiera saben hacerla".

Así se ha pronunciado en un acto en Salamanca tras firmar con sus comunidades un acuerdo para una EBAU común en 2025, después de que los magistrados que juzgaron el procés en el Tribunal Supremo hayan rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación a Carles Puigdemont y mantiene su orden de detención.

La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- y de las defensas sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

En el acto sobre la EBAU, Feijóo ha afirmado que el Gobierno "malvive con una débil mayoría, condicionado por decenas de partidos" y "cada día se le caen más apoyos" mientras que las comunidades del Partido Popular "gobiernan con mayorías y con estabilidad".

Es más, ha dicho que en esta legislatura, que arrancó en noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha dedicado a contentar a sus socios, mientras los gobiernos del Partido Popular se han dedicado a servir a todos los ciudadanos". "El Gobierno no ha sido capaz de aprobar sus Presupuestos. Y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla", ha manifestado en alusión a la amnistía, para añadir después que esa norma que es una "letra de la hipoteca" de la investidura de Sánchez que, a su juicio, pagarán todos los españoles.

El juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado dejar sin efecto la orden nacional de detención que mantenía contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, procesada por desobediencia.

En su auto, recogido por Europa Press, el juez adopta esta decisión al considerar que "se ubican en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, las acciones y omisiones susceptibles de ser subsumidas en el delito de desobediencia por el que está procesada".

Llarena entiende amnistiable la desobediencia que se le imputa a la dirigente de ERC, así como al expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Los cuatro no fueron juzgados porque huyeron de la Justicia tras el 1-O.

No obstante, Llarena da diez días a las partes "para que puedan aportar sus consideraciones sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional (TC) "respecto a la previsión de la Ley Orgánica 1/2024 de amnistiar la responsabilidad derivada del delito de desobediencia objeto de investigación".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha comparado al Tribunal Supremo con la mafia después de que el alto tribunal haya rechazado amnistiar la malversación del procés y mantenga su orden de detención. "La Toga Nostra", ha dicho.

Lo ha manifestado en un apunte en X recogido por Europa Press después de que la Sala de lo Penal haya estudiado los informes de las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- y de las defensas sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea.

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha tildado este lunes de "falta de respeto a la democracia" el rechazo del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiar la condena por malversación que pesa sobre el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de los condenados por el procés.

"Creemos que es una falta de respecto hacia la democracia, hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general, pero éramos muy conscientes de que sería una práctica que nos encontraríamos", ha asegurado Sans en una rueda de prensa desde la sede del partido, instantes después de conocer la decisión judicial.

Sans ha remarcado que el rechazo a la amnistía no es ninguna sorpresa, y ha acusado a los jueces de "hacer política y no impartir justicia". La portavoz ha añadido que la ley de amnistía se aprobó democráticamente y que al final los jueces "la deberán aplicar".

La decisión del TS de este lunes, del juez instructor Pablo Llarena, también rechaza perdonar por malversación al expresidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Carles Puigdemont, y mantiene su orden de detención, en medio del proceso de negociaciones para investir al nuevo presidente catalán.

El exasesor del exministro Transportes, Koldo García, y el denunciante del caso mascarillas, Juan Manuel Pérez, no han acudido este lunes al Parlamento de Canarias donde debía comenzar la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en las islas durante la pandemia.

El presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI), ha indicado que no ha logrado contactar con los dos primeros comparecientes de la comisión ni por los medios tradicionales ni a través de los servicios de la Policía Canaria.

Por ello, la comisión ha iniciado una reunión interna de trabajo para reprogramar el calendario y fijar el orden del día de la comisión dado que el próximo jueves, día previsto para la segunda jornada, tampoco habrá reunión al no haberse podido contactar con los comparecientes.

La portavoz del PP en el parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha insistido este lunes en reclamar la dimisión "inmediata" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, si finalmente es imputado en la causa por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, y ha avanzado que, en caso contrario, no dudarán en denunciar esa situación ante la Unión Europea. En declaraciones en el Congreso poco antes de acatar la Constitución, Montserrat, ha vuelto a decir que el Gobierno de coalición está "más débil que nunca", que está "acechado por la corrupción" y que "sólo se sostiene por cesiones a sus socios".

También ha acusado a Pedro Sánchez de "manosear las instituciones" y de "señalar" a medios de comunicación y ha afirmado que el PP denunciará "cualquier señalamiento que se pueda hacer a la libertad de prensa, a la oposición y a los jueces". "Por tanto, todo el mundo sabe que el Partido Popular siempre vamos a defender valores de nuestra Constitución como la libertad", ha enfatizado.

