Abascal: “Vox no tiene apego a los sillones”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este jueves que su formación saldrá de los gobiernos de coalición con el PP en Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla y León y retirará el apoyo parlamentario en Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría, para pasar a ser una oposición "leal y contundente" en las regiones citadas. Así lo ha trasladado en una declaración retransmitida en vídeo al término de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que Vox había convocado con carácter de urgencia tras el visto bueno del PP al reparto de menores migrantes no acompañados por las autonomías para aliviar la carga de Canarias, planteado por el Gobierno central y una línea roja para los de Abascal.

En su intervención, el presidente de Vox ha trasladado que la Ejecutiva de su partido "ha constatado" que los pactos suscritos con el PP "están rotos como consecuencia de la agresión" del presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de "obligar a sus presidentes autonómicos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales". Y lo hizo, según ha denunciado, "a sabiendas de que su socio, al que han mentido y confundido, no estaba de acuerdo" con tal medida.

Así, ha explicado que la ruptura de los pactos se materializará con la dimisión de los cuatro vicepresidentes autonómicos (Alejandro Nolasco, Aragón; Vicente Barrera, Comunidad Valenciana; José Ángel Antelo, Murcia; y Juan García-Gallardo, Castilla y León) y Vox retirará su apoyo parlamentario al PP en las regiones, lo que incluye Baleares. "Vox pasará a ejercer una oposición tan leal y contundente como en el resto de España", ha agregado, afirmando que su formación no tiene "apego a los sillones".

Abascal ha asegurado que Vox "ha cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar" los gobiernos autonómicos con la vista puesta en "consolidar una alternativa nacional", pero ha lamentado que es "imposible pactar con quien no quiere hacerlo" y "pretende imponer políticas de fronteras abiertas”. 

Aludía así a Feijóo, al que ha acusado "primero de impedir y luego de torpedear" los acuerdos en las autonomías. En esta línea, ha arremetido contra el líder 'popular' por "pactar permanentemente con el autócrata corrupto" de Sánchez.

El líder de Vox ha querido remarcar el rechazo de su formación a la inmigración ilegal, del que han advertido "por activa y por pasiva", por generar "inseguridad, delincuencia y un coste económico cada día mayor a todos los españoles". "Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir al PP para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas", ha subrayado.

Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y Vox gobernaban en coalición acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de los de Abascal por un acuerdo de investidura, acogería diez. En el PP creen que romper los pactos por acoger "entre 10 y 30 menores" suena a "excusa".

Vox entró en un gobierno autonómico por primera vez en Castilla y León, donde ostentaban la Vicepresidencia y tres consejerías. Después llegaron la Comunidad Valenciana, donde Vox tiene la Vicepresidencia, dos consejerías y la Presidencia de las Cortes; Murcia, donde también tienen la Vicepresidencia y dos consejerías; Aragón, una Vicepresidencia, dos consejerías y la Presidencia del Parlamento; y Extremadura, una consejería. Las cinco comunidades autónomas ya han aprobado los presupuestos para el próximo ejercicio.

La formación de Santiago Abascal ya desligó esta mañana la ruptura de los pactos suscritos en las autonomías de los gobiernos en coalición con los 'populares' en los ayuntamientos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado este jueves 11 de julio en relación a la inspección abierta al musical 'Malinche' por la posible situación irregular de algunos de sus integrantes que no se están "siguiendo directrices" porque se trata de un organismo "autónomo".

"La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y no trabaja siguiendo directrices, y por tanto, cuando culminen las investigaciones, como siempre hacemos, se rendirán cuentas", ha explicado Díaz en los pasillos del Congreso de los Diputados a preguntas de los periodistas.

La ministra ha confirmado que Inspección de Trabajo está investigando este asunto, pero no se informará del resultado hasta que no culminen las actuaciones. Asimismo, ha señalado que estas investigaciones se han hecho a petición de la Policía.

