La Fiscalía de Madrid revela que hasta 500 personas tenían acceso a la causa del novio de Ayuso

A día de hoy, se desconoce el número exacto de personas que tuvieron acceso al intercambio de correos entre el fiscal de delitos económicos Julián Salto y el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, que investiga el Supremo. Pero el teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid tiene claro que al menos fueron 500 las personas, entre fiscales y funcionarios, que pudieron consultar las diligencias de investigación por dos delitos fiscales en las que se contienen esos mensajes por los que la Sala de lo Penal del alto tribunal mantiene imputado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. La investigación del caso del novio de la presidenta madrileña se subió a una carpeta compartida a la que pueden acceder 499 personas. También a otra a la que acceden 12 fiscales y cuatro funcionarios, así como a una tercera —compartida entre la fiscalía provincial y la Superior, que dirige Almudena Lastra— a la que pueden entrar alrededor de otras 30.

Así lo explica el teniente fiscal (el número dos) de la Fiscalía Provincial de Madrid, José Luis García-Juanes Guerrero en un informe solicitado por la Abogacía General del Estado, que actúa en defensa y representación tanto de García Ortiz, como de Rodríguez. El documento explica que las diligencias de investigación que contienen los correos por los que el Supremo investiga a ambos, se subieron a una carpeta denominada "guardia" cuando la fiscal jefe la reclamó para dar cuenta a la fiscalía general del caso. Las páginas del expediente "fueron escaneadas y, dado que tenían un excesivo volumen (o peso) para su remisión por email", dice el documento, fueron grabadas en ese repositorio común "a la que tenían acceso 499 personas", dice García-Juanes en su escrito.

El teniente fiscal explica igualmente que toda esa documentación, también se registró en otra carpeta compartida denominada "bases auxiliares" a la que tienen acceso 12 fiscales y cuatro funcionarios de la sección de delitos económicos de la fiscalía provincial. Además, el archivo también se incluyó en en una carpeta más que comparten la fiscalía provincial y la superior, denominada "compartida_f_comunidad_y_provincial", con lo que la documentación del caso estuvo a disposición de los "fiscales decanos, la fiscal jefe, teniente fiscal y funcionarios de la secretaría de jefatura, alrededor de 30 personas", dice García-Juanes en su informe.

La Abogacía del Estado también reclamaba a la fiscalía provincial que informara sobre cuántas personas tienen acceso a la cuenta de correo de la Fiscalía Provincial de Madrid desde la que se enviaron los documentos del caso. "A esa cuenta de correo solo me consta que tengan acceso la fiscal jefe provincial [es decir, Pilar Rodríguez], el teniente fiscal [es decir, el propio García-Juanes] y las cuatro funcionarias de la secretaría de la jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid", concluye el escrito. Como anexo, el teniente fiscal aporta las identidades de las 499 personas que acceden a la carpeta "guardia".

El correo electrónico enviado el pasado 2 de febrero por el abogado de González Amador al fiscal del caso, Julián Salto, se remitió a un correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid a la que, según Fiscalía, tienen acceso 16 personas entre fiscales y funcionarios. La noche del 13 de marzo, en la que, según el Supremo y la UCO se produjo la filtración, Salto a petición de la fiscal jefe provincial, lo envió a otras dos direcciones genéricas con varios usuarios, la de la propia jefatura provincial (pueden verla seis personas) y la de la Fiscalía Superior de Madrid, que dirige Almudena Lastra.

El instructor del caso en el Supremo, el magistrado Ángel Hurtado, mantiene imputados al fiscal general y a la fiscal jefa de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos. Hurtado investiga si ambos fueron los autores de la filtración a varios medios de los correos intercambiados por el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso en el que el primero ofrecía al segundo un pacto para evitar la cárcel mediante la confesión de dos delitos fiscales. El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había distribuido previamente entre varios miembros conservadores el bulo de que había sido el fiscal el que había ofrecido ese pacto, pero lo había retirado por "órdenes de arriba".

"Errores e irregularidades" en el informe de la UCO

Este jueves, Hurtado ha rechazado de plano un escrito presentado por la Abogacía del Estado en representación de los dos fiscales investigados en el que reclamaba que se revisara el informe de la UCO que apuntaba a la "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración del correo que desmentía el bulo esparcido por el entorno de Ayuso. En él, la defensa de Ortiz y Rodríguez apreciaba hasta 37 "errores, irregularidades, omisiones, e indebidas inferencias", así como la vulneración de su derecho a la intimidad por la inclusión de "comunicaciones privadas que carecen de relevancia para el objeto de la causa" agravada por su inmediata filtración a los medios en cuanto el documento llegó al Supremo.

Entre los errores denunciados, la defensa del fiscal general señala que la filtración no se publicó a las 23.51 del 13 de marzo, cuando la Cadena Ser recogió en su página web entrecomillados textuales del correo de González Amador. Media hora antes, esa misma emisora contó la información en su programa Hora 25, según relata la Abogacía del Estado, algo que la UCO no aprecia en su atestado. En el momento en que se dio es noticia, García Ortiz estaba en plenas conversaciones con Rodríguez para recabar esas comunicaciones con el objeto, según la defensa del fiscal general, de elaborar la nota de prensa aclaratoria que se envió al día siguiente, lo que demostraría que ni él ni la fiscal provincial serían los autores del presunto delito. Los mensajes de whatsapp que recoge el documento policial, así lo reflejan, según la interpretación del abogado del Estado.

El instructor, sin embargo, ha rechazado sus pretensiones con una breve providencia: "No ha lugar a lo que se solicita, por considerar que no cabe poner reproche a dicha prueba pericial, realizada por una unidad tan especializada como es la UCO, sin perjuicio de la parte a su cuestionamiento". En cuanto a las filtraciones del informe de la Guardia Civil, el juez ha enviado el caso a los juzgados de Madrid para que en su caso las investiguen.