El enfrentamiento político se traslada a las víctimas en el segundo aniversario de los atentados de Cataluña

Unas víctimas enfrentadas, una tragedia inundada por la política y un juicio pendiente. Eso es lo que queda cuando se cumplen dos años del doble atentado yihadista en Cataluña que acabó con la vida de 16 personas y dejó heridas a otras 137 en Barcelona y en Cambrils. Al igual que hace 12 meses, este sábado las víctimas tendrán su homenaje, pero con un matiz. Habrá dos actos. Uno a las 10:00 horas organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Unitat d'Atenció y Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT); y otro una hora y media más tarde promovido por la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT).

Pero esta división no es casual, sino política. UAVAT entiende que el Ministerio del Interior ha dejado "abandonadas" a las víctimas. En cambio, José Vargas, presidente de ACVOT, acusa al Consistorio barcelonés y a UAVAT de estar relacionados con el independentismo y critica la institución dirigida por Ada Colau exigiera al Congreso de los Diputados abrir una comisión de investigación para esclarecer las supuestas relaciones entre los ataques y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre las que informó el diario Público.

Tras publicarse estas noticias, los partidos independentistas comenzaron a pedir explicaciones. ERC y JxCAT acusaron al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de falta de transparencia. "No podemos entender por qué hay gente que tiene miedo a saber estas y otras muchas preguntas. No podemos dar por bueno el silencio", dijo la portavoz de JxCAT, Elsa Artadi, el mismo día que se aprobó la proposición para solicitar la comisión, el pasado 5 de agosto. Desde el Ejecutivo central, no obstante, rechazaron las acusaciones. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, manifestó que la investigación de los atentados se encuentra en el ámbito judicial y que, por tanto, el Gobierno "se atiene y respeta" sus decisiones. "Estamos obviamente cumpliendo todas nuestras obligaciones en cuanto a colaboración, pero estamos a lo que digan los tribunales", dijo. 

El clima político que impera en Cataluña, por tanto, estará presente en los homenajes de este sábado. Pero no será la primera vez. El año pasado, durante los actos del primer aniversario de los atentados, hubo momentos de tensión entre miembros de los CDR y de la Unión Monárquica Española. Los enfrentamientos alcanzaron tanta crudeza que, de hecho, los Mossos d'Esquadra tuvieron que desplegarse para separar a los dos grupos. Eso es algo que, previsiblemente, no ocurrirá esta vez. No obstante, aunque el enfrentamiento no sea visible, continuará estando.

Según explica Vargas en conversación con infoLibre, el Ayuntamiento y la Generalitat no quieren hacer un acto con las víctimas porque no se sienten cómodos. Además, afirma que las víctimas que acudirán al homenaje organizado a las 10.00 horas están "manipuladas". Porque los datos referentes a ellas manejados por UAVAT, dice Vargas, son falsos. Y son, en su opinión, una "manipulación" dirigida a mantener encendida "la llama del enfrentamiento y la confrontación con el Estado español".

El pasado 31 de julio, UAVAT ofrecía una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona para denunciar que el Ministerio del Interior había denegado el 82% de las solicitudes presentadas por los afectados de los atentados del 17A. Por ese motivo, la presidenta de la entidad, Sara Bosch, aseguró que hace falta una reflexión. Muchas de las denegaciones, denunció, se habían producido porque las víctimas no constan "en el listado de heridos aportado por la Generalitat" o porque no había "quedado acreditada su presencia en el lugar de los hechos". 

Vargas, por su parte, tiene un discurso bien distinto. "La gran mayoría de víctimas de ese atentado ya están reconocidas e incluso han cobrado las indemnizaciones correspondientes", asegura. "Lo único que falta", continúa, "es reconocer a otras víctimas pendientes de valoraciones". "Pero no están abandonadas ni nada por el estilo", añade. Eso es sólo un argumento "que está diciendo de forma interesada el Ayuntamiento de Barcelona". 

