El Gobierno y el juez Llarena decidirán sobre el acercamiento de los presos independentistas a las cárceles catalanas

El president de la Generalitat, Joaquim Torra, se ha apresurado en trasladar la agenda catalana al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder catalán interpeló este lunes al socialista con el objetivo de solicitar una reunión urgente que sirva para poner sobre la mesa cuestiones como la situación de los presos catalanes. "Nos hemos intercambiado mensajes y hemos quedado para vernos lo más urgente posible. Es urgente. Vivimos momentos muy excepcionales en este país, me consta que el señor Sánchez lo comparte y lo que quisiéramos saber nosotros con qué PSOE o con qué presidente del Gobierno nos vamos a encontrar finalmente", señaló en declaraciones a los medios la mañana del lunes.

El presidente catalán hizo el llamamiento a las puertas de la madrileña cárcel de Estremera, donde ha visitado a los líderes independentistas en prisión preventiva –Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez–. Una de las peticiones que se sitúan como prioridad respecto a los presos es precisamente la de su traslado a las cárceles catalanas. Ya el pasado 21 de mayo Torra advertía, tras una visita a los encarcelados, que mantenerlos en Estremera es "una injusticia que no sólo afecta a los presos políticos, sino también y muy profundamente a sus familiares, que tienen que trasladarse 600 kilómetros para poder verlos".

También la nueva consejera catalana de Justicia, Ester Capella, hizo este lunes un llamamiento al diálogo dirigido al nuevo presidente del Gobierno, después de considerar que, bajo su mandato, se abre una "pequeña ventana de oportunidades". Respecto al traslado de los presos soberanistas, Capella considera que mantenerlos en la cárcel madrileña responde a una "anomalía" que no se ajusta a Derecho. Quien asuma la cartera de Justicia, añadió, "debería tenerlo muy presente porque es una cuestión de Derecho y legislación vigente".

¿Está en manos del Gobierno la decisión del acercamiento de los presos a las cárceles catalanas? José Luis Pascual, miembro del Comité Ejecutivo de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), explica en conversación con infoLibre que la decisión corresponde a "Instituciones Penitenciarias y por tanto al Gobierno". El dictamen de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, se conjuga no obstante con el criterio del juez instructor –Pablo Llarena, en este caso–, porque al tratarse de presos preventivos, la decisión se somete además "al criterio del tribunal instructor".

Fuentes judiciales consultadas por este diario añaden que sí existe la posibilidad de traslado a Cataluña "porque lo permite el artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sienta como idea fundamental en penados el hecho de que los presos estén en su lugar de residencia, el domicilio de su familia o su lugar de trabajo". Si bien la norma legisla respecto a los presos con una condena firme, "por analogía la norma tendría que ser la misma", interpretan las mismas fuentes.

"Los presos preventivos pueden cumplir condena en el lugar donde tienen su domicilio perfectamente y de hecho la mayoría lo hacen", continúan. En el caso de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, añaden, "se les incorpora a Madrid porque es el lugar más cercano a la instrucción", pero si la fase instructiva "estuviese acabada o no necesitase de nuevas declaraciones, no habría problema". En todo caso, estiman las mismas fuentes, "si el juez instructor no ha puesto ninguna normativa que afecte a la ubicación, por ejemplo respecto a la incomunicación, la competencia la tiene siempre Instituciones Penitenciarias, porque es la única que conforme a ese artículo puede decidir" sobre dicha cuestión.

La administración, según el procedimiento habitual, se pone en contacto con el magistrado instructor, le comunica el traslado y le consulta si existe algún impedimento. "El juez, salvo por razones de seguridad o excepto si el juez mismo lo necesita, no suele meterse en este tema", de modo que la consulta "es casi como un acto de cortesía de la Administración, que es quien tiene la última palabra", explican las fuentes jurídicas consultadas.

José Luis Pascual coincide en que es la instrucción el único motivo por el que mantener la ubicación inicial, "para la práctica de diligencias cerca del tribunal que está instruyendo". Sin embargo, añade, en caso de existir "paralizaciones significativas", los presos podrían "estar en otro centro, puesto que se realizan traslados de internos para acudir a la diligencia diariamente" y además "desde que se ha incorporado la práctica de diligencias por videoconferencias", estos traslados "son menores". Si la administración resuelve rechazando el traslado, los reos podrían presentar "un recurso ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, que es la competente", agregan las mismas fuentes.

La magistrada en excedencia y portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, sitúa sin embargo la pelota en el tejado del juez instructor. La socialista defendió este mismo lunes que, en el caso de los presos que se encuentran en prisión provisional a la espera de que finalice la instrucción, será el propio juez instructor quien decida sobre la prisión en la que deben estar internados. El motivo, aseguró, es que el magistrado podría llamar a los investigados en algún momento del proceso. Una vez concluida la instrucción, será el propio Tribunal Supremo quien decida sobre la institución penitenciaria en la que deben permanecer los encausados, aclaró la magistrada en excedencia.

El caso de Jordi Pujol

Fuentes oficiales de la Audiencia Nacional recuerdan el precedente de Jordi Pujol Ferrusola. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias rechazó el verano pasado su petición de ser trasladado desde la madrileña cárcel de Soto del Real a otra en Cataluña, alegando que era un Juzgado Central de la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, el que le investigaba. Por tanto, fue Instituciones Penitenciarias quien adoptó la decisión última.

En el caso de Pujol Ferrusola, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias basó su negativa en un informe de la Fiscalía y en el hecho de que el hijo mayor del expresidente de Cataluña "se encuentra preso a disposición" del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, José de la Mata, lo investiga por los delitos de blanqueo continuado de capitales, fraude fiscal y falsedad documental.

Fuentes del tribunal explican que la petición fue presentada en un primer momento ante el magistrado De la Mata, pero éste respondió que debía remitir la solicitud ante "la jurisdicción competente, que es la Administración penitenciaria".

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Competencias transferidas

Ocurre, por otro lado, que la situación de Cataluña cuenta con una particularidad que añade una incógnita al debate. Se trata de la única comunidad que tiene transferidas las competencias de prisiones, de modo que cabe preguntarse si la administración central permitiría el traslado a una prisión que no controla.

Se trata, según las fuentes a las que ha interpelado este diario, de una "pequeña colisión" que sin embargo no tiene ningún componente jurídico y que únicamente requiere de coordinación entre Administraciones. Existen "muchísimos internos que, por ser catalanes, la Administración madrileña decide trasladarles a Cataluña", continúan las mismas fuentes. El procedimiento a seguir "simplemente consiste en ponerse en contacto con la comunidad, preguntar si tienen plaza y que los acepte". Este añadido "realmente no debería suponer ningún inconveniente", ya que no constituye "un impedimento jurídico", zanjan los juristas consultados.