Y en cuanto a las palabras de Pedro Sánchez negando que el fiscal general deba dimitir si es imputado, la dirigente del PP ha señalado que el presidente del Gobierno acostumbra a "manosear" las instituciones y a evitar dimisiones que deberían producirse. "Si el fiscal general es imputado, tiene que dimitir inmediatamente -ha añadido-. Esto es lo que exige el Partido Popular aquí en España y lo vamos a denunciar también en Europa".

Vox ha felicitado a Marine Le Pen por la victoria de su partido, Agrupación Nacional, en las elecciones legislativas de Francia de este domingo, y se ha congratulado de que los franceses hayan demostrado que quieren "un cambio de rumbo" y un Gobierno que defienda "los intereses del pueblo" por encima de "agendas globalistas".

Así lo ha expresado este lunes en una rueda de prensa el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, después de que Agrupación Nacional haya obtenido el 33,1% de los votos en la primera vuelta de los comicios legislativos, por encima del Nuevo Frente Popular (28%) y de la formación del presidente de Francia, Ensemble, que se ha quedado con el 22% de los apoyos.

Fúster ha felicitado a Le Pen por sus buenos resultados, que en si opinión demuestran que el pueblo francés quiere "cambiar de rumbo" y "necesita y quiere un Gobierno" que defiende los intereses de los franceses "por encima de agendas globalistas" y, sobre todo, que quiere terminar "con las políticas migratorias buenistas" que acaban con "la seguridad y la identidad de nuestros barrios".

Eso sí, el portavoz del partido de Santiago Abascal ha criticado la reacción de la "extrema izquierda" ante la victoria de Agrupación Nacional, acusándola de "fomentar la violencia" y "alentar el terrorismo callejero" por incendiar las calles y los comercios "en muchas partes de Francia". "Los franceses también están cansados de esto, de la izquierda y de la violencia callejera que ocurre cada vez que no obtienen los resultados esperados", ha agregado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a defender a su pareja, Alberto González Amador, investigado por un doble fraude a Hacienda y falsificación de documentos, y lo ha presentado como una víctima del Gobierno de Pedro Sánchez. “Los medios de comunicación no tendríais que tener un solo dato sobre un señor que se está defendiendo de una inspección fiscal que ha sido troceada y se ha soltado por todos los medios de comunicación vulnerando su derecho a la defensa”, ha señalado en un acto del PP organizado en Salamanca.

Ayuso ha señalado que González Amador es víctima de un “atropello absoluto” por ser la pareja “de un adversario político”, culpando directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y reclamando su dimisión. “Han estado utilizando todos los resortes del poder con el dinero público para ir contra este particular. No se ha visto un caso semejante ni que una inspección fiscal haga algo como esto”, ha zanjado.

La presidenta madrileña ha obviado que la Fiscalía General del Estado emitió una nota de prensa sobre González Amador para desmentir el bulo lanzado por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que hacía creer que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador y no al revés. Este lunes ha trascendido que la pareja de Ayuso ha solicitado que se eleve al Tribunal Supremo la querella por presunta revelación de secretos contra García Ortiz.

Informa Marta Monforte.

La número dos de Podemos y eurodiputada electa, Irene Montero, ha afirmado que el resultado electoral en Francia, con la victoria de la formación de Marine Le Pen, alerta de los efectos de las políticas de "gran coalición" que, a su juicio, aspiran PSOE y PP. A su vez, ha manifestado su desconfianza en las medidas de regeneración democrática del presidente, Pedro Sánchez, una vez que ha anunciado que quiere poner un tope a la financiación pública de "pseudomedios", al lanzar que también teme un acuerdo bipartidista como el que han suscrito para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Contra la guerra sucia judicial se viene una gran coalición de PSOE y PP para negarle a la ciudadanía su legítimo derecho a recibir una información veraz y para legitimar la corrupción mediática", ha manifestado a los medios tras acudir al Congreso para proceder al trámite de acatar la Constitución para formalizar su condición de eurodiputada.

Montero también ha lanzado una lectura crítica de los comicios legislativos franceses, al remarcar que el alza de la extrema derecha evidencia el riesgo de la "coalición bipartidista" como, a su juicio, tratan de hacer PSOE y PP.

"Después de Macron viene Le Pen. Eso quiere decir que las políticas neoliberales, el consenso de guerra, ese relato de la moderación, no solamente no sirve para frenar a la extrema derecha, sino que la alimenta. Y frente a eso, tenemos la responsabilidad de construir una gran fuerza popular que defienda la paz, que defienda el feminismo", ha apostillado.

Los magistrados que juzgaron el procés en el Tribunal Supremo (TS) han rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y mantiene su orden de detención.

La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- y de las defensas sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

El juez Llarena, por su parte, se ha pronunciado tras analizar las alegaciones de las acusaciones y de los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea.