Los familiares de las víctimas estudian cómo evitar que Trillo vuelva a ocupar un cargo público

Federico Trillo volverá al Consejo de Estado. Así lo anunció este jueves a través de una entrevista en la cadena COPE en la que admitía que, tras dejar el cargo que ostenta desde 2012 en Londres y que, según afirma, él mismo ha solicitado abandonar, su intención actual apunta a recuperar su plaza como letrado del Consejo de Estado, precisamente el mismo órgano que ha señalado al ministerio que él dirigió durante el mandato de José María Aznar como responsable del accidente del Yak-42 que en mayo de 2003 terminó con la vida de 62 militares españoles.

"Hace ya más de un año fui al Consejo de Estado a decirles que volvía, y que volvía a ocupar una plaza que además es muy bonita", explicó. Según el exministro, le corresponde ocupar el cargo de letrado decano mayor de este órgano consultivo. Trillo accedió al Consejo de Estado en el año 1979 y se acogió a la excedencia en 1989 al iniciar su carrera política como diputado del PP por Alicante.

Los asesores legales de la Asociación de Familiares del Yak-42 están estudiando ahora posibles vías legales para impedir que el exministro de Defensa vuelva a ocupar ningún cargo público. Las alternativas jurídicas para ello son complejas. Tal y como explican los abogados Elisabet Martínez y Leopoldo Gay en conversación con infoLibre, la única forma de lograr una inhabilitación es a través de un procedimiento penal. Éste fue archivado libremente en 2012, de modo que "es muy complicada" una reapertura. En todo caso, las víctimas se reunirán el martes con la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras lo que determinarán los pasos a seguir. "Estamos en la línea de ver qué hace el Ministerio de Defensa, si toma el informe y lo hace suyo, o bien dice que no hay responsabilidad", señalan los letrados. En este último caso, la asociación decidirá si solicita el reconocimiento de tal responsabilidad en la Audiencia Nacional, por la vía contencioso-administrativa.

Una posible inhabilitación de Trillo, no obstante, no sería posible en el ámbito administrativo, sino únicamente en el penal, "porque hay muchos delitos que llevan aparejada la pena de inhabilitación, pero en el ámbito contencioso-administrativo la jurisdicción no contempla ese tipo de responsabilidad o consecuencia". Los abogados añaden que, independientemente de ello, existe otro ámbito para la inhabilitación, y es el estrictamente político.

Unanimidad fuera de duda

El documento emitido por el Consejo del Estado, que infoLibre publicó de forma íntegra [consulta el informe aquí], y cuyo ponente fue el exministro de Justicia Fernando Ledesma, fue aprobado el pasado 20 de octubre por unanimidad y, si bien asume que las indemnizaciones a los familiares se encuentran ya satisfechas, subraya también que la responsabilidad patrimonial del accidente recae sobre el Estado. "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", asegura el informe. "Dicho con otras palabras –insiste el documento–, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

El dictamen fue solicitado en 2004 desde el departamento de Defensa, entonces dirigido por el socialista José Bono. La elaboración del mismo quedó en suspenso durante el proceso judicial, que se extendió durante los años posteriores, y su tramitación se retomó en 2014. 

Las palabras que abren el escrito elaborado por el Consejo de Estado reflejan precisamente la unanimidad de sus miembros a la hora de alcanzar las conclusiones dictaminadas. "La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2016, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen", introducen los firmantes. 

Fuentes próximas al órgano destacan que "no costó nada" obtener tal unanimidad de la Comisión Permanente. Además, añaden, cuesta imaginar que Mariano Rajoy desconociera la resolución final, dada la estrecha vinculación que al menos dos de los firmantes: el presidente del Consejo, José Manuel Romay Beccaría, y el consejero permanente José Luis Manzanares Samaniego, mantienen con el  presidente del Gobierno y del PP. Concretamente, Romay Beccaría es considerado un referente político fundamental para Rajoy y fue ministro de Sanidad entre 1996 y 2000 durante el Gobierno de José María Aznar para ocupar posteriormente la presidencia del Consejo de Estado, a la que volvería tras el paréntesis de los gobiernos de Zapatero. Manzanares Samaniego ocupó el cargo de vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 1990 y 1996, a propuesta del PP, y desde aquel puesto protagonizó episodios muy polémicos por sus durísimas críticas al PSOE y sus dirigentes y por ejercer una férrea defensa de las tesis del PP. 

Pese a ello, el jefe del Ejecutivo aseguró el pasado martes, tras adelantar El País un resumen del dictamen, que no había visto el documento:"¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso? No lo he visto. Pero yo creo que ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años".

Documentos oficiales avalan la responsabilidad de Trillo de la que habla el Consejo de Estado

Ver más

Las aspiraciones de Trillo

Aunque la principal aspiración del exministro de Defensa apuntaba ya en 2012 a la embajada del Vaticano o a la de Washington, Federico Trillo tuvo que conformarse con la delegación de España en Londres, uno de los destinos habitualmente reservados también a nombramientos de confianza del Ejecutivo, es decir de carácter político. El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, que siempre se opuso a los deseos de Trillo, sacó a concurso esa plaza, indicando que el relevo habría de producirse en marzo de 2016 y cerrándole la puerta de nuevo a las legaciones de Washington o el Vaticano –la primera finalmente otorgada al anterior titular de Defensa, Pedro Morenés, y la segunda aún pendiente de renovación y para la que se barajó el nombre de Jorge Fernández Díaz–. Los diez meses de gobierno en funciones han dilatado los cambios de titulares de embajadas, de forma que ahora se acumulan ceses, traslados y nombramientos de 70 jefes de misión.

Ante esta situación, según fuentes del PP consultadas por infoLibre, Trillo habría focalizado en los últimos meses sus aspiraciones en la Presidencia del Consejo de Estado. Tal posibilidad queda claramente truncada como consecuencia del dictamen unánime sobre el accidente del Yak-42. Las mismas fuentes consideran significativo que Trillo haya anunciado este jueves que ya tenía decidido volver a España y recuperar su plaza como letrado decano mayor antes de que el informe fuera conocido. Consideran que sus palabras reflejan que Rajoy no ha cedido a sus supuestas ambiciones.