El Gobierno rectifica parte del decreto que ha dejado sin beca a 350.000 alumnos desde 2013

El Gobierno rectifica parte del polémico decreto de becas que impulsó en 2012 el exministro José Ignacio Wert. El Ministerio de Educación anunció este martes a través de una nota de prensa que bastará con el aprobado para que los alumnos que entran dentro del umbral económico puedan acceder a la llamada beca de matrícula (exención de tasas) en su primer año de Universidad. Hasta ahora, quedaban directamente excluidos los hubieran obtenido en las pruebas de acceso calificaciones inferiores a 5,5 puntos. 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que ha sido muy crítica con esta reforma y ha instado al Gobierno a revertirla en numerosas ocasiones, ha cifrado en 70.000 los universitarios que se han quedado fuera del sistema de ayudas desde que se puso en marcha esta reforma hace cinco cursos, en el 2013-2014. Los afectados, por tanto, alcanzan los 350.000 en todo el periodo. Hasta que el Gobierno del PP cambió los requisitos, el acceso a las ayudas se materializaba exclusivamente atendiendo a factores de índole económico y sólo se establecían exigencias de rendimiento académico para la renovación de la credencial de becario. 

Según los rectores, la "estrechez" que impuso el nuevo modelo supuso la "exclusión discrecional" de colectivos a los que pudiendo legalmente matricularse en estudios universitarios se les negó "total o parcialmente la posibilidad de solicitar ayudas de carácter económico". La consecuencia de ello, según los responsables de los campus, fue una "merma en el principio de igualdad de oportunidades". Todo ello, para conseguir un ahorro de 70 millones de euros anuales, también según datos de los rectores. 

No obstante, esta no fue la única reforma del sistema de becas que puso en marcha el Gobierno de Mariano de Rajoy. También aumentó del 5,5 al 6,5 la nota media mínima del expediente para acceder a las ayudas económicas complementarias al precio de las matrículas, las llamadas becas-salario, que son fundamentales para favorecer el acceso a los estudios superiores de los alumnos que provienen de entornos más desfavorecidos. 

Según los rectores, esta modificación "está favoreciendo la precarización del status de becario que, ante la insuficiencia económica, tiene que acudir necesariamente a realizar actividades laborales esporádicas que limitan su tiempo para el estudio y que probablemente tengan consecuencias en sus resultados académicos y en las posibilidades de renovación de su condición de becario que, en última instancia, puede determinar su continuidad en los estudios universitarios". Pese a esta dura advertencia de los responsables de los campus, el Gobierno no parece plantearse por el momento modificar este requisito. 

De hecho, en un comunicado, los responsables de los campus, además de valorar el anuncio, insistieron en la necesidad de rebajar al cinco la nota necesaria para acceder a las becas-salario. "La concepción de las becas y ayudas como un derecho social que garantiza que los jóvenes con rentas familiares más bajas puedan acceder a los estudios universitarios sin más límite que su capacidad académica, obliga a que en ningún caso se les puedan exigir unas condiciones de acceso y renovación de las mismas diferentes a las del resto de estudiantes", sostuvieron. 

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El Gobierno decidió modificar el sistema de becas al tiempo que, vía real decreto, también otorgó a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer la parte del coste que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas. Desde entonces, en primera matrícula, el crédito se puede posicionar entre el 15 y el 25% del coste real que supone impartir un grado, variable que puede alcanzar hasta el 100% a partir de la cuarta matrícula.

Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo, lo que supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento generalizado de las matrículas. De hecho, el precio de los grados se ha incrementado en todas las autonomías salvo en Castilla-La Mancha, donde tras un aumento del 42% en el curso posterior al tasazo, los precios volvieron en el curso 2013-2014 a niveles de 2011-2012; y Asturias y Galicia, donde se ha mantenido congelado todos estos años.

Los principales incrementos de precio de las tasas han tenido lugar en Castilla y León, donde el crédito pasó de costar 12,90 euros a 23,34 (+80,93%); Cataluña, con una subida de 20,11 euros a 33,52 (+66,66%); y la Comunidad de Madrid, con un alza del 34,92%: de 18,26 euros el crédito a 24,64. Tomando como referencia un grado de 240 créditos, los más habituales, en una universidad castellanoleonesa, ha pasado de costar 3.096 euros en total a 5.601.