La doble vara del CGPJ: mudo con los chats del presidente de la Audiencia Nacional e implacable con Podemos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pasa de puntillas por una de las últimas derivadas vinculadas al caso Kitchen. La Comisión Permanente, núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces, ha decidido este jueves ponerse de perfil en relación con el cruce de mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional y el ex número dos de Interior en plena investigación de la causa centrada en la operación de espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. Una postura que contrasta con la dureza del propio órgano constitucional, en funciones desde hace cuatro años, ante polémicas declaraciones públicas realizadas tanto por miembros del Gobierno –en concreto, por su ala morada– y otros cargos institucionales como por algunos integrantes de la propia judicatura.

El ex número dos de Interior Francisco Martínez y el jefe de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, intercambiaron durante casi un año mensajes en los que el primero pedía al magistrado información relativa a la investigación en su tribunal sobre la supuesta operación de espionaje urdida contra el extesorero conservador para hacerse con pruebas que pudieran incriminar al PP en Gürtel. Martínez pidió consejos, detalles sobre interrogatorios o un auto para poder preparar su "defensa". Entonces, las pesquisas eran secretas. Navarro ni cortó la comunicación ni se negó a las peticiones, limitándose a responder con frases como "me entero y te digo" o "te cuento en cuanto sepa".

Aunque se disponía de toda esa información desde hace casi tres años, la cadena de mensajes, registrada entre el 14 de febrero de 2019 y el 23 de enero de 2020 y desvelada por la Cadena Ser, no se incorporó al sumario hasta hace pocas semanas. Y a pesar de que el presidente de la Audiencia Nacional haya negado haber facilitado información alguna al ex número dos de Interior, lo cierto es que el asunto ya se abordó de manera informal la pasada semana en el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, el Poder Judicial decidió incorporarlo oficialmente en el orden del día de la Comisión Permanente de esta misma semana. El objetivo, hacer una "valoración" de las "informaciones periodísticas" que se habían ido sucediendo.

Del encuentro, no obstante, no ha salido más que un párrafo en el que el CGPJ se desentiende del asunto: "Teniendo presente que no se ha presentado ante este Consejo denuncia, queja o solicitud alguna, la Comisión Permanente considera, a la vista únicamente de la información periodística de la que se ha tenido conocimiento, que nos encontraríamos ante una cuestión jurisdiccional, reservada para las partes, sobre la que este órgano constitucional carece de atribución alguna". Es decir, deja todo en manos de los posibles afectados, que son a quienes corresponde decidir si lo ponen o no en conocimiento de los tribunales. Por el momento, ya lo ha hecho el exchófer de Bárcenas, procesado en Kitchen, que considera que Navarro pudo obstaculizar la investigación.

Un asunto prescrito

Desde el órgano de gobierno de los jueces, cuyo pronunciamiento se ha producido por unanimidad, explican que no tenían margen de maniobra para abrir ningún tipo de investigación. Si el caso se hubiera enviado directo al Promotor de la Acción Disciplinaria, éste no habría tardado en darle carpetazo. Básicamente, porque la posible infracción cometida ya estaría prescrita. El artículo 416 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses". Y el último mensaje de la cadena está fechado a finales de enero de 2020, justo cuando el magistrado instructor de Kitchen, Manuel García Castellón, decidió imputar a Martínez. Es decir, hace más de tres años.

Pero el órgano de gobierno de los jueces tampoco ha aprovechado la reunión de la Comisión Permanente para emitir ningún tipo de comunicado valorando el contenido de los chats conocidos o pronunciándose sobre la actuación del jefe de la Audiencia Nacional. Algunas fuentes pulsadas dentro del Poder Judicial rechazan que se deba hacer cualquier pronunciamiento de este tipo cuando se trata de "un tema jurisdiccional que además está sometido a la reserva del sumario". Es más, ni siquiera entienden que el asunto se haya metido en el orden del día sin que existiese "petición" alguna, lo que califican de "insólito e inaudito". "¿Para qué se ha incluido, sin que nadie lo pida, si ya se sabía que el examen era imposible?", se pregunta uno de los vocales.

El Consejo General del Poder Judicial no ha dudado en los últimos años en recurrir en múltiples ocasiones a la vía del comunicado para reprender públicamente a cargos institucionales e, incluso, a algunos miembros de la judicatura. La única diferencia es que en este caso todo parte de unas conversaciones privadas de Whatsapp incluidas en un caso que se encuentra judicializado, no de unas declaraciones públicas realizadas en redes sociales o en entrevistas con medios de comunicación.

Media decena de reproches a los morados

Varios de estos comunicados se han dirigido contra el ala morada del Gobierno, la que representan los miembros de Unidas Podemos. En enero de 2020, la Comisión Permanente lanzó una declaración institucional apelando a la "moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional" para evitar la "utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad o la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el poder judicial". Un escrito con el que se respondía a unas declaraciones en Antena 3 del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que señalaba que el hecho de que tribunales europeos "quiten la razón a algunos jueces españoles" dejaba en "mal lugar" a "nuestra justicia".

Este no fue el único encontronazo con quien fuera número dos del Ejecutivo. Un par de meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenaba a la diputada morada Isabel Serra por un delito de atentado durante la protesta contra un desahucio. Iglesias criticó la decisión: "Me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso". Y, de nuevo, la Permanente emitió un duro comunicado: "Estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales".

Aquel mismo verano, el núcleo duro del Poder Judicial lanzó un tercero. En esta ocasión, no tenía destinatario concreto, pero su emisión coincidió con las críticas de algunos dirigentes de la formación de izquierdas a la decisión del juez Juan José Escalonilla de imputar a Podemos en el marco del conocido como caso Neurona. La Comisión Permanente recordaba que "el respeto a la independencia" de la justicia "es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia" y que la "confianza de los ciudadanos" en dicha independencia "es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos". En aquella ocasión, el comunicado contó con el voto en contra de tres de los vocales progresistas.

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También la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la de Igualdad, Irene Montero, han sido objeto de reprimendas por parte del CGPJ. La primera, por cargar, utilizando el término "prevaricación", contra la sentencia del Supremo que condenaba al diputado morado Alberto Rodríguez. La segunda, por las críticas sobre la aplicación de la llamada ley del solo sí es sí. "Estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados", rezaba el primer comunicado, que salió adelante con el voto en contra de los tres vocales progresistas.

Pero no solo los miembros del Ejecutivo central han recibido tirones de orejas públicos por parte del órgano de gobierno de los jueces. En febrero de 2018, la Comisión Permanente también reprochó al entonces presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, el discurso dado durante una entrega de premios en el Colegio de Abogados de Barcelona, en el que hizo referencia a la existencia de "presos políticos" en España. "Afirmar la existencia de presos políticos, y en especial por un representante institucional, es una descalificación muy grave de la función judicial, que trasciende al propio Poder Judicial, atacando frontalmente a nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la Ley", respondió la Permanente, reunida en sesión extraordinaria un sábado.

El CGPJ también ha reprochado en los últimos años declaraciones a miembros de la judicatura. En mayo de 2020, por ejemplo, el presidente del órgano envió una carta al jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, en la que le afeaba que hubiera acusado al Ejecutivo de utilizar "la paralización de un país para fines distintos que salvar a la gente de la enfermedad". Unos meses después, el mismo magistrado volvería a estar bajo el foco por decir que la democracia estaba "en solfa" por la presencia del Partido Comunista en el Gobierno y por comparar a esta formación con los nazis. En ambos casos, se libró de sanción. El Poder Judicial consideró que sus palabras se encontraban amparadas en el derecho a la libertad de expresión.