"La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y cursa investigaciones como se hacen de manera ordinaria. El Ministerio de Trabajo tiene un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en actuaciones que requieren de la colaboración institucional y, en este caso, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha afirmado.

Díaz ha pedido también "respeto" para todas las instituciones y organismos que están trabajando en este caso, tanto a las Fuerzas de Seguridad del Estado como a la Inspección de Trabajo. "Cuando culminen las actuaciones, podremos tomar una posición, pero a día de hoy no podemos señalar absolutamente nada más", ha concluido.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que "hay margen" para que se alcance un acuerdo con la patronal para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en la mesa del diálogo social, que se reunirá el próximo miércoles para seguir trabajando en el asunto.

Díaz se ha mostrado "convencida" de que hay margen para el acuerdo después de que Trabajo propusiera el pasado lunes a la patronal dar más flexibilidad a las empresas para acometer esa reducción de la jornada. "La patronal se mostró partidaria de discutir la propuesta", ha subrayado la vicepresidenta en los pasillos del Congreso este jueves.

A renglón seguido, ha explicado que recientemente se ha reunido con empresas que ya han reducido la jornada, incluso por debajo de las 37,5 horas semanales, y ha visto los efectos "muy positivos" de implantar la medida, que, según ha destacado, implica una mayor productividad para las empresas y más bienestar para las personas que trabajan en ellas.

Además, Yolanda Díaz ha hilado esa reducción de la jornada laboral con el auge de la Inteligencia Artificial (IA) y sus efectos sobre el trabajo: "En un momento en el que estamos diseñando cómo conseguir que las máquinas avancen y nos reduzcan la carga de trabajo, lo que no podemos hacer es pedirle a los humanos que trabajemos como máquinas", ha enfatizado.

La titular de Trabajo también ha defendido reducir la jornada porque en España las 40 horas semanales están vigentes desde hace 40 años y porque hay una "distribución irregular de la productividad" entre la empresa y los trabajadores. "Por tanto, estoy convencida que hay margen en la mesa de diálogo social para alcanzar un acuerdo", ha remachado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cuestionado el procedimiento del juzgado de Instrucción 41, una vez que se ha conocido un segundo informe de la UCO que descarta irregularidades de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Grande-Marlaska ha realizado estas manifestaciones, al ser preguntado por un segundo informe de la UCO que descarta irregularidades en la actuación de Begoña Gómez. Ha sido tras entregar los diplomas a los militares ucranianos que han finalizado esta formación en el marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo a Ucrania (EUMAN UA), en la sede de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil.

El ministro del Interior ha dicho que había conocido "por la prensa" el segundo informe de la UCO, pero ha recordado que "en su primer informe ya dijo que no veían ninguna conducta susceptible de irregularidad concreta, lo que vuelve a referir en este segundo informe".

Grande-Marlaska ha indicado, "con todo el respeto" a las resoluciones judiciales, "pero ha habido, hay resoluciones judiciales en ese procedimiento del juzgado de instrucción 41, que dentro de mi experiencia de más de 30 años en la instrucción y en el enjuiciamiento penal, adolecen de lo que es o lo que justifica una investigación".

Todo ello, porque "ha habido algún auto donde se ha hecho referencia a investigar toda la vida profesional de la señora Gómez desde que su marido accede a la presencia del gobierno". "Ese es el paradigma de una instrucción prospectiva que está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico", ha concluido el ministro del Interior.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe decidir si quiere hacer oposición constructiva o destructiva, después de que Vox haya planteado romper pactos autonómicos con los populares por acordar con el PSOE el reparto de más de 300 menores migrantes no acompañados.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en Viladecans (Barcelona), donde ha invitado textualmente a los populares a comportarse como un partido de Estado: "El señor Feijóo tiene una oportunidad de oro par decidir qué quiere ser de mayor".

Ha asegurado que el presidente popular debe elegir "si quiere seguir inmerso en una oposición destructiva, de criticar todo sin poner ninguna alternativa sobre la mesa, o si, por primera vez, quiere plantearse y quiere trasladar una oposición constructiva".