Fuentes del Consistorio informan a infoLibre que su acto de homenaje no contará con ningún tipo de discurso político. Será, confirman, "un acto muy escueto". No obstante, habrá presencia política. Aunque se limitará a eso, a una presencia. Entre otras personalidades, el Ayuntamiento informa de que acudirá la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el presidente del Senado, Manuel Cruz; regidores de la institución, consellers y diputados del Parlament. Desde UAVAT hacen hincapié en que este sábado es el día de las víctimas, y eso no puede quedar empañado por ningún discurso ni comportamiento "tóxico". "Es su día y vamos a estar con ellos", insisten. Rechazan, de este modo, que los actos de homenaje tengan cualquier matiz político. 

Al organizado por ACVOT, por su parte, está previsto que acudan el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo (PP), y mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana de Barcelona. 

El enfrentamiento político

El pasado 15 de julio, Público difundió la primera información relativa al supuesto vínculo entre el CNI y los atentados. Al día siguiente comenzaron las reacciones. El president de la Generalitat, Quim Torra, y los grupos de ERC y JxCAT reclamaron explicaciones urgentes y una comisión de investigación para esclarecer lo publicado. "Es un escándalo gravísimo. Exigimos explicaciones al Gobierno español y que se asuman las más altas responsabilidades", escribió el líder del Ejecutivo autonómico en su cuenta personal de Twitter. Su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, hizo lo propio. Y las demandas en este sentido se produjeron hasta este mismo viernes, cuando el exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva por el procès, aseguró en una entrevista concedida al diario Ara que lo desvelado por Público "son datos importantes que no se pueden quedar en el cajón". "Están bien fundamentados y requieren una respuesta urgente de los servicios de inteligencia españoles", añadió. Pero la más dura fue la exdiputada de la CUP Mireia Boya: "¿Qué queréis negociar con un Estado que elige un atentado para parar un referéndum? ¿Qué? Explicádmelo", escribió en Twitter. 

Las exigencias de explicaciones llegaron hasta tal punto que el pasado 5 de agosto el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó instar al Congreso de los Diputados a impulsar una comisión de investigación. Una proposición que salió adelante con los votos a favor de ERC, JxCAT y de los comuns. Votaron en contra, por su parte, los diputados del PSC, de BCN pel Canvi —la plataforma de Manuel Valls inicialmente ligada a Ciudadanos—, Ciudadanos y PP. Todas ellas formaciones que rechazaron lo que bautizaron como "teorías de la conspiración". 

Así lo dijo la concejala de los socialistas catalanes, Laia Bonet, que instó a actuar con responsabilidad y pidió alejarse de las teorías de la conspiración y acercarse a las víctimas, las "grandes olvidadas". Valls, por su parte, tachó el pleno de espectáculo y de intento de manipulación de una institución pública. A su juicio, los partidos convocantes de la petición no tenían "ningún interés en clarificar la situación". El portavoz del PP, Josep Bou, fue un poco más allá y pidió la unidad "de todas las fuerzas del Estado y de la sociedad civil" frente al terrorismo. Y Luz Guilarte, portavoz de la formación naranja, calificó el pleno de "espectáculo bochornoso para vincular al Estado con la matanza". 

El Gobierno en funciones, por su parte, rechazó las acusaciones procedentes del sector independentista. Prefieren esperar, aseguró Celáa, a que se resuelva el procedimiento judicial que está en marcha.

Una instrucción casi finalizada

El juicio todavía no ha llegado, pero la instrucción está casi finalizada, según informó Europa Press. Hay tres procesados en prisión: Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza. Todos ellos serán juzgados por varios delitos, pero ninguno por asesinato. El juez de la Audiencia Nacional, que comenzó investigando el caso, procesó el pasado mes de octubre a Oukabir, que presuntamente alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo en Barcelona; a Houli Chemlal, que resultó herido cuando la casa de Alcanar saltó por los aires la noche anterior a los atentados, por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa; y a Said Ben Iazza –detenido en septiembre de 2017 en Vinarós (Castellón)– por un delito de colaboración con organización terrorista por su posible relación con la compra y el traslado del material con el que se fabricó el explosivo conocido como madre de Satán y que se pretendía emplear para atentar en Barcelona.

