La huelga judicial amenaza con agravar el colapso de una justicia con 3 millones de casos pendientes
El gran incendio judicial se extiende en pleno ciclo electoral. Apenas un mes después de extinguir el foco de protestas de los letrados judiciales, el Ministerio de Justicia tiene dos nuevos conatos de revuelta sobre la mesa. El primero lo protagonizan los funcionarios de la Administración, en pie de guerra desde hace poco más de una semana. El segundo, los propios integrantes de la judicatura y Ministerio Público. Tanto jueces como fiscales han anunciado ya su intención de ir a la huelga a mediados de mayo si el Gobierno no se sienta a negociar una mejora de las condiciones salariales. Otro incendio más, el tercero en apenas cuatro meses, que amenaza con agravar el colapso de unos tribunales que arrastran más de tres millones de asuntos pendientes de resolver.
Las tensiones de jueces y fiscales con Justicia no son nuevas. De hecho, si finalmente se convocase, esta sería la cuarta gran huelga de ambos colectivos en la última década –en 2009 hubo otro parón pero solo de los miembros de la judicatura–. La primera, contra las reformas proyectadas por el entonces ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, se convocó en 2013. Las otras dos, que llegaron a ser secundadas por un porcentaje nada despreciable de ambas carreras, se llevaron a cabo un lustro después, en mayo y noviembre de 2018. Entonces, jueces y fiscales exigían mayores garantías de independencia y pedían al Gobierno un incremento de medios materiales y humanos y una mejora de sus condiciones laborales y salariales.
Es este último aspecto, el retributivo, el que ahora centra fundamentalmente la revuelta en la judicatura y el Ministerio Público. Los salarios de ambos grupos se guían por la Ley 15/2003, que en su disposición adicional primera establece la obligación de reunir cada cinco años una comisión formada por representantes de las asociaciones y miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los ministerios de Hacienda y Justicia para elevar al Gobierno "propuestas de revisión" salarial. El problema es que dicho órgano lleva años sin convocarse. "Desde 2003 no se han vuelto a revisar los sueldos. Llevamos veinte años a verlas venir", resalta en conversación con infoLibre Cristina Dexeus, de la mayoritaria Asociación de Fiscales.
El esquema retributivo es uno de los puntos en los que trabajaron los colectivos judiciales durante el encuentro interasociativo que mantuvieron hace justo un año. Y sobre esa base comenzó un proceso de negociación con el departamento que dirige Pilar Llop. En ese contexto, se llegó a fijar incluso para finales de octubre la tan ansiada reunión de la Mesa de Retribuciones. "Pero, de pronto, se desconvocó sin ningún motivo", recuerda Ascensión Martín, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Ahora, medio año después, Justicia ha convocado de nuevo el órgano. La reunión, salvo cambio de última hora, será el próximo miércoles. Y de los avances que se produzcan en la misma dependerá que jueces y fiscales decidan mantener el pulso.
Los colectivos creen que es momento de adaptar salarios a las circunstancias actuales. Sobre todo, después del tijeretazo que sufrieron en plena crisis: casi el 10% del sueldo base y el 5% en complementos. Para ello, plantean mejoras en el pago de los trienios, en las sustituciones voluntarias o en la retribución de las guardias. "Ahora mismo se están pagando algunas guardias a menos de un euro la hora", señala María Jesús del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Además, también proponen eliminar los dos últimos grupos poblacionales, lo que supondrá un incremento salarial para aquellos compañeros destinados en pequeñas municipios y, por tanto, peor remunerados. "En algunos casos cobran menos que otros cuerpos de la administración local", dice Dexeus.
Una justicia saturada
Justicia ha criticado que se anuncien medidas de presión antes de negociar. El problema es que, visto lo visto, la mayoría de colectivos ni siquiera confía en que vayan a salir del encuentro con grandes avances. "Veremos qué actitud mantiene Hacienda, que es la que pone el dinero", dice Del Barco. Más prudentes se muestran, sin embargo, las asociaciones progresistas. Tanto la Unión Progresista de Fiscales como JJpD prefieren esperar a ver cómo avanzan las conversaciones antes de tomar ninguna decisión: "No queremos precipitarnos". Ahora bien, eso no quiere decir que no se acaben sumando si Justicia no da una respuesta adecuada a sus reclamaciones. Un parón al que sí han anunciado ya su adhesión las otras cinco grandes asociaciones: APM, AJFV, FJI, AF y APIF.
