El error y la victoria de Madrid Central: un defecto de forma y un triunfo para la salud que obliga a Almeida a un 'plan B'

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de Ecologistas en Acción contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba Madrid Central por un defecto de forma. Uno de los seis recursos contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBS) de la capital ha salido adelante: concretamente, el planteado por el mismo PP que ahora gobierna el Ayuntamiento. Eso no significa que la ciudad se quede sin la principal medida para combatir su contaminación atmosférica. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que seguirá multando, por lo que el área restringida, por el momento, se queda. El Gobierno municipal no tiene aún preparado su plan para sustituir esta medida antipolución y no se plantea acabar con ella, aún con el Supremo en contra y pese a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, hiciera campaña en 2019 prometiendo poner fin a Madrid Central. 

¿Cómo es que Madrid Central se queda aún con un auto del Supremo que valida la suspensión del TSJM? En principio, el Ayuntamiento tiene dos meses para aplicar la decisión. Pero podría aplicarla ya y dejar de imponer multas, o cambiar la normativa aprobada bajo el mandato de Manuela Carmena por la suya propia. No quiere hacer lo primero, aludiendo a que no es "sentencia firme", pero los ecologistas, personados en la causa, defienden que sí lo es y que "Almeida miente" y lo que no quiere es volver a la "ley de la selva" provocada por su propia acción judicial, asegura el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura. Con la supresión de la ZBS, no habría ningún tipo de restricción en el centro, dado que las Áreas de Prioridad Residencial (APR) vigentes durante el mandato de Ana Botella se integraron. 

El Gobierno municipal de PP y Ciudadanos sigue atado a un Madrid Central contra el que hicieron campaña. Tras las elecciones del 26 de mayo de 2019 en el que consiguieron la alcaldía, acordaron mejorar la zona y no eliminarla, ante las presiones del partido gobernado en el ámbito local por Begoña Villacís. Así, en septiembre presentaron Madrid 360, un plan que, aseguraban, venía a mejorar lo existente. Para Segura, se trata de "la versión del PP de Madrid del Plan A" aprobado por Carmena, que "no es un avance, sino un retroceso". En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones y según lo expresado por el Ejecutivo local, Madrid 360 no supone ningún cambio sustancial. En un primer momento propusieron dejar pasar a los vehículos con la etiqueta ambiental C (los de gasolina matriculados desde 2006 y los diésel desde 2014) con más de dos personas en su interior: pero lo descartaron. Propusieron llevar la estrategia a la ley mediante una Ordenanza de Movilidad Sostenible que saldría adelante "en el primer semestre de 2020". No ha sucedido. 

Ahora se encuentran con un auto del Supremo contrario a la Zona de Bajas Emisiones y ninguna alternativa, ya que la ordenanza no puede salir de un día para otro: necesita pasar por el trámite de información pública, recoger las sugerencias, incorporarlas (o no) y pasar por el pleno. Un proceso que, espera el Ayuntamiento, se pueda concluir antes de esos dos meses con los que cuentan de plazo. Corren para implantar un plan B a Madrid Central muy parecido al Plan A.

En todo caso, Madrid Central, ya sea porque el auto del Supremo acabe imponiéndose o porque sea sustituido, tiene los días contados. A pesar de su eficacia demostrada. 

La Zona de Bajas Emisiones de Madrid, a pesar de lo que argumentaban tanto el PP como Ciudadanos, funciona. No solo en el centro, donde las emisiones de NOx o partículas disminuyeron de manera obvia por el veto a la gran mayoría de vehículos contaminantes. También en la periferia: el descenso de la polución atribuible al área en toda la ciudad fue del 10%. La derecha pronosticó que se producirían atascos (no se produjeron) y que se viviría un "efecto frontera", es decir, el aumento de las emisiones en las zonas conlindantes. Tampoco se tiene constancia de que haya sucedido. Más bien lo contrario: un "efecto contagio".

