La falta de juzgados lastra la lucha contra el narco en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar, el punto más caliente del tráfico de hachís en España, allí donde la droga, su negocio y su violencia más espacio social han ocupado, sufre falta de recursos judiciales para atender a los detenidos por la Policía y la Guardia Civil. Y estos, los arrestados, son cada vez más, producto de un plan de seguridad urgente de Interior que está disparando la operaciones y desbordando a los jueces, hasta el punto de poner en riesgo las investigaciones judiciales.

El esfuerzo policial en la lucha contra el narcotráfico en el sur de España, redoblado desde el pasado verano, está encontrando obstáculos donde menos cabría esperar: en la justicia. Concretamente, en su falta de medios. Es una situación paradójica, dice el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, que afirma que el problema se extiende a toda la comarca. "El trabajo policial va por una autopista de cinco carriles pero llega aquí, a los juzgados, y se encuentra con una calle", dice. Ruiz afirma que no quiere "ser alarmista", pero tampoco ocultar la realidad. Y se explaya: "Al haber más operaciones, hay más trabajo judicial. Nos piden más balizamientos, intervenciones telefónicas, entradas y registros. Una intervención con 40 detenidos queda magnífica en las noticias, pero luego tiene que haber un trabajo judicial. El juez de instrucción toma decisiones muy delicadas, que no pueden adoptarse a la ligera. Hablamos de derechos. Hay algo que todavía no está ocurriendo, pero pronto pasará que se cumplan plazos máximos de prisión preventiva y [los procesados] tengan que esperar al juicio en libertad bajo fianza, con el riesgo de que pase como ha ocurrido con el Messi del hachís".

Se refiere el juez a Abdellah El Haj Sadek, a quien la policía considera uno de los principales narcos del Campo de Gibraltar, que ha huido precisamente de la situación de creciente presión policial contra el tráfico de drogas. Su reciente desaparición ha traído a la memoria los días, hace un año, en que casi cada mañana un nuevo acontecimiento desvelaba a las claras que el narco estaba desafiando al Estado. Y que el Estado no podía decir que estuviera respondiendo con éxito al desafío.

Para entender lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora, y por qué es paradójico que precisamente el trabajo policial encuentre un cuello de botella en los tribunales, hay que escuchar lo que decía y lo que dice Franciso Mena, un histórico activista del movimiento antidroga en la comarca del Campo de Gibraltar, una auténtica institución social. Lleva en primera línea contra esta lacra desde la escabechina que provocó la heroína en los 80 hasta el pulso al Estado lanzado recientemente por los hampones del hachís. Hace ahora un año, en marzo, infoLibre mantuvo con Mena una conversación de conclusiones sombrías: "Es una situación muy grave, como nunca ha vivido el Campo de Gibraltar. Históricamente, por su proximidad a Gibraltar, en esta zona ha habido mucho contrabando de tabaco y hachís. Pero eran unos parámetros digamos que aceptables. ¿Qué ha cambiado? En mi opinión, algo fundamental: se está perdiendo el principio de autoridad, y cuando eso pasa, ¡ay!, lo queda es impunidad". Mena hablaba de riesgo de que la corrupción hiciera enfermar al Estado, de riesgo de irreversibilidad del fenómeno. Denunciaba que el Estado estaba de espaldas.

Eran los tiempos en que se amontonaban los fracasos en el combate contra el narco y su penetración en la comarca. Una nueva generación más agresiva y ambiciosa había tomado el control del hachís, un negocio de gran rentabilidad si las redes logran que el producto llegue a Europa. Los transportistas, presionados por los jefes, ya no se resignaban cuando aparecía la policía. Peleaban por sus cargamentos, cada vez mayores gracias a las gigantescas narcolanchas. Entre los miembros de las 30 bandas que controlan el negocio, según la Policía Nacional, era cada vez más habitual llevar armas, mostrarse desafiante o incluso agresivo con los agentes, dejar patente que se conocen las identidades y vehículos de los jueces.

Los titulares escandalosos se acumulaban. Unas 40 personas llegaron a rodear, hostigar y amedrentar a un juez. Grupos de vecinos defendieron a pedradas un alijo en la costa de La Línea, entre El Tonelero y El Burgo, territorio de desembarco habitual, hasta doblar el pulso a tres guardias civiles. Un guardia civil en La Línea, de paisano, se llevó una paliza de madrugada al ser identificado como agente de la ley. Un policía local, también en La Línea, murió arrollado cerca de la frontera con Gibraltar cuando participaba en una persecución para evitar una descarga de tabaco. Los contrabandistas reforzaron sus convoys, en los que ya no van sólo dos vehículos –la lanzadera en la vanguardia para avisar de los controles y el todoterreno en la retaguardia con el hachís–, sino un tercer coche, de mayor cilindrada, que en caso de encontrar de camino una patrulla policial la embiste. Sin complejos.

Acontecimientos como estos desataron desde finales de 2017 la alarma en el Campo de Gibraltar, con una tasa de desempleo que ronda el 30% y barrios en sus principales localidades con paro estructural por encima del 50%. La comarca aparecía en piezas de telediario en las que se mencionaba a Nápoles, Colombia o México. Eran los días en que Francisco Mena decía: "Aquí, desde que se permitió por primera vez que un grupo de personas que alijaban hachís rodearan y apedrearan a unos agentes de la ley, han ido superándose líneas rojas una tras otra".