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha criticado que "de nuevo el PSOE ha preferido pactar con el Partido Popular" el reparto de menores migrantes no acompañados de Canarias.

"Cataluña es la comunidad más tensionado. Por lo tanto, si Cataluña tiene que estar implicada en este reparto, Cataluña tiene que tener voz y nosotros hemos dejado claro que si los votos de Junts son necesarios nosotros no podemos donar votos", ha señalado este jueves Nogueras en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

En este punto, ha incidido que el PSOE haya "preferido pactar con la derecha española" y he defendido la abstención de Cataluña en el reparto de menores migrantes no acompañados durante la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles por no tener "voz".

"Hay un acuerdo, un pacto entre el PP y el PSOE. Creemos que aquí algunos están confundiendo solidaridad con abuso e imposición. Nosotros queremos que el Gobierno lo haga bien", ha zanjado.

Las comunidades autónomas del PP han votado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a favor del reparto de 347 menores migrantes. Sin embargo, han decidido no pronunciarse sobre la reforma de la Ley de Extranjería.

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de falta de "empatía" y de estar "desnortado" en materia migatoria frente a la política "eficaz" del Gobierno y ha puesto como ejemplo de al jugador de la Selección Española de Fútbol, Nico Williams, cuya familia llegó a España procedentes de Ghana tras saltar la valla de Melilla.

"De que estamos hablando, de una carrera hacia la insolidaridad, hacia el desonocimiento, hacia lanzar mensajes confusos a la ciudadanía, mostrando un total desconocimiento de las competencias cuando la política del Gobierno de España es una política eficaz y ambiciosa, cuando lo que se está poniendo encima de la mesa es una modificación legislativa para que esa solidaridad pase a ser obligatoria", ha indicado Saiz durante su participación en el Consejo General de Economistas.

En este sentido, ha instado a la responsabilidad del Partido Popular par que esté a la altura del Gobierno y "que haga una oposición constructiva en una política de Estado". "Ningún gobernante se puede poner de perfil ante la situación de menores no acompañados que vienen totalmente desprotegidos a nuestro país", ha argumentado la ministra después de recordar las palabras de Nico Williams "el héroe de la Selección Española", en las que contaba "como venían aquí a buscar un futuro mejor y a dar de comer a sus países".

Por ello ha insistido en pedir al PP, al que ha acusado de "inacción", la "solidaridad que ellos piden en Europa". "Que la tengan en el país, en el marco de nuestras fronteras, que no se pongan de perfil, que se está hablando de menores no acompañados, personas absolutamente desprotegidas y vulnerables", ha argumentado.

Por otra parte, Elma Saiz se ha referido al informe de la AiREF sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha asegurado que el Gobierno trabaja ya en algunas de estas mejoras como el plan de accesibilidad a la prestación y un plan de comunicación y ha reprochado a comunidades autónomas del PP como Madrid y Andalucía que hayan reducido el presupuesto dedicado a las rentas autonómicas de protección. "Esto no es una buena noticia, no es un comportamiento adecuado y apelo a la corresponsabilidad porque el IMV no es la única herramienta para conseguir una inclusión plena", ha argumentado.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha anunciado este jueves que su partido, como parte personada en el caso de los ERE, pedirá la abstención de tres magistrados del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que preside el tribunal de garantías. En este último caso, ha indicado que su formación quiere que se aparte de los recursos que afecten a este caso como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Bendodo ha afirmado que el Constitucional "no puede convertirse en un órgano de relectura" o de "revisión de las sentencias" y ha resaltado que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, "confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación".

"Quiera o no el PSOE, el caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España con más de 700 millones de euros de los parados andaluces dedicados a otras cuestiones", ha aseverado Bendodo, quien ha asegurado que "hasta 70 familiares y personas vinculadas con el Partido Socialista se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones".

