El Gobierno aprueba su segunda propuesta de reforma de la Constitución en una semana

El Consejo de Ministros aprobó este viernes su segunda propuesta de reforma de la Constitución en sólo una semana, en esta ocasión para modificar la referencia que el artículo 49 hace a “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y sustituirla por “personas con discapacidad”, en los mismos términos que ha acordado una comisión del Congreso de los Diputados a instancias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

La primera propuesta de reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez salió del Consejo de Ministros hace sólo siete días y persigue la eliminación del aforamiento —el derecho a ser juzgados sólo por el Tribunal Supremo— de diputados, senadores y miembros del Gobierno cuando sean denunciados por actividades ajenas a sus cargos. 

La reforma del artículo 49 pasa ahora al Consejo de Estado y, si no sufre cambios, dejará su redacción en los siguientes términos:

Artículo 491) Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.2) Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad.3) Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.4) Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

Los cuatro puntos acordados sustituirán, previsiblemente, al actual texto que recoge que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos".

Fue el pasado mes de octubre cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidió al Congreso una nueva redacción de este artículo.  Desde entonces, una comisión ha escuchado en comparecencia a asociaciones y organizaciones de discapacidad y expertos en derecho constitucional, para poder elaborar el nuevo texto. En principio, la iniciativa cuenta con el respaldo de todos los partidos.

En la misma reunión, el Gobierno también aprobó remitir a las Cortes, por segunda vez, su propuesta de senda de estabilidad con los mismos objetivos de déficit y de deuda que ya presentó en julio y que fueron rechazados por el Congreso.

Se trata de un mero trámite  previo a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que de no salir adelante los objetivos de estabilidad —como prevé el Gobierno—  llegarán al Congreso adaptados a los objetivos de déficit que están en vigor en la actualidad y que fueron fijados en 2017 por la Cámara alta a inastancias de Mariano Rajoy.

Así lo señaló la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que se han aprobado "exactamente los mismos objetivos" que ya rechazó el Congreso en julio tras haber consultado con la Abogacía del Estado, que entiende que volver a aprobar estos objetivos es un requisito previo a la presentación de los Presupuestos de 2019, informa Europa Press.

Celaá explicó que el Ejecutivo asume este trámite porque le "obliga" la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sirve para garantizar la posterior presentación de los Presupuestos de 2019, algo a lo que está "comprometido" en sacar adelante y que presentará en enero "con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento".

Dado que para comienzos de enero queda apenas un mes y teniendo en cuenta que el Gobierno no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante la nueva senda, es previsible que las cuentas del próximo año vean la luz con la senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy, que establece una previsión de déficit del 1,3% para 2019, en lugar del 1,8% previsto por el actual Ejecutivo, lo que le obligará a reducir gastos o a aumentar ingresos por encima de lo que tenía previsto si quiere cumplir con la Unión Europea.

Por el momento, el Gobierno vuelve a aprobar la misma senda de estabilidad presupuestaria que ya aprobó en julio y que prevé un déficit del 1,8% para 2019, un 1,1% en 2020 y cuatro décimas en 2021, frente a las tres décimas y el superávit, respectivamente, previstos por el Ejecutivo del PP para esos ejercicios.

En este sentido, Celaá ha defendido que se trata de una senda "realista" y ha recordado que aporta un margen de 6.000 millones de euros más en gasto, con dos décimas para las CCAA, otras dos para la Seguridad Social y una décima para la Administración General del Estado.

"Si no se consigue aprobar esta senda de déficit que hoy hemos aprobado, el Gobierno obviamente aprobará su proyecto de PGE con la senda vigente en la Cámara", ha insistido Celaá.

La senda presupuestaria aprobada de nuevo por el Gobierno de Pedro Sánchez fue rechazada a finales de julio por el Congreso, con los votos en contra de PP, Cs, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Bildu.

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La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes, pero finalmente han transcurrido cuatro meses y medio.

No obstante, su visto bueno no es imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Gobierno tiene previsto presentar a mediados de enero con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento, han apuntado también desde Hacienda.

Además, la aprobación de los objetivos de estabilidad en el Consejo de Ministros de este viernes se producirá sin que se haya aprobado aún la reforma de la Ley de Estabilidad propuesta por el PSOE para eliminar el veto del Senado (en el que ostenta mayoría el PP) a la senda de estabilidad, algo necesario para poder aprobar los nuevos objetivos de déficit del Gobierno que, aunque consiguieran pasar el trámite del Congreso, serían rechazados en el Senado por la mayoría absoluta del partido de Pablo Casado.