El Gobierno inicia el proceso para ilegalizar la Fundación Franco medio siglo después de la muerte del dictador

El Gobierno inicia el procedimiento para disolver la Fundación Nacional Francisco Franco. El Ministerio de Cultura, órgano competente para llevar a cabo esta tarea, ha anunciado oficialmente este jueves que comienza con los trámites para "instar judicialmente" a la extinción de la que se ha convertido en última trinchera de la dictadura. "Es responsabilidad de este ministerio cumplir escrupulosamente con la Ley de Memoria Democrática. Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo hoy, y así lo seguiremos haciendo", ha afirmado el titular de la cartera, Ernest Urtasun, en un vídeo colgado en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter.

Tras el anuncio, se abre un periodo de recopilación de información en el que participarán también las asociaciones memorialistas. El primer paso ha sido solicitar un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre el posible incumplimiento por parte de la Fundación Franco de la normativa memorialista estatal, que establece como causa de extinción de este tipo de entidades la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas".

Una vez concluida la "instrucción", y con el previo informe de la Abogacía del Estado, "será responsabilidad" de Cultura "instar a la justicia a la extinción" de la fundación. "Teniendo los jueces y juezas, en este caso, la última palabra", ha querido dejar bien claro Urtasun. "Corresponderá al Protectorado de Fundaciones –que depende de la cartera que dirige Urtasun– instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial [...] acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades", recoge la normativa memorialista.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange y delegada nacional de la Sección Femenina. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al monarca su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

2.000 afiliados y el archivo del dictador como gran activo

En los últimos años, y ante el riesgo de una posible eliminación, la entidad ha retocado sus estatutos en un par de ocasiones. Entre sus fines ya no figura, por ejemplo, ni el "contribuir a la proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española" ni el "enaltecer" su figura ni el "exaltar su vida" como "modelo de virtudes". Ahora, se limitan a la difusión y promoción del estudio y conocimiento "sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra" de Franco "en su dimensión humana, militar y política" y del Estado "que rigió los destinos de España" entre 1936 y 1977. Además, para intentar blindarlos un poco más, han incluido en los mismos una referencia resaltando que en el desarrollo de sus actividades velarán por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación", evitando siempre "el desprecio, descrédito o humillación".

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La fundación que se apoya en la actualidad en unos 2.000 afiliados –la cifra se incrementó, aseguran, tras la exhumación de los restos del dictador de Cuelgamuros–. De entre todos los bienes de los que dispone, su principal activo es el archivo del dictador. Cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; informes confidenciales del Estado Mayor, ministerios o embajadas; o borradores de leyes con anotaciones manuscritas del dictador.

En 2001, con José María Aznar al frente del Gobierno, la Fundación Franco suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para inventariar y digitalizar toda esa documentación. Para ello, se concedió una subvención a la entidad de 150.843,82 euros. A cambio, se tenía que facilitar el acceso público a dichos fondos.

En 2009, según el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura, el Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, recibió copia en microfilm del fondo. En total, 27.357 documentos de 27.490 que, en teoría, están en poder de la fundación. Los 133 restantes, según explicaban hace un par de meses desde la fundación, faltan porque el dinero de la subvención no dio para todo. No obstante, sostienen que la entidad los digitalizó por su cuenta y que los mismos "están a disposición de todos", ya sea solicitándolos por Internet o en la Fundación. En resumen, que la documentación original de quien fuera jefe del Estado continúa, a día de hoy, en el depósito de la entidad privada.