El doble discurso del PP en turismo: barra libre en Génova, medidas de control en sus ayuntamientos

El turismo se ha consolidado como la primera industria del país. Representa alrededor del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y sigue encadenando récords. En 2023, el país recibió más de 84 millones de turistas internacionales. Este 2024 se prevé superar el número de llegadas y que la economía aumente, todavía más, su dependencia del turismo. En paralelo a este fenómeno —que no es nuevo pero sí cada vez más masivo— se suceden polvaredas levantadas a golpe de propuestas como la lanzada por el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, de cobrar por visitar la Plaza de España de la ciudad; o de manifestaciones multitudinarias contra la masificación como las promovidas en Canarias, Baleares o Málaga, en Andalucía. Entidades ciudadanas de distintos puntos de España se están organizando en red para tratar de combatir el modelo turístico actual, cuyas consecuencias sufre la población local.

Lo cierto es que las principales ciudades españolas asisten desde hace años a un proceso de gentrificación y turistización que está provocando la expulsión de los vecinos de sus barrios ante los precios abusivos y arrasando el comercio tradicional. El arrendamiento estable está siendo sustituido por un mucho más lucrativo alquiler turístico discontinuo. Esto ha llevado a las autoridades de ciudades como Palma de Mallorca o de Ibiza a lanzar un SOS ante el déficit de sanitarios, docentes y policías, disuadidos de trabajar en la isla por la desmesura del alquiler. Gobierne la derecha o la izquierda, los ayuntamientos de estas ciudades masificadas, especialmente en la temporada estival, están tomando la iniciativa para tratar de ponerle coto al turismo masivo.

Así lo están haciendo ciudades como Barcelona, donde gobierna el socialista Jaume Collboni, que prevé recuperar 10.000 viviendas turísticas de la ciudad en noviembre de 2028 para destinarlas a uso residencial aplicando un decreto ley aprobado por la Generalitat, que regula esas edificaciones. El objetivo del consistorio es que a partir de 2029 desaparezca la figura de la vivienda turística. Pero también municipios gobernados por el Partido Popular como València, Palma, Málaga o Madrid, que abogan por establecer medidas de control —como limitar el número de viviendas turísticas o de cruceros— pese a que la dirección del Partido Popular rechaza cualquier tipo de “intervencionismo” en las políticas de vivienda porque, a su juicio, provoca mayor escasez y su solución ante los problemas derivados del turismo masivo es construir más, el mismo modelo del bum inmobiliario que acabó colapsando el mercado.

Génova clama contra la “turismofobia” y se opone a cualquier “intervencionismo” por parte de las administraciones

Para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el problema del turismo masivo no son las consecuencias que tiene sobre la población local, sino sobre el propio turista. Así, asegura que hay una “turismofobia” promovida por el Gobierno central que “produce inseguridad y desconfianza”. Recientemente, en un acto con empresarios catalanes, volvió a incidir en esa idea y aseguró que “la turismofobia” que se había tratado de extender desde allí a otras comunidades era “el principal problema del turismo” e incidió en que nuestro país es “uno de los mejores para invertir” en vivienda. Sin embargo, los datos desmienten al líder conservador, ya que, según el primer barómetro municipal de 2024, los vecinos de la ciudad condal están cada vez más preocupados por los efectos que genera el turismo, hasta el punto de ocupar la tercera posición en la lista.

La responsable de vivienda en Génova, Paloma Martín, culpa directamente a la ley de vivienda del incremento de los pisos turísticos, pese a que solo la está aplicando Cataluña y el fenómeno se extiende por todo el territorio español. Sin embargo, Martín sostiene que “cuanto más interviene el mercado, más incrementan los precios” y se muestra abiertamente en contra de medidas como que no se concedan licencias de viviendas turísticas, de la tasa turística y de la limitación de los cruceros que hacen escala en ciudades españolas, que están llevando a cabo ayuntamientos del PP. Medidas como la tasa turística ha encontrado siempre con fuertes resistencias políticas y de las organizaciones empresariales, pese a que se aplica en la mayoría de los principales destinos europeos, sin que se haya constatado el menor impacto negativo en su capacidad de atracción de visitantes.