La tercera revuelta en apenas cuatro meses amenaza con agravar, aún más si cabe, el eterno colapso de los tribunales. Los órganos judiciales arrastraban al comenzar este año, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 3,39 millones de asuntos pendientes de resolución. Un 7,9% más que al inicio de 2021. Y un 43% más que hace un lustro, cuando los casos en trámite al finalizar 2017 se situaban en los 2,37 millones. Desde hace años, los tribunales no son capaces de resolver más asuntos de los que les entra. La única excepción se produjo en 2021. Pero solo fue eso, una excepción. En 2022, de nuevo, se han cerrado menos casos de los que han recalado en las mesas de los órganos judiciales.
Esta saturación, que se lleva tiempo arrastrando y que se vio agravada con la huelga de letrados judiciales de los primeros meses de año – el parón de la actividad suspendió más de 400.000 juicios y paralizó la entrada de casi medio millón de demandas–, repercute de forma directa sobre el propio ciudadano. En 2021, últimos datos disponibles del órgano de gobierno de los jueces, la duración de los procesos en los juzgados de lo penal era de casi once meses, mientras que en los de lo mercantil se acercaba a los quince. Se trata del tiempo medio, porque luego cada asunto es un mundo. Un concurso en lo mercantil dura de media más de tres años y medio. Un accidente de trabajo o un caso de enfermedad profesional en lo social, año y medio.
En los colectivos son conscientes del impacto que colgar las togas puede tener sobre una justicia colapsada. "En mayor medida, yo creo, lo tendrá en los órganos unipersonales", dice Martín. "Agravará una situación que no es nueva", concede Del Barco. Algunas voces, no obstante, consideran en privado que el daño será menor si esta huelga coincide con la que ya mantienen los funcionarios de justicia, en lugar de plantearla en periodos diferentes. Al fin y al cabo, señalan, el frenazo de la actividad de estos últimos ya provoca parones en los juzgados. Los colectivos, sin embargo, responsabilizan a Justicia de los efectos que la protesta pueda tener en los tribunales. "Si siguen funcionando es gracias a los jueces que trabajan por encima de sus posibilidades", deja claro Del Barco.
Sobrecarga de trabajo y falta de recursos humanos
Es cierto que ahora mismo el conflicto de estos colectivos con el departamento que dirige Pilar Llop se centra exclusivamente en aspectos económicos. Pero en la carrera judicial y fiscal hay muchos más problemas a la espera de solución. Y la sobrecarga de trabajo es uno de ellos. Hace justo una década, el órgano de gobierno de los jueces recogió en un informe que un 43,5% de los órganos judiciales españoles soportaban una carga de trabajo un 150% por encima de lo recomendado. Poco a poco, este problema, principal factor de riesgo psicosocial para jueces y magistrados, se fue colocando en el centro de la agenda. Sin embargo, los colectivos aún siguen intentando que se fijen de una vez por todas cargas máximas de trabajo en la carrera.
"Es algo que aún no ha mejorado", apunta Del Barco, quien considera necesaria la creación de un mayor número de juzgados. Una losa que también pesa sobre los miembros del Ministerio Público. "Estamos soportando cargas de trabajo elevadas", desliza también la presidenta de la Asociación de Fiscales, quien denuncia un déficit de plantilla constante. El Gobierno ha aprobado, este mismo lunes, un real decreto que implica un incremento de la plantilla del Ministerio Público con la creación de 70 nuevas plazas. Un incremento que Dexeus sigue considerando insuficiente. En 2020, últimos datos actualizados del Consejo de Europa, España contaba con 5,4 miembros del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes, frente a los 11,1 de la media europea.
Una falta de recursos humanos que también denuncian desde la judicatura. En este sentido, nuestro país contaba en ese mismo año con 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17,6 de la media europea. Y lo que está por venir. Un estudio de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) calculaba que hasta 2031 se van a jubilar 1.764 jueces y magistrados, lo que equivale a un tercio de los que ahora mismo están en ejercicio. Un tema que algunos colectivos consideran que debería ser ya una prioridad. Y sobre el que se debería empezar a trabajar.