Otro argumento recurrente por parte del alcalde es que el problema de la contaminación atmosférica es de toda la urbe y no solo de la almendra central, y que Carmena se dejó fuera de su acción la mayor parte de la ciudad. Sin embargo, el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, en donde se integra Madrid Central, ya preveía que los coches más contaminantes, sin etiqueta ambiental, no pudieran entrar en el interior de la M-30. Como una de varias medidas destinadas a toda la capital. Lo único que cambió con Madrid 360 fue el establecimiento de una fecha concreta: enero de 2022.

Este tipo de medidas son comunes en toda Europa. Y en ningún país, como ha recordado la oposición municipal, se ha producido una reversión. Sin embargo, es difícil definir lo que es una "zona de bajas emisiones"; dado que no hay criterios homogéneos. En la mayoría de urbes se decantan por restricciones mucho más laxas pero cuyo perímetro es más amplio. Por ejemplo, París solo veta el acceso a los modelos más antiguos, pero a casi toda la totalidad de la ciudad. Londres cuenta desde 2003 con un sistema de peajes que puede ascender a 12,50 euros si se quiere acceder al corazón de la city. En Berlín, los diésel quedan vetados en 88 kilómetros cuadrados desde 2008, aunque los modelos de gasolina más nuevos sí pueden entrar. 

El modelo madrileño impuesto con Manuela Carmena, según un estudio de Transport & Environment, es el más eficaz contra la polución, al reducirse en un 32% los niveles de dióxido de nitrógeno. Ninguna ciudad europea ha alcanzado esos registros. Ninguna tiene tampoco un problema tan grave como la capital española, primera en el continente en muertes prematuras producidas por el dióxido de nitrógeno.

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El Tribunal Supremo no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión. En su auto, reconoce la "trascendencia social" de Madrid Central, pero se limita a asegurar que la amplia jurisprudencia da la razón al TSJM cuando dice que no se puede publicar un proyecto así sin memoria económica. Era lo que argumentaba el Grupo Municipal Popular en su recurso a la ZBS con la intención de tumbarlo. Ecologistas en Acción reconoce que esa memoria no existía, pero que se explicó posteriormente el impacto presupuestario del área en documentos que el juzgado no ha tenido en cuenta. Y que se trata de algo "irrelevante": el Ayuntamiento de Madrid gobernado con Carmena preveía un gasto de 11 millones de euros en siete años, una cifra muy pequeña en comparación con los 4.828 millones de euros del Presupuesto de 2018. 

Segura explica que Almeida, de haber querido, podría haber retirado el recurso arreglando, ya como alcalde, la carencia del proyecto de Madrid Central. "Con el tema de las cocheras de la EMT pasó lo mismo. No lo justificaban en el presupuesto. Se denunció y al día siguiente salieron a decir que lo subsanaban enseguida y explicaban el gasto. Lo podían haber justificado". Sin embargo, ha esperado a verlo caer por los tribunales sin contar, aún, con ninguna alternativa. "Llevan más de un año diciendo que en dos meses sale la ordenanza. Cuando presentaron Madrid 360 dijeron que en dos meses estaría. Ahora siguen diciendo lo mismo. Faltan muchos meses, mucho debate", lamenta el ecologista.

Está por ver, sin embargo, si este es el único error que cometió el Gobierno de Manuela Carmena en la tramitación del proyecto, ya que aún esperan otros cinco recursos, presentados por la Comunidad de Madrid o asociaciones especializadas en multas, sobre los cuales la justicia aún no se ha pronunciado. Lo que está claro es que Madrid seguirá contando, a medio plazo, con una zona de bajas emisiones. La Ley de Cambio Climático, cercana a su aprobación definitiva, establece que todas las ciudades grandes deben tener sí o sí una medida similar antes de 2023. Y Bruselas está pendiente de las constantes infracciones de los límites en materia de calidad del aire y un paso atrás sería, sin ninguna duda, motivo de sanción millonaria. El camino que abrió Madrid Central no se puede desandar así como así.