En este contexto, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha avanzado que su partido reclamará la abstención de tres magistrados del TC. En concreto, solicitará al presidente el TC que se aparte de los recursos que afecten al caso de los ERE para "garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del TC", tal y como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo porque siendo fiscal general del Estado participó en la tramitación del asunto, según ha recordado.

Bendodo ha señalado que Conde Pumpido reconoció en aquel entonces "estar afectado por una causa de incompatibilidad" y con su abstención se garantizaba la imparcialidad del Tribunal Supremo. "¿Por qué se abstuvo entonces y ahora no, siendo la misma causa y los mismos condenados?", se ha preguntado, para añadir que "la falta de congruencia es palmaria y es cuestión de números y votos".

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias cree que las investigaciones extrajudiciales a cargos electos de Podemos por orden del Ministerio del Interior en 2015 y 2016, cuando se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de la formación, quedarán "en impunidad después del regalo que le ha hecho el PSOE al PP" al acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una entrevista de este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha considerado que con este acuerdo, los socialistas están "dando legitimidad a la derecha mediática", por lo que ve con escepticismo que prospere la causa abierta por Podemos para denunciar el caso.

El también exvicepresidente del Gobierno ha criticado que en España hay sectores de la policía, la judicatura, la política y los medios de comunicación "que actúan abiertamente al margen de la ley con notable impunidad para alterar el proceso democrático".

"No es un editorial de un periódico, es la puñetera realidad en la que vivimos, que se va comprobando continuamente", ha insistido Iglesias, que si bien espera equivocarse, no ve posible que un juez sea capaz de meter en la cárcel a un ministro del Interior del PP o, textualmente, a uno de los periodistas mafiosos que difunden bulos.

También ha señalado que los únicos medios que le han llamado para hacer algún comentario al respecto son catalanes, en sus palabras, hecho que a su juicio demuestra que "las cloacas en España tienen una dimensión policial, una dimensión judicial y una dimensión mediática".

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de "incomprensible e injustificable" el rechazo de la Generalitat de Cataluña al reparto de menores migrantes y ha tildado de "miserable" a Vox por amenazar con romper gobiernos autonómicos por esta cuestión, si bien duda de su determinación de romper esas coaliciones.

También ha urgido a registrar ya la reforma de la Ley de Extranjería, para pautar una solidaridad obligatoria de menores extranjeros no acompañados, y ha cargado contra las contradicciones del PP, que un día pide "sacar a las Fuerzas Armadas" contra la migración y al otro acepta un acuerdo de acogida.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Errejón ha manifestado que el acuerdo de reparto entre las comunidades es "muy rácano", que supone en el caso de las autonomías acoger una media de 30 menores.

Al respecto, ha denunciado que también hay que ser "miserable" y "mala persona" por lanzar el aviso de romper gobiernos autonómicos por la acogida de una treintena de menores, en referencia a Vox. Eso sí, ha matizado que la posibilidad de que Vox deje sus "chiringuitos" tiene que verlo, porque hasta ahora eso no ha pasado durante toda su trayectoria política.

Respecto a la oposición de la Generalitat de Cataluña de oponerse a ese reparto, Errejón ha respondido que es "absolutamente incomprensible e injustificable". También ha opinado que ve "muy incómodo" al PP en la parcela migratoria, dado que un día pide la intervención del Ejército y al siguiente el Gobierno de Canarias, del que participa el PP, demanda solidaridad al resto para acoger a menores migrantes. "Es una contradicción flagrante", ha zanjado.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha mostrado este jueves "muy tranquila" ante la posibilidad de que Vox pueda romper el pacto de gobernabilidad que mantiene con el PP en la región, respecto del que ha asegurado que están "cumpliendo escrupulosamente".

Guardiola ha recordado que el acuerdo de gobernabilidad que PP y Vox firmaron tiene 60 puntos, en los que "no se contempla absolutamente nada que tenga que ver con la migración y con atender a estos menores", ha señalado a preguntas de los periodistas este jueves en Cáceres sobre la posibilidad de que Vox rompa el pacto con el PP que mantiene en cinco gobiernos autonómicos.

