Iniciativa para que sea público cualquier archivo relacionado con la memoria histórica

El abogado Eduardo Ranz y el periodista José María Calleja registrarán este martes ante más de 30 instituciones de carácter militar una petición para que se garantice el acceso a los archivos militares relacionados con la Memoria Histórica y se elimine las "innecesarias trabas" que, según denuncian, están sufriendo investigadores,  familiares de las víctimas del franquismo y el resto de ciudadanos que quieren consultar los expedientes.

La iniciativa se inscribirá a las 11 horas ante la sede de la Primera Región Militar, ubicada en la madrileña Calle Mayor, en un día que coincide con la creación del 150 aniversario del Archivo Histórico Nacional, con el objeto de lograr el "pleno" acceso a estos archivos "por su interés público" al amparo de las leyes de Transparencia, Memoria Histórica y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Dentro de la treintenta de instituciones que recibirán peticiones se encuentran los archivos de la Armada, el Ejército del Aire, tribunales militares, regiones o zonas militares; así como ante las embajadas de Argentina, México, Cuba o Rusia. Además, instan a digitalizar los archivos de Falange Española de las JONS y de la Fundación Nacional Francisco Franco.

"Reestablecimiento de la verdad"

En su escrito, exigen adoptar medidas de forma "inmediata" para garantizar el derecho de acceso a los fondos documentales y la catalogación de aquellos que puedan "contribuir al restablecimiento de la verdad sobre la represión bajo el régimen franquista", al ser, aun hoy, "inaccesibles" a la ciudadanía.

La demanda se ampara, según ellos, en la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Transparencia, y la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que contemplan el derecho de acceder a los fondos depositados en archivos públicos, obtener las copias que se soliciten y examinar también aquellos que tengan carácter privado pero estén sostenidos con fondos públicos.

Aprovechan también para recordar que la Administración está obligada a facilitar el acceso a la información a los ciudadanos a través del Portal de la Transparencia y que el Reglamento de Archivos Militares de 1998 establece que los mismos serán "de acceso libre y gratuito cuando se trate de expedientes correspondientes a procedimientos terminados en la fecha en que tal consulta sea solicitada".

De este modo, Ranz y Calleja requieren el "pleno" acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas relacionados con la instrucción de expedientes, con especial tratamiento de lo juzgado en el Tribunal de Orden Público (TOP), así como la publicación de aquellos referidos a la Memoria Histórica, superiores a 25 años de antigüedad, de conformidad con la Ley sobre secretos oficiales de 1968.

Emplazan así a facilitar la consulta de los archivos pertenecientes a Defensa, comandancias de la Guardia Civil y Cuerpos de Seguridad del Estado comprendidos entre 1929 y 1977; mientras que invitan a suscribir convenios de colaboración con Universidades, al entender que "el acceso es básico para esclarecer el concepto de verdad" y ayudar a investigadores que participan en exhumaciones y familias que desean conocer datos de parientes represaliados.

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El abogado promotor de esta petición, Eduardo Ranz, ya ha llevado con anterioridad otras iniciativas en defensa de la Memoria Histórica como la denuncia contra 38 alcaldes por no retirar simbología franquista y demandas a 15 Obispados y Arzobispados por tener enterrados en recintos de su jurisdicción los cadáveres de Francisco Franco, Primo de Rivera o Queipo de Llano, entre otros. Su última acción en esta materia estuvo dirigida contra el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena por no elaborar un catálogo de vestigios franquistas y no cambiar el nombre a 186 calles.

"La intención es dar un acceso libre y público a los archivos militares para que las familias puedan consultar fácilmente expedientes de sus familiares camino de la verdad", declaró Ranz sobre la petición sobre la publicidad de archivos militares que registra este martes. "Se trata de un simple ejercicio de reparación", según el letrado. "Queremos que se puedan conocer expedientes de comandancia, sentencias...", todo aquello que pueda falicitar la búsqueda de familiares desaparecidos durante la dictadura.

Sobre si esta solicitud a instituciones relacionadas con el Ejército se verá cumplida o no, se muestra optimista, especialmente porque considera tener la legislación de su parte. "Pedimos que se cumplan tres normas de gran peso, por ello esperamos que, sin tener claro el cuándo, con esta petición se logre" la publicación de los archivos militares vinculados a la Memoria Histórica.