La Hungría de Orban, el espejo deformado en que se mira Abascal

El 9 de mayo de 2018 un comité distribuyó un informe. Y en el punto 17 escribió esto sobre determinado discurso del odio: "Al Comité le preocupa su elevada incidencia y las expresiones de odio contra las minorías, sobre todo los romaníes, los musulmanes, los migrantes y los refugiados, presentes en los discursos políticos, los medios de comunicación, Internet e incluso en las campañas patrocinadas por el Gobierno". El comité es el de Derechos Humanos de la ONU. Y su informe [puedes verlo aquí] tenía como protagonista a Hungría, uno de los 28 socios de la UE, país con moneda propia –el forinto–, con una población (9,7 millones de habitantes) que representa la quinta parte de la española (47,3) y un Gobierno que ha hecho de la xenofobia, la homofobia y el autoritarismo sus señas de identidad. Hacia ese gobierno y su jefe, Viktor Orban, el líder de Vox ha declarado esta semana su "admiración". La víspera de que Santiago Abascal partiera de viaje hacia Budapest invitado por Orban, Vox definió al político húngaro como "un ejemplo del rumbo que merece Europa".

Pero la constante deriva ultraderechista de su partido, Fidesz, ha llegado a tal punto que el Grupo Popular del Parlamento Europeo se ha visto obligado a expulsarlo de sus filas. De los déficits democráticos del país centroeuropeo lleva avisando la ONU algunos años. Y ahora han puesto en alerta a sus propios socios de la UE. La veloz bajada de Fidesz por la pendiente de la ultraderecha le ha cerrado las puertas de quienes eran sus socios parlamentarios. Y a llevado a la Comisión a supeditar la adjudicación de fondos a que se respete el Estado de Derecho, una medida que Hungría y Polonia ya han recurrido ante el Tribunal de Luxemburgo.

Los sarpullidos que provoca Orban, casi simétricos al entusiasmo que despierta en Vox, se expanden cuando alguien recuerda, por ejemplo, que es él quien en 2017 definió como un "excepcional hombre de Estado" a Miklós Horthy. Es decir, al aliado de los nazis al frente de un régimen que en 1944 y en solo dos meses envió a Auschwitz a más de 400.000 judíos.

Una sociedad civil "bajo presión" si critica al Gobierno

En septiembre, el informe con que la Comisión Europea examinó la situación del Estado de Derecho en cada uno de sus países miembros incluyó afirmaciones que, de ocultarse la identidad de sus autores, cualquiera atribuiría a Amnistía Internacional. Aquí, tres de ellas: "Los medios de comunicación independientes se enfrentan a una obstrucción sistémica y a intimidación"; "el pluralismo del mercado de los medios de comunicación corre un alto riego en Hungría"; "la sociedad civil sigue estando bajo presión, especialmente cuando adopta una postura crítica con respecto al Gobierno".

Por supuesto, el ejemplo de Amnistía Internacional no es imaginario. Su informe de 2020 sobre Hungría [puedes leerlo aquí] resulta demoledor: no porque los datos que denuncia la organización internacional sean preocupantes sino porque hace solo una década habrían resultado inimaginables en un país de la UE. Hungría ha vetado que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños. Ha prohibido el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transexuales. Y como ya señalaba Amnistía y acaba de subrayar la ONG Human Rights Watch, hace ahora un año el Parlamento aprobó bloquear la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. 

Cuando todo eso ocurrió, la ONU ya había advertido en su informe de 2018 sobre la exclusión de los gitanos: "Si bien toma nota de la adopción de varias estrategias y programas para mejorar la situación de la comunidad romaní y de los progresos realizados en algunos ámbitos, como la asistencia escolar de los niños romaníes, el Comité está preocupado por los informes que indican que esta comunidad sigue siendo víctima de discriminación y exclusión generalizadas y de desempleo y segregación en la vivienda y la educación. Le preocupa particularmente que, a pesar de la aprobación en 2012 de la Ley de Educación Pública, la segregación sigue siendo generalizada en las escuelas, especialmente las religiosas y las privadas".

Informar de trámites a un refugiado se paga con cárcel

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La segregación de los romaníes no es la única. Ni la más visible a escala internacional. Es la de los extranjeros la que ha llevado a Hungría a aplicar lo que la UE detallaba así en su informe de septiembre [puedes consultarlo aquí]:  "En noviembre de 2019, la Comisión denunció a Hungría ante el Tribunal de Justicia en relación con un acto legislativo (denominado «Stop Soros» por el Gobierno) que convirtió en delito la organización de asistencia ofrecida por cualquier persona, en nombre de organizaciones nacionales, internacionales y no gubernamentales, a personas que deseen solicitar asilo". Ayudar a los inmigrantes se convirtió así en delito en junio de 2019. Quien informe a un refugiado de los trámites para convertirse en asilado se arriesga hasta a un año de cárcel. 

Frente a la inquietud generada desde el primer momento por esa norma, Vox considera que toda la política antimigratoria de Orban constituye el paradigma de cómo debe España proteger sus fronteras. Pero en ocasiones, su apoyo sin fisuras a un Gobierno con el que busca "estrechar lazos" le coloca ante paradojas que evita abordar en sus mítines o declaraciones: la paradoja de haber atacado al Ejecutivo español y haberlo llevado –sin éxito– al Tribunal Constitucional por aplicar durante la pandemia lo que sus dirigentes denominan no como estado de alarma sino como "estado de excepción encubierto" y de forma simultánea respaldar de forma plena a otro gobierno, el húngaro. Es decir, al que aprovechó esa misma pandemia para aprobar una norma que le otorgaba un derecho omnímodo para derogar cualquier ley. No lo afirma un medio de comunicación enfrentado a Orban sino el ya referido informe de la Comisión Europea. Lo relata así: "El 11 de marzo de 2020, el Gobierno declaró un «estado de alarma» en respuesta a la pandemia de COVID-19. Su duración no estaba predefinida y el Gobierno tenía poder discrecional para mantenerlo o ponerle fin. El 30 de marzo de 2020, el Parlamento aprobó una nueva ley que permitía al Gobierno anular mediante decreto cualquier ley".

Ese mismo informe sobre Hungría incorpora un punto dedicado a la independencia judicial, otro de los asuntos que Vox ha convertido en lanza contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y dice esto "El Estado parte [Hungría] debe revisar el marco legislativo que regula las atribuciones del Tribunal Constitucional para devolver a este sus competencias formales, y debe adoptar medidas encaminadas a garantizar y proteger la plena independencia e imparcialidad del poder judicial, entre otras cosas asegurándose de que los jueces actúen sin presiones o injerencias del poder ejecutivo u otras influencias externas".