En su intervención, María Guardiola ha reafirmado que el PP "cumpliendo escrupulosamente" este acuerdo con Vox, y "es lo que vamos a seguir haciendo", tras lo que ha señalado que los políticos debe velar "por el interés de nuestra región y de todos los extremeños", frente a lo que ha señalado: "Yo no sé si en este caso Vox estará pensando en eso o va a estar obedeciendo órdenes de su partido a nivel nacional".

Así, Guardiola ha reiterado que desde el PP no han "incumplido ningún punto de nuestro acuerdo de gobernabilidad", tras lo que ha considerado que "para romper un acuerdo yo entiendo que lo que se tienen es que incumplir las normas que nos hemos dado conjuntamente, y en este caso en Extremadura no ha pasado", ha dicho.

Por este motivo, "quien quiera romper, si es que es así, tendrá que dar sus explicaciones", ha destacado Guardiola, quien ha asegurado que no tiene más información que la que publican los medios de comunicación, y que, en el caso de Extremadura, "Vox no ha manifestado absolutamente nada" sobre su intención de romper el acuerdo o no.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido este jueves la culpa de la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en las comunidades autónomas a una decisión "unilateral" de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, e insta a los populares a dar "explicaciones".

En declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Congreso tras el visto bueno de las autonomías del PP al reparto de menores migrantes no acompañados, Abascal ha acusado a Feijóo de "intentar desde el principio impedir los pactos regionales" con su formación tras las elecciones del 28M "y no parar hasta conseguirlo".

Por ello, y tras insistir en que Feijóo y el PP representan "una estafa", les ha instado a dar "explicaciones a sus electores" porque los de Vox "comprenden perfectamente" su postura. A renglón seguido, se ha ceñido a la reunión que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) mantendrá esta tarde para dar detalles de la ruptura. Fuentes de Vox matizan que la quiebra de los acuerdos no afecta a los ejecutivos locales.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, considera que el presunto espionaje a diputados de Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy supone un uso "impresentable" de los aparatos del Estado, aunque ha rechazado la exigencia de los morados de romper el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"No vamos a mezclar churras con merinas", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al ser interrogado por la petición de Podemos, que pide que se revoque el acuerdo con el PP después de que se publicase que fueron espiados.

López expresa su rechazo a esas prácticas y las tilda de "corrupción sistémica" del PP, por "utilizar los aparatos del Estado de manera absolutamente impresentable e irracional pero considera que no tiene que ver con el acuerdo alcanzado recientemente. "Otra cosa es que hay un acuerdo para renovar el CGPJ después de cinco años de no cumplir la Constitución", ha remarcado.

Además, López ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en la víspera criticó la detención del productor musical Nacho Cano y lo tildó de "estalinismo" y dice que es el PP el que cae en estas prácticas. "Me hace gracia cuando ayer escuchaba decir a alguien que este era un Gobierno estalinista, cuando fue el partido que puso en marcha esto que llaman policía patriótica dedicada a espiar a adversarios políticos para debilitarlos y para atacarlos", ha lanzado.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este jueves que España tiene una política migratoria que "no respeta los derechos humanos". "Lo que me preocupa es que España tiene una política migratoria que en estos momentos no respeta los derechos humanos y que está sometiendo a una grave vulneración de derechos a los niños y las niñas migrantes", ha asegurado Belarra en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

Sobre el reparto de menores migrantes que se debatió este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a su juicio, tiene que existir una "corresponsabilidad obligatoria" por parte de las comunidades autónomas.

En todo caso, Belarra ha recalcado que los menores migrantes no acompañados "tendrían que estar en el centro de la discusión en las mejores condiciones posibles". "El verdadero debate es que en España tenemos una política migratoria que vulnera los derechos humanos", ha subrayado.

En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este miércoles, Gobierno y comunidades autónomas aprobaron el reparto voluntario de 347 menores migrantes, con una dotación de 20 millones de euros. Se trata de un cupo acordado en 2022 y que no corresponde a la emergencia migratoria actual.

