“Que el Europarlamento cubra el déficit del fondo parte de la misma idea que obligó a la gente a pagar por los excesos de la banca”

Paulo Casaca, eurodiputado socialista portugués hasta 2009, fue el autor del informe que aprobó el pleno del Parlamento Europeo el 23 de abril de ese año y cuyas conclusiones incluyen una negativa tajante a que la institución garantice con dinero público el pago de las pensiones “adicionales y voluntarias” establecidas para los eurodiputados del fondo voluntario de Luxemburgo cuyas inversiones gestiona una sicav. El martes, infoLibre contactó con Casaca para recabar su opinión tras la polémica generada a raíz de las informaciones de este diario sobre la existencia del fondo y de la sicav de su propiedad, creada en 1994 para gestionar las inversiones y que en Luxemburgo solo tributa el equivalente al 0,01% de sus activos netos.

Cuando Casaca supo que, pese al acuerdo adoptado por el Parlamento y que validó las conclusiones de su informe, la Mesa de la institución decidió garantizar con dinero público el pago de esas pensiones si el fondo de Luxemburgo no pudiera hacerlo por sí mismo, Casaca se pronunció con dureza. Tras una conversación telefónica, el exeurodiputado y ahora directivo del laboratorio de ideas South Asia Democratic Forum, Casaca envió un email a este diario donde sostiene que el Parlamento se ha guiado por la misma filosofía que explica por qué son los ciudadanos quienes hoy viven el “drama” de pagar “los excesos financieros del sistema bancario”.

El informe elaborado por Casaca, cuyas conclusiones quedaron incorporadas al paquete de aprobación de las cuentas de 2007 y pueden consultarse en el punto 105 de la resolución, dice lo siguiente: el Parlamento "toma nota de la intención de negociar un convenio entre el Parlamento y el fondo [de pensiones de Luxemburgo]; señala que en la actual situación económica en ninguna circunstancia proporcionará el Parlamento dinero suplementario procedente del presupuesto para cubrir el déficit financiero, como hizo en el pasado, y que, para garantizar los derechos de pensión, el Parlamento debería ejercer plenamente el control del fondo y de sus políticas de inversión".

Incorporado al Balance 2012. Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera, el compromiso de pago de la institución figura bajo el siguiente epígrafe "Comentarios sobre el balance a 31 de diciembre de 2012", exactamente en la Nota J del documento.

El texto puede leerse directamente aquí, pero en francés, dado que este diario no ha logrado localizar la versión española. Y dice así:  "Una asociación sin ánimo de lucro fue constituida en virtud del derecho luxemburgués, la [denominada] Fonds de Pension-Députés au Parlement Européen [...], donde todas las contribuciones son invertidas para asegurar el pago de pensiones complementarias. Existe no obstante una obligación general para el Parlamento Europeo de garantizar el pago de esas pensiones a los beneficiarios en el caso de que los haberes del Fondo de Pensiones no lo permitieran en el futuro".

"El público –replica Casaca– no tiene nada que ver con la gestión del fondo y no puede ser responsabilizado en consecuencia por algo sobre lo que no tiene ninguna responsabilidad", añade Casaca en castellano aludiendo a cómo si el Parlamento paga –más aún– para cubrir el déficit eso será tanto como cargar sobre los ciudadanos el peso económico de un error ajeno. Y privado.

Déficit por "operaciones especulativas"

Desde 1990 y hasta 2009, cuando se estableció un sistema único de retribuciones y sistemas de previsión, el Parlamento garantizó cada año dos tercios de los ingresos del fondo de pensiones, cuyos integrantes ya tenían garantizada una jubilación en su país gracias a las cotizaciones públicas. Sólo entre 2000 y 2009 y según datos del Registro Mercantil de Luxemburgo, la Eurocámara desembolsó 95 millones de euros. Estrasburgo se ha negado a facilitar la cuantía total de gasto público destinado al fondo.

En diciembre de 2012, el fondo de pensiones de la sicav de Luxemburgo registraba 222,7 millones de déficit actuarial. Es decir, esa era la diferencia entre sus activos o bienes y sus obligaciones totales de pago, con independencia de la fecha de vencimiento.

Casaca, que “nunca” quiso participar en el fondo y que observaba su gestión como “poco transparente, nublosa”, sostiene que el advenimiento de la crisis destapó los agujeros contables del fondo. “Fue cuando se vio que el fondo estaba implicadísimo en operaciones especulativas y que había perdido muchísimo dinero”. Y entonces, añade, “se quería que el Parlamento pagase la diferencia, pero yo no estaba de acuerdo”. Aquello, conviene, era “un privilegio”.

“La gente –argumenta Casaca en castellano– no tolera que se haga justicia en causa propia”. ¿En beneficio propio? “Exacto. Es como si yo digo que a mí me asiste una razón muy poderosa para tener esto o aquello, pero nadie lo va a comprender porque el obrero dirá que también él cree que tiene una razón muy poderosa para cobrar el doble del salario y sin embargo no puede decidir por sí mismo en su favor. Ese es el principio: no podemos juzgar, o decidir, en beneficio propio”.

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De los 1.113 miembros del fondo contabilizados por el Parlamento en 2008, 100 son españoles de siglas y colores diferentes. Allí compartían intereses desde Willy Meyer –exjefe de la delegación europea de IU que dimitió dos días después de infoLibre desvelase la existencia del fondo y la sicav de su propiedad– a Miguel Arias Cañete y Cristóbal Montoro, del PP, pasando por la líder de UPyD, Rosa Díez, o los socialistas Elena Valenciano y Soraya Rodríguez –ambas han causado baja en el fondo–, Josep Borrell y Enrique Barón. Este último defiende a capa y espada el sistema de pensión complementaria –para los españoles será la segunda–, la existencia de una sicav y el hecho de que Luxemburgo fuese elegido como escenario de operaciones inversoras.

País fundador de la UE, Luxemburgo presenta las características más señeras de los paraísos fiscales: bajísima tributación y secreto bancario, lo que impide que sus socios comunitarios posean información automática sobre los ciudadanos de su país que poseen allí cuentas bancarias... o fondos de pensiones. Tras años de bloqueo, Luxemburgo se ha comprometido a compartir esa información a partir de 2015.