El magistrado asegura que los tres formaban parte de la célula yihadista, pero considera que no puede atribuir a ninguno de ellos los 16 asesinatos ocurridos en los atentados de Barcelona y Cambrils, como piden las acusaciones populares, ya que no ve indicios suficientes para afirmar que tuvieron una participación directa en los hechos. Quien sí la tuvo fue el conductor de la furgoneta que arrolló a las personas que se encontraban en Las Ramblas de Barcelona ese 17 de agosto. Se trata de Youness Abouyaaquob, quien consiguió escapar a pie del centro de Barcelona, pese a la operación Jaula que la policía había activado para encontrar a los autores del atentado. No obstante, Abouyaaquob robó un coche para continuar con su huida, apuñalando y asesinando antes a Pau Pérez, dueño del vehículo. Este terrorista estuvo en busca y captura durante cuatro días hasta que finalmente los Mossos le encontraron escondido entre unos viñedos cercanos a Subirats (Barcelona). Fue abatido después de que mostrase un cinturón de explosivos, que resultó ser simulado.

Otros cuatro terroristas murieron en Cambrils. La madrugada del 18 de julio, horas después del ataque de Barcelona, un coche con cinco personas en su interior, también con cinturones de explosivos falsos y armados con cuchillos y hachas, esquivaron un control policial y consiguieron entrar en el paseo marítimo de Cambrils. Tras abrir fuego contra ellos, el vehículo volcó y sus ocupantes salieron de él tratando de apuñalar a los transeúntes. Mataron a una mujer. Un agente logró abatir a cuatro de los terroristas y el quinto murió tras resultar herido. Eran Moussa Oukabir, Omar y Mohamed Hychamy, Said Aalla y Houssaine Abouyaaquob, quienes llevaban consigo un pañuelo rojo –como también hicieron los yihadistas de los atentados de París– en honor al conocido como el "guerrero del pañuelo rojo", Abu Dujana, coetáneo del profeta Mahoma, que se cubría la cabeza con esta prenda antes de entrar en combate.

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Además de dejar consecuencias políticas y judiciales, el doble atentado de Cataluña influyó en la manera de entender la seguridad en las ciudades. Chema Gil, director del departamento de estudios sobre terrorismo del Instituto de Seguridad Global, explica en conversación con infoLibre que, aunque antes de ese fatídico 17 de agosto las ciudades ya invertían en medidas de seguridad en aquellas ocasiones donde se preveía una gran afluencia de ciudadanos, estos ataques redoblaron la prevención. Y no sólo en las ciudades, sino también en algunos municipios más pequeños. La explicación radica en que el de Cataluña estuvo precidido por otros atentados fuera de las grandes capitales, como en Niza. "Ahora sabemos que cualquier espacio donde se desenvuelva la vida de los ciudadanos puede ser objeto de ataque", explica. 

"A partir del ataque se Barcelona se toma una mayor conciencia. La seguridad se ha sistematizado más", dice Gil. Y la fórmula más utilizada ha sido la de la colocación de los conocidos bolardos. "Ya no sólo son maceteros, ahora también se usan medios móviles, que permiten agrandar la zona urbana a proteger", continúa. 

Pero lo que no ha funcionado, denuncia, es la prevención de la radicalización. "El Estado dispone de un plan estratégico nacional de prevención de la radicalización violenta de cualquier tipo. Pero sólo el Ayuntamiento de Málaga lo ha desplegado, y entre 12 y 18 consistorios están llevando a cabo algunos avances", explica. Y sin ahondar en las soluciones a largo plazo, es complicada la lucha contra el terrorismo, concluye.