Además, en el encuentro se abordó la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados a los territorios. Precisamente, las comunidades autónomas del PP decidió no pronunciarse sobre esta cuestión porque quieren analizar el texto y consideran que no tienen competencias y tiene que votarse en el Congreso.

El vicepresidente del Ejecutivo murciano y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, no han acudido este jueves a la reunión semanal del Consejo de Gobierno después de que Vox -partido al que pertenecen- haya dado por rotos los pactos en las comunidades en las que gobiernan con el PP.

En concreto, Antelo y Pancorbo no han acudido a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno que se celebra semanalmente en el Palacio de San Esteban -sede del Ejecutivo-, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de Vox y de la Administración regional.

No obstante, la reunión del Consejo de Gobierno se ha celebrado igualmente, según fuentes del Ejecutivo murciano. A la reunión no han acudido ni Antelo ni Pancorbo, a pesar de que solo el primero estaba citado al Comité Ejecutivo Nacional que Vox ha convocado de urgencia este jueves para acordar "los próximos pasos" tras dar por rotos los pactos de gobierno con el PP en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

Cabe recordar que Vox ha adoptado esta decisión después de que los de Alberto Núñez Feijóo acordaran este miércoles con el PSOE el reparto de más de 300 menores migrantes no acompañados a los territorios desde Canarias.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este jueves que la derivación voluntaria de 347 menores migrantes de Canarias a otras comunidades autónomas aprobada ayer en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud es un "bendito parche" porque van a ser atendidos con dignidad pero ha dejado claro que urge la reforma de la ley de extranjería para que se haga de forma obligatoria.

"Ya no sabemos que hacer", ha señalado en una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press en la que ha reclamado a PSOE y PP que alcancen un "pacto de Estado" para dar solución a un problema estructural que afecta ahora a Canarias pero que en el futuro puede impactar en otras comunidades autónomas.

Clavijo ha dado un "aprobado raspado" a la sectorial de este miércoles y ha valorado que "el tono fue bastante positivo" y todas las comunidades se "solidarizaron" aunque entiende que la distribución voluntaria "no es la solución" porque además el proceso administrativo es "muy complejo" y no es inmediato.

Ha reconocido que en Canarias han pecado de "colapso" y puso como ejemplo el centro de menores que algunas comunidades visitaron este miércoles en Tenerife, con capacidad para casi 300 personas y que en su día fue construido por el Cabildo para albergar palomas.

"Acabas contando literas y plazas, no niños y niñas. Corremos el riesgo de deshumanizarnos", ha señalado, subrayando que en el hospital de El Hierro la comunidad tiene bajo tutela a dos niñas en shock psicológico que llegaron en cayuco el pasado fin de semana y vieron como sus padres eran tirados por la borda en el mar tras fallecer.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que no cree que Vox sea capaz de romper los pactos de coalición con el PP en comunidades autónomas y lo ha enmarcado en una "soflama" y una "cortina de humo" para tapar el debate de que en España despliega actualmente una política migratoria que no respeta los derechos humanos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, después de Vox haya acusado al PP de romper los acuerdos de gobierno que comparten en cinco comunidades autónomas por el reparto de migrantes no acompañados acordado en la conferencia sectorial de Tenerife y ha anunciado que celebrará hoy, a las 18.30 horas, una convocatoria urgente y extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para acordar "los próximos pasos".

Belarra ha criticado que, más allá de esta cuestión, lo que le preocupa es que la política migratoria en España no respeta, a su juicio, los derechos humanos y en especial los de los menores migrantes.

Desde su punto de vista y en alusión a la reforma de la Ley de Extranjería, la secretaria general de Podemos ha demandado desplegar una corresponsabilidad obligatoria por parte de las comunidades autónomas para que se acoja a esos niños y que no puede estar en discusión que se les otorgue las mejores condiciones. Eso sí, la también diputada del grupo mixto ha criticado que el PP y PSOE tengan una "política migratoria tan similar".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, augura que Vox hará un "mixto" y decidirá si rompe o no sus gobiernos autonómicos con el PP en función de "la cartera", pero, en todo caso, ha apuntado que "manda bemoles" que sea Vox y no los de Alberto Núñez Feijóo quienes barajen esa hipotética ruptura.