La formación conservadora ha abogado históricamente por dar barra libre al turismo, destacando siempre los beneficios que comporta a nivel económico y obviando los perjuicios que cada vez están saliendo más a la luz. En el programa de las generales del pasado año alertaban más de los supuestos riesgos que genera la okupación, uno de sus temas más recurrentes cuando se trata de vivienda, y abogaban por un pacto de Estado, con comunidades y ayuntamientos, para construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente, pero sin entrar en detalle de cómo hacerlo.

De Palma de Mallorca a València: el PP aplica en sus ayuntamientos políticas de control frente al turismo masivo

En Palma de Mallorca, el pasado mayo, el PP, que ostenta el gobierno municipal, aprobó ampliar la prohibición del alquiler turístico en Palma a unifamiliares entre medianeras en barrios saturados de la ciudad a propuesta de Podemos.  El equipo de gobierno también avaló “estudiar” la prohibición total de esta actividad en todo el municipio de Palma y una subida de la tasa de residuos a las viviendas que se destinen a alquiler vacacional. Para dar luz verde a la “prohibición del alquiler turístico en viviendas unifamiliares entre medianeras en barrios saturados de la ciudad”. Hay que recordar que esta actividad ya está prohibida en pisos, aunque la oferta ilegal está descontrolada.

También ese mes la alcaldesa de València, la popular María José Catalá, consciente de la situación particular de la ciudad que ella conduce, anunció dos medidas concretas para luchar contra el turismo masivo: veto a los megacruceros y moratoria de un año a los apartamentos turísticos. Catalá justificó su postura con los megacruceros en el hecho de que este “no es el modelo turístico” por el que apuesta la ciudad. La alcaldesa indicó que sí que se permitirán los cruceros “más reducidos y de otro perfil que generan riqueza a la ciudad”.

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Se mira también hacia Andalucía. En Málaga, ciudad que lidera con un 70%, junto a Barcelona, la ocupación de estos pisos para la actual temporada de verano, seguidas de Valencia (67%) y Madrid (38%), según datos de GuestReady, el ayuntamiento va a limitar el registro de más viviendas para acoger visitantes en la ciudad. Se hará gracias a una ordenanza que regulará la zonificación en las áreas y barrios más saturados y que establecerá condiciones que no podrán saltarse las viviendas turísticas como puntos “de acceso y evacuación adecuados independientes de los del resto del edificio”, o instalaciones generales “autónomas” de luz, agua, teléfono, etcétera.

Mientras en Granada se va a utilizar un decreto del Gobierno andaluz para frenar los pisos turísticos, el Ejecutivo local de Sevilla, siendo del mismo signo político, del PP, ve “imposible” esa senda para lograr la moratoria total que reclama la oposición para no aprobar nuevas licencias de viviendas turísticas hasta que se alcance una posición definitiva. Por ahora no hay acuerdo. Además, la Junta, presidida por el conservador Juanma Moreno, se ha negado a facilitar la incorporación de una tasa turística que ayude a financiar el coste de la huella del turismo en sus ciudades. Pero cada vez más alcaldes de su signo político se muestran favorable a una medida de ese tipo.

En Madrid, el equipo que capitanea el popular José Luis Rodríguez-Almeida ha decidido suspender la concesión de licencias en la capital, mientras trabaja en la elaboración, tramitación y aprobación de una variación del Plan General, lo que, estiman, se prolongará hasta el primer trimestre de 2025. La oposición reprocha al Gobierno local que no haga nada contra los miles de pisos turísticos ilegales que salpican Madrid, pese a haber anunciado que se endurecerían las multas, y desde el consistorio abogan por mantener un “equilibrio” entre el derecho de los vecinos al descanso y la actividad económica.