De Fraga a Feijóo: dos amnistías, el mismo argumentario

“Esto está claro. Señores diputados, ha quedado aprobada la Ley de Amnistía”. Las palabras son de Fernando Álvarez de Miranda, entonces presidente del Congreso, y se pronunciaron a las 14:35 horas del 14 de octubre de 1977, hace ahora 46 años. Votaron a favor 296 diputados de 317 presentes, todos menos los de Alianza Popular (AP), el origen del actual Partido Popular, y los de la izquierda vasca representada por Euskadiko Ezkerra.

¿Qué argumentó para negarse a votar a favor AP, el partido del exministro franquista Manuel Fraga, que no solamente dio origen al actual Partido Popular, sino que fue quien abrió paso a la política a Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué defendió, en cambio, UCD, entonces el grupo mayoritario, que votó a favor y muchos de cuyos miembros acabaron décadas más tarde hallando cobijo dentro del PP?

Un repaso a las intervenciones desde la tribuna de aquel día desnudan las contradicciones del discurso con el que la derecha española en general y el Partido Popular en particular, tratan de deslegitimar la hipótesis de una medida de gracia que, seis años de que tuvieran lugar, ponga fin a las consecuencias judiciales del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Teniendo en cuenta además que la mayoría de ellas no pasan de la categoría de multas administrativas.

Según datos publicados por Òmnium Cultural, una de las dos grandes organizaciones sociales que sirven de motor al independentismo en Cataluña, el censo de afectados no pasa de 1.432 personas, más de la mitad de las cuales (880) solamente están amenazados por el pago de una multa y no por ninguna consecuencia penal. El resto son, siempre según Òmnium, 113 condenados penalmente, 35 pendientes de decisiones del Tribunal de Cuentas, 17 pendientes de sentencia y 387 con causa penal abierta.

Las razones de Feijóo

El PP de Feijóo se opone a esta posibilidad porque, sostienen sus dirigentes, es el precio a pagar a Junts y a Esquerra para investir un presidente, pero también por contenido, que consideran contrario a la Constitución.

“Atenta contra algunos principios básicos del Estado de derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica” y la consecuencia de su aprobación “sería no solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo” en 2017.

Pero en realidad, cuando AP —el origen franquista del PP— se negó a apoyar la Ley de Amnistía de 1977, lo hizo con argumentos que recuerdan mucho a los de ahora. Su líder de entonces, Manuel Fraga, anticipaba que el país se iba a deslizar hacia la anarquía, impidiendo la consolidación de la democracia.

El portavoz de Alianza Popular en aquel debate en el Congreso, el diputado Antonio Carro, también exministro de la dictadura, apeló a razones de Estado para no respaldar la ley, algo que también alega ahora el PP de Feijóo. “Nuestro voto responde a una verdadera preocupación de Estado”. Y, “en cuanto hombres de Estado, hemos de ser conscientes de que la amnistía es una institución de excepción en todo Estado de Derecho”, alegaba. 

La del PP de entonces no era una oposición a cualquier amnistía, sino únicamente a cualquiera que no tuviese como justificación la “reconciliación nacional” o la “pacificación”. Algo que, según Carro, ya no era de aplicación en aquel momento porque el 15 de junio se habían celebrado elecciones libres.

“Hay otros problemas”

Igual que ahora hace Feijóo, Antonio Carro alegaba que el país tenía otros problemas de los que ocuparse en vez de dedicarse a hablar de amnistías. “¿Es que España no está repleta de problemas graves y agudos de orden político, de orden económico y de orden social, que merecen la atención prioritaria de nuestro Gobierno y de este Parlamento? ¿Qué razón hay para que la amnistía siga siendo la gran estrella de nuestra recién estrenada democracia?”. Y añadía: “Parece que la preocupación fundamental en estos momentos es amnistiar en lugar de gobernar”.

El portavoz de AP apelaba también a la gravedad de los hechos que se iban a perdonar, que entonces, a diferencia del momento presente, incluían delitos de sangre: “No se entiende que hechos que han conmocionado a los españoles, que han merecido condena unánime, puedan, a renglón seguido, ser incluidos en peticiones de amnistía generales e indiscriminadas”.

Si la ley salía adelante, aseguraba Carro, “en lugar de contribuir a la reconciliación nacional” iba a traducirse “en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de Derecho y en una profunda erosión de la autoridad”. Argumentos que se pueden encontrar estos días en casi todas las intervenciones públicas de Feijóo y sus dirigentes a la hora de hablar de cualquier posible medida de gracia en relación con el 1 de octubre. “Estamos deslizándonos por el plano inclinado del menosprecio de las leyes, del desgobierno y, en fin, de la anarquía”, advertía. 

Tanto lo pensaba que señaló el peligro que la amnistía suponía también para la monarquía (otro argumento que utilizan algunos representantes de la derecha en estos momentos, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso): “Sabed que las cárceles se pueden vaciar, se pueden asaltar y se pueden tomar, como ocurrió con la Bastilla el 14 de julio de 1789. Pero recordar también que esa fecha se ha convertido en la fiesta nacional francesa, como desencadenante de la Revolución que guillotinó al rey Luis XVI”.

Había otras dos razones que AP alegaba para no apoyar aquella ley en 1977 que recuerdan a las que el PP utiliza hoy: “la defensa de la opinión pública, que, sinceramente, creemos que no os sigue en este proyecto”, y “la defensa de la democracia”. “Frente a los ataques a la democracia no es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley y de la justicia”. “Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”. 

Una medida “política”

La intervención de Antonio Carro de aquel día podría trasladarse hoy, con pocos cambios, a los discursos con los que Feijóo se opone a la amnistía que reclaman los soberanistas catalanes con el apoyo de sus homólogos vascos y gallegos y de Sumar. Pero no sucede lo mismo con la de Rafael Arias Salgado, que en la misma sesión defendió el voto a favor de UCD, el grupo mayoritario, y que años después no solamente militó en el PP, sino que acabó formando parte del primer gobierno de José María Aznar.

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La defensa que UCD hacía de la amnistía reivindicaba su naturaleza “política”, porque “en sí misma, no es la solución concreta de ningún problema específico” . Y abogaba por su aprobación a pesar de que no incluía ninguna garantía de que los delitos perdonados nunca más fuesen a repetirse: no “excluye, desgraciadamente, la comisión (en el futuro) de delitos semejantes o idénticos en sus efectos a aquellos cuya existencia borra”.

Pero era, decía Arias Salgado, “una decisión política” que “constituye una medida necesaria en determinados momentos de la historia de los pueblos, especialmente aquellos cuyo periplo vital como colectividad se singulariza por acusadas oscilaciones”. “Es necesaria”, añadía, “siempre que se persiga construir algo nuevo. Siempre que se persiga sentar las bases de una nueva convivencia”.

Feijóo tacha de indigna la posibilidad de una amnistía para las personas condenadas o pendientes de alguna causa relacionada con el referéndum ilegal. UCD, en cambio decía que “la amnistía nos permite a todos, creo que absolutamente a todos, mirar al futuro con dignidad”.