En declaraciones en los pasillos del Congreso preguntado sobre el futuro de esos pactos autonómicos, Rufián ha señalado que todo dependerá si a Vox "le puede más la cartera que la boca" y ha pronosticado que "quizás rompan en algún sitio y donde cobran realmente no romperán".

"Lo llevan diciendo mucho tiempo y yo lo tengo que ver todavía", ha apostillado, antes de poner el énfasis en que sea Vox el que se plantee romper con el PP y no al revés.

En este contexto, ha destacado que el presidente francés, Emmanuel Macron, que "quizá sea más de derechas que Feijóo", no imita a la ultraderecha gala como, a su juicio, sí hace el PP. "Creo que es una desgracia para este país y que desgraciadamente pasa porque en este país fue el único en el que ganó el fascismo hace ya muchos años", ha concluido.

El PSOE se ha mostrado "encantado" con la previsible ruptura entre Vox y PP en las comunidades autónomas en las que gobiernan, alegando que sería "perfecto" que la "extrema derecha" no esté en los Ejecutivos regionales y no pueda seguir aplicando "sus políticas", incluso si perjudica al argumentario de los socialistas.

Así lo ha afirmado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que se ha congratulado de la posibilidad de que en España "pase como en Francia" -donde hay un cordón sanitario contra la formación de Marine Le Pen-, y la ha calificado como "política y socialmente perfecto".

López ha rechazado que una ruptura entre PP y Vox deje "sin argumentos" a los socialistas, que usualmente arremeten contra los de Alberto Núñez Feijóo por sus pactos con la formación de Santiago Abascal, y ha asegurado que el PSOE "estaría encantado de no tener argumentos por esa parte".

"Lo que me preocupa de verdad es cuando gobierna esa extrema derecha y aplica sus políticas como estamos viendo en muchas comunidades de este país. Eso es lo verdaderamente preocupante, no el argumentario del Partido Socialista", ha proseguido diciendo el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, recordando que puedan critican al PP "por otras cosas", ya que "no tienen propuestas" y sus políticas "no ayudan a la ciudadanía".

Por lo tanto, si PP y Vox rompen, los socialistas lo verían "perfecto para la vida de la política española y para la vida de los ciudadanos". Además, López ha compartido su confianza de que fuera más fácil llegar a acuerdos con las comunidades gobernadas por los populares sin la presencia de los de Abascal.

La eurodiputada por Podemos, Irene Montero, ha tachado de "auténtico golpe a la democracia" las investigaciones extrajudiciales a cargos electos de Podemos por orden del Ministerio del Interior en 2015 y 2016, cuando se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de la formación.

"Lo que han hecho es modificar los resultados electorales, modificar el voto de la gente a través de una estrategia, de una persecución política que también se ha hecho contra las formaciones independentistas", ha denunciado la también exministra de Igualdad en una entrevista de este jueves en Rac1 recogida por Europa Press.

Ha sostenido textualmente que, durante aquellos años, se desplegó una guerra mediática y judicial "por tierra, mar y aire" contra Podemos para acabar con la confianza de millones de personas en una fuerza política capaz de transformar las cosas.

"No sé qué fuerza política seguiría viva, porque al presidente del Gobierno, en cuanto le han empezado a tocar, y mira que el PSOE es un partido de régimen, se ha tenido que tomar 5 días para pensarse si merecía la pena", ha apuntado Montero en referencia a la carta del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Asimismo, ha reivindicado que a pesar de todo, en sus palabras, Podemos ha conseguido sacar adelante una Ley Trans, una Ley de Vivienda y subir el salario mínimo: "Las cosas pueden cambiar, a pesar del gran coste político que supone".