Feijóo se declara a favor de la ley de plazos a título “personal” y evita reconocer la derrota del PP en el TC

Derrotado el PP por el Tribunal Constitucional, Alberto Núñez Feijóo optó este jueves por unirse al coro de voces que apoyaron públicamente la decisión de los magistrados de avalar la legalidad del texto íntegro de la ley de plazos que reguló en 2019 el derecho al aborto en España.

Es una ley, dijo, “bien construida” que le parece “correcta” y en línea con la legislación de otros países europeos. Ni una palabra sobre el hecho de que fallo del TC se haya producido a instancias de un texto del partido que él mismo preside que pedía su anulación, más allá de quejarse de que el paso del tiempo pueda llevar a “descontextualizar” el propio contenido de la ley y el “sentimiento y sensibilidad” de los ciudadanos con este tema.

Una forma de sugerir, a su manera, que lo que la sociedad de hoy acepta y apoya de forma generalizada no es lo mismo que asumía hace más de una década, cuando el PP, con Mariano Rajoy al volante, decidió impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional.

El consenso con la izquierda en esta materia, con todo, no es completo. Feijóo quiere obligar a las mujeres de entre 16 y 18 años a tener un hijo no deseado si así lo deciden sus padres o un juez de familia y está a favor de mantener un periodo de reflexión obligatorio para las mujeres que deseen interrumpir un embarazo.

“Afecta a la pareja”

El nuevo líder del PP se sabe en territorio resbaladizo. “En el ámbito de aborto hay muchas sensibilidades”, remarcó en sus primeras declaraciones tras el fallo del TC. Porque es una cuestión que, en su opinión, no sólo “afecta a la mujer” sino a “su pareja” y tiene “aristas morales, éticas, religiosas o filosóficas”. Es “una cuestión poliédrica”, resumió.

“Pero mi opinión personal, lo he dicho hace tiempo, es que una ley de plazos, bien construida, es una ley correcta en términos generales, constitucional y, por tanto, es un planteamiento que merece mi respeto”, señaló.

La posición de Feijóo, que él siempre enuncia como “personal” aunque la traslade como de partido, se separa claramente de la que el PP ha defendido tradicionalmente y, por supuesto, de la que inspira a los sectores más conservadores y más próximos a la doctrina de la iglesia católica que todavía militan en su formación.

La sentencia del Constitucional que confirma su opinión personal le ha permitido salvar la incongruencia que suponía mantener vivo en el TC un recurso que contradecía sus propias creencias pero que no quiso retirar para no incomodar a esos sectores reaccionarios que todavía anidan en el PP.

Presión conservadora

Cuando Rajoy decidió recurrir la ley de plazos en julio de 2010 lo hizo cediendo a la presión de los conservadores, entre los que tenían mucho protagonismo determinados dirigentes del Opus Dei, pero también a la derecha mediática más radical y a la propia iglesia católica.

Sin embargo cuando tuvo oportunidad de derogar o reformar la ley —entre 2011 y 2015 gobernó España con una amplia mayoría absoluta— no lo hizo. Lo intentó en 2014 su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pero el propio Rajoy frustró aquel intento y acabó provocando su dimisión. 

Limitado por la evidencia que ya entonces confirmaba el amplio respaldo social de la ley de plazos aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, aquel PP mantuvo el recurso ante el TC, pero sólo se atrevió a cambiar la libertad de decisión de las mujeres de entre 16 y 18 años sobre sus propios embarazos. 

La decisión de Rajoy de no derogar la ley de plazos está, según fuentes del PP, en el origen de que el Constitucional decidiese no dar trámite a la ponencia que en su día proponía su anulación, a pesar de que entonces contaba con mayoría conservadora suficiente para hacerlo.

Ambigüedad

La posición de Feijóo en relación al aborto siempre ha sido ambigua. Su respaldo tácito a la ley de plazos contrasta con el apoyo que prestó en Galicia a la organización antiabortista privada Red Madre, a la que en 2010 entregó por ley en Galicia funciones como el asesoramiento a mujeres gestantes con dificultades socioeconómicas. La actividad de esta red suele ser presentada como una iniciativa de “acompañamiento a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto”, sin mencionar abiertamente su carácter antiabortista.

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Hay voces dentro del PP que defienden que el aborto es un "asesinato" o incluso un "genocidio". Hay posiciones, dentro del PP, en sintonía con los legisladores más duros de Estados Unidos, que prohíben el aborto en cuanto hay latido fetal o incluso antes. Ante todo ello Feijóo calla, evitando cualquier desautorización. El senador Javier Puente, presidente de la Fundación Familia y Dignidad Humana y referente del sector más antiabortista del PP, dice que sus posiciones tienen cobertura en los estatutos del partido.

La incomodidad de Feijóo con este asunto es patente porque divide a los diferentes grupos que conviven en el PP. La actitud de Rajoy precipitó en su día la ruptura del sector más antiabortista del partido, una parte del cual, con la diputada Lourdes Méndez Monasterio al frente, acabó en Vox. La actual dirección, que no quiere líos internos con el tema, se ha resistido a corregir las posiciones más duras. Y no lo ha tenido fácil. Hasta siete parlamentarios y altos cargos del partido han llegado a formar parte del patronato de la Fundación Familia y Dignidad Humana, una asociación de matriz católica que rechaza el aborto incluso en caso de violación.

Ahora es Vox, precisamente, quien iza esa bandera. Y anuncia que incluirá la reforma de la ley del aborto entre las demandas que planteará a Feijóo si sus votos son esenciales para que el PP vuelva al Gobierno. El portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, recordó “que el hecho de que la ley no sea inconstitucional, no quiere decir que no se pueda cambiar”. Vox, explicó, “sigue aspirando" a que “las mujeres tengan más opciones” y que “se les ofrezcan alternativas, que no se les conduzca siempre por el lado del aborto” de forma que “aquellas mujeres que estén embarazadas y tengan dificultades para seguir adelante con su embarazo tengan de la administración pública una fuente de alternativas de apoyo”. Apoyo económico, material o emocional “para que puedan decidir y no decidir siempre por el camino del aborto que para nosotros saben que no es un derecho sino un fracaso”, remarcó.