La empresa que debía vigilar un contrato acabó cobrando medio millón más del Gobierno de Madrid por incumplimiento de contrato

El listado oficial del que informó este martes infoLibre y que confirma cómo la sanidad pública madrileña tuvo que pagar a golpe de sentencia 66 millones en un solo año, 2015, por litigios perdidos contiene una paradoja de importe relativamente modesto para las magnitudes usuales pero de alto voltaje en cuanto a significado. Y esa paradoja podría resumirse así: la empresa a la que la sanidad madrileña encargó supervisar la ejecución de un contrato público acabó cobrando del Gobierno autonómico medio millón más de lo pactado precisamente porque los tribunales entendieron que la Comunidad de Madrid no se había ajustado a lo que estipulaba aquel contrato de supervisión. 

Aquí, el demandante fue la compañía Gerens Hill Internacional SA (ahora denominada Hill International Spain SA), a la que el Servicio Madrileño de Salud había encomendado supervisar ("monitorizar") la ejecución de las obras del nuevo hospital Puerta de Hierro en el municipio de Majadahonda, licitadas en 2004. El contrato de supervisión era para 24 meses. Pero como las obras se demoraron, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) también impuso –eso dice la sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), que puedes leer pinchando aquí– a Gerens Hill que mantuviera activa la monitorización otros ocho meses. Y luego se negó a abonarle la factura presentada por ese periodo. En abril de 2012, saldar esa deuda habría representado para la Administración madrileña un desembolso de 327.468 euros. En 2015, la cifra casi se había doblado: el pago costó al erario autonómico 511.963 euros. Por error –aseguran los portavoces oficiales de la Comunidad– el abono a Gerens Hill aparece por partida doble y con una ligera diferencia numérica –cuestión de intereses de mora e intereses compuestos– en la relación de pagos facilitada por el Gobierno de Cristina Cifuentes al PSOE a instancias de la diputada Pilar Sánchez Acera. 

El Puerta de Hierro es uno de los hospitales de cuya privatización de servicios no sanitarios hizo bandera Esperanza Aguirre como ejemplo de un nuevo modelo que, teóricamente, había de aumentar la eficiencia del sistema en todos los planos: incluido el económico. En el listado de pagos efectuados en 2015 por imperativo judicial sus gestor, Hospital de Majadahonda SA, figura entre los grandes beneficiarios de los pleitos perdidos por la sanidad pública madrileña: en este caso, la factura ascendió a 12.912.878 euros. La disputa sobre si el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) podía deducir del canon anual el coste de los trabajadores públicos transferidos a aquel hospital y cuya nómina seguía pagando es lo que guía este pleito. Y lo ganó Hospital de Majadahonda SA.

El Puerta de Hierro toma su nombre del histórico hospital emplazado en esa señorial zona de Madrid, aunque en realidad el actual edificio se levantó partiendo de cero en un nuevo emplazamiento: el boyante municipio de Majadahonda, situado a 20 kilómetros al noroeste de la capital.

Desde el principio, la privatización fue por tanto doble: a cambio de la construcción del hospital, el concesionario se hizo con la gestión de los servicios no sanitarios y el Gobierno de Madrid ni siquiera se reservó la misión de vigilar que esos servicios se cumplían siguiendo milimétricamente la letra del contrato. También eso lo "externalizó", por utilizar el término con que los responsables políticos del PP han eludido año tras año el verbo privatizar. ¿No dispone la Comunidad de Madrid de ingenieros capaces de tutelar el proceso de construcción de un hospital? Los portavoces de la Consejería de Sanidad responden que, desde luego, no ese departamento. ¿Tampoco la Consejería de Infraestructuras? Eso, dicen las fuentes consultadas, lo ignoran.

Gerens Hill no solo se hizo con el contrato de supervisión de las obras del Puerta de Hierro sino que hoy aparece como un clásico en la "monitorización" de las obras de hospitales sujetos a concesión en Madrid. En octubre de 2011 se alzó por 1,8 millones con la adjudicación para supervisar los trabajos en siete hospitales [puedes verlo aquí].  En junio de 2016, obtuvo otro contrato, este por 1,95 millones [pincha aquí] e igualmente destinado a "monitorizar la prestación de los servicios no sanitarios en los hospitales gestionados en régimen de concesión". Este diario no ha logrado encontrar ni en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid ni en el Boletín Oficial de Madrid (BOCM) la cuantía ni la fecha de aquel primer contrato sobre vigilancia de la construcción del Puerta de Hierro que acabó en la condena de los 511.963 euros. infoLibre ha solicitado esos datos a los portavoces oficiales de la Consejería de Sanidad.

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En qué fecha exacta de 2015 ingresó Gerens Hill aquellos 511.963 euros de 2015 derivados de la pugna en torno a Puerta de Hierro es un dato que tampoco figura en la respuesta parlamentaria ofrecida por el Gobierno al PSOE. Los ítems que incluye esa nómina –beneficiario del cobro e importe– son muy exiguos. De hecho, faltan los importes abonados a las concesionarias de tres hospitales privatizados así como los correspondientes a algunos otros pleitos que se presumen de menor envergadura. Pero a los socialistas el solo hecho de que la recortada sanidad madrileña tuviera que afrontar en un año el abono de al menos 66 millones por litigios perdidos les resulta "absolutamente escandaloso", en palabras de José Manuel Freire, parlamentario y experto en gestión sanitaria.

Freire ya ha pedido el listado de pagos efectuados por la sanidad pública madrileña en cumplimiento de sentencias firmes por demandas perdidas durante el periodo 2011-2016. Pero esta vez el diputado no se conformará con recibir una ristra de sumandos junto al nombre de la empresa receptora del dinero. "Queremos saber todo lo relacionado con esos pagos", proclama el diputado. Y eso incluye desde cuál fue el motivo que originó cada desembolso a la fecha de inicio del contencioso en cuestión pasando por una explicación de en qué consistía el contrato sujeto a pleito y otra sobre quién defendió, si la Abogacía de la Comunidad o un bufete externo, los intereses de la sanidad pública madrileña en cada proceso judicial.