Avances policiales

Pero las cosas han cambiado. Hoy el problema, aunque tiene una importante dimensión social que no se soluciona de un año para otro, ha menguado. Al menos se está afrontando en su flanco más visible, la policial. La coordinadora Alternativas, referente social en la denuncia del narcotráfico y la falta de medios para encararlo, reconoce públicamente los avances. También Barrio Vivo, otro importante altavoz. Javier García, juez decano de San Roque, afirma: "Si antes entraban equis causas de droga, ahora entran equis casi por dos".

Si despejamos esa "equis" de la que habla García, el resultado es llamativo y demuestra que, en efecto, la lucha policial contra el narcotráfico está dando réditos. Entre agosto y marzo de 2019, en siete meses, los detenidos por narcotráfico han sido 2.758, resultado de más de 30 operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil en Algeciras, La Línea, Tarifa, Chiclana, Cádiz y San Fernando, según los datos aportados a este periódico por el Ministerio del Interior. En todo 2017 las detenciones fueron 854. Un 265,29% más en cinco meses menos. Interior destaca que desde el inicio en agosto del plan especial de seguridad, dotado con 7 millones de euros, el número de efectos policiales en el Campo de Gibraltar ha ascendido en 407, hasta alcanzar los 2.120. La subida es del 23,75%.

¿Qué dice Francisco Mena un año después de haber advertido del debilitamiento de la autoridad que se vivía rutinariamente en el Campo de Gibraltar? "La situación ha mejorado considerablemente. Los catálogos de policía están completos. Se han creado unidades nuevas. Además se está investigando el blanqueo de capitales, que es lo que le dijimos a Fernando Grande Marlaska [ministro del Interior] en nuestra reunión. No se trata de llegar al último eslabón, sino de buscar la cabeza de las organizaciones para luchar contra el blanqueo. Hay mucho por hacer, claro. Pero estamos viendo cosas. Se acaba de inaugurar una ORGA [Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del narcotráfico, del Ministerio de Justicia]. Vigilancia Aduanera está trabajando a fondo el tema. Hay, la verdad, avances...".

Déficit judicial

Sin embargo, hay un "pero" cuya gravedad crece cada día. Es lo que advertía Alberto Ruiz, juez decano de Algeciras. "La solución ideal sería unificar los tres partidos judiciales, Algeciras, San Roque y La Línea, porque tenemos los mismos problemas. Eso nos permitiría tener juzgados de guardia los 24 horas. Pero bueno, eso es un futurible. Lo que necesitamos ahora es un refuerzo urgente de al menos dos jueces, porque seguimos siendo los mismos que antes, pero se ha sumado el trabajo que teníamos, que era muchísimo, con las macrooperaciones, que son continuas. Y claro, si se nombran dos nuevos jueces, pues hacen falta más fiscales y más letrados de la administración de justicia [antiguos secretarios judiciales]. A los letrados los están llamando a las 4 de la mañana, con una compensación de 30 euros brutos", señala Ruiz.

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"En San Roque tenemos el mismo problema", señala Javier Ruiz, juez decano de San Roque. "Se han incrementado los recursos policiales, hay muchas operaciones exitosas, pero eso sobrecarga los juzgados". Francisco Mena, que preside la coordinadora contra la droga Alternativas, señala: "La situación es kafkiana. Piensa en una causa en la que hay 60 detenidos, con 60 abogados, todo el mundo pidiendo pruebas y contrapruebas. Y en los juzgados, todos desbordados. Hay mucho trabajo policial que se está haciendo y se puede ir al traste. Primero, si las cosas se hacen así de lentas, se pueden producir atenuantes por dilaciones indebidas, y luego errores de todo tipo que pueden cargarse una investigación", lamenta. Eso sí, Mena no se olvida de subrayar los logros: la prohibición de las narcolanchas en octubre, el trabajo policial... "La zona se ha pacificado. Pero si queremos desmantelar las tramas de verdad, debe haber investigaciones judiciales". La palabra "judiciales" la enfatiza con intención.

Al menos hay un plan en marcha, aunque no se ha concretado en nada todavía. El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobaron a finales de año la creación de cinco juzgados en el Campo de Gibraltar: Instrucción 5 de Algeciras, Primera Instancia e Instrucción 5 de La Línea, Primera Instancia e Instrucción 3 de San Roque y Penal 5 de Algeciras. ¿Qué falta? Tanto los dos jueces decanos como el sindicato CSIF y la coordinadora Alternativas interpelan directamente al Gobierno andaluz, concretamente a la macroconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que pilota el vicepresidente Juan Marín (Cs), responsable de la habilitación de los recursos una vez impulsados los nuevos juzgados por el ministerio y refrendados por el Consejo General del Poder Judicial.

Desde el nuevo equipo de la consejería, donde Juan Marín tomó posesión el 22 de enero, señalan que este mismo viernes han enviado una propuesta de fecha al Ministerio de Justicia y están a la espera de su aprobación. Será "en los próximos meses", dicen, sin querer precisar más por ser cautelosos con las expectativas. La Consejería de Justicia asegura que, si es aceptada la fecha, el ministerio deberá aprobar una orden para fijar la apertura. La Junta de Andalucía ya está trabajando en la búsqueda de espacios, asegura el departamento de Marín, que también se encargará de pagar a los funcionarios.