La intención de Macías de juzgar la amnistía deja al Constitucional en una situación insólita

El Tribunal Constitucional se encamina hacia una situación insólita. Que un magistrado que participó en el proceso de elaboración de la ley de amnistía no solo entre en las deliberaciones que decidirán sobre su encaje en la Constitución, sino que, además, sea el que redacte la sentencia final. Se trata del juez conservador José María Macías. Sus compañeros de sensibilidad en el órgano de garantías pretenden que, a pesar de haber asesorado al Senado durante la tramitación de la norma, calificándola de inconstitucional en un informe reclamado por esa Cámara, siga formando parte del tribunal que tendrá que decidir si la anula. También que mantenga la ponencia del caso. Macías, que ha acusado a sus compañeros progresistas de dañar la imagen del tribunal tratando de preservar "una determinada mayoría" y de "desacreditarlo" y "abonar el discurso de su politización", no ha encontrado hasta el momento razones para abstenerse él mismo en la causa. El artículo 219.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impide formar parte del tribunal a los que hayan "ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuáles haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa".

En su reunión del pasado 5 de diciembre, durante la tramitación de la Ley para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, la ley de amnistía, la Mesa del Senado aprobó a propuesta del Grupo Parlamentario Popular (con mayoría absoluta en la Cámara) requerir informe al Consejo General del Poder Judicial sobre la proposición de ley que se estaba debatiendo. La decisión se adoptó con los votos a favor del presidente, el popular Pedro Rollán y de sus compañeros de grupo Javier Maroto, Eva Ortiz y María del Mar Blanco y en contra de los senadores socialistas Guillermo Fernández Vara, Ángeles Luna y Francisco Fajardo. La petición se realizó sobre el texto aprobado previamente por el Congreso de los Diputados que, tras su paso por el Senado, salió adelante de nuevo en la Cámara baja y como tal se publicó en el BOE. La decisión se adoptó en un contexto en el que el grupo popular en el Senado se había conjurado para retrasar al máximo la aprobación de la ley, instando, incluso, la reforma del Reglamento de la Cámara para lograrlo. Pedir ayuda al Consejo en la tramitación legislativa fue parte de esa estrategia de dilación aun sabiendo que, una vez de vuelta al Congreso, el texto sería aprobado.

El Consejo del Poder Judicial, del que formaba parte Macías como vocal del sector conservador, otorgó su ayuda al proceso legislativo de la ley de amnistía el pasado 21 de marzo. Con el voto a favor del ahora magistrado del Constitucional, el órgano de gobierno de los jueces concluyó que la proposición de ley no tenía encaje en la Constitución porque la norma fundamental había dejado fuera de su articulado la amnistía de forma consciente. También sostenía que el texto era contrario al derecho de igualdad y al principio de separación de poderes. Así pues, el ahora juez del tribunal de garantías, durante la tramitación de la proposición de ley de amnistía, auxilió como consejero del Poder Judicial al Senado con su parecer y su apoyo, al advertir de que consideraba inconstitucional su contenido de la misma manera que lo hace ahora el PP.

Pese a haberse pronunciado previamente sobre la constitucionalidad de la norma, Macías, hasta el momento, no ha presentado su abstención, al contrario que el magistrado progresista Juan Carlos Campo que, como exministro de Justicia del PSOE, se apartó voluntariamente al considerar que se había expresado previamente sobre el encaje constitucional de la amnistía (consideró que no lo tenía) en los informes sobre los indultos concedidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los principales líderes condenados del procés, en 2021. Los conservadores, que inicialmente apoyaron la abstención de Campo respecto de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma del olvido jurídico planteada por el Tribunal Supremo, se opusieron a ella en el recurso de inconstitucionalidad del PP. Fuentes del sector progresista consideran que, con dicha maniobra, los magistrados a propuesta del PP buscan que Macías siga formando parte del estudio del recurso y mantenga la ponencia, algo que, sostienen, sería inasumible por su participación en el proceso de tramitación de la ley. Una situación, dicen esas mismas fuentes, que no se ha dado en los 44 años de historia del órgano. Ese pronunciamiento previo de Macías ha sido el argumento de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para recusarlo.

Que Macías no se haya abstenido pese a haberse pronunciado de manera oficial sobre la ley de amnistía tal y como finalmente fue aprobada y publicada, coincide, además, con el planteamiento que el propio PP hace de su recurso de inconstitucionalidad. El partido de Alberto Núñez Feijoo recusó a Juan Carlos Campo (que se ha apartado él mismo) y también al presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido (ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero), y a la magistrada Laura Díez Bueso, exdirectora de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica de Moncloa con Pedro Sánchez, de los que no se conoce ningún juicio previo sobre la norma. Sin embargo, en su recurso no dice nada de Macías, pese a su intervención en el proceso parlamentario que terminó con la aprobación de la ley. El PP, pues, como los magistrados propuestos por ese mismo partido, considera que el juez conservador debe formar parte del tribunal.

Nada más conocerse su nombramiento como magistrado del Constitucional, Macías reconoció públicamente sus pronunciamientos oficiales sobre la constitucionalidad de la norma. Pero sugirió que no se apartaría voluntariamente. Entre los motivos que adujo se encuentra el rechazo por el tribunal de garantías de la abstención de su compañera conservadora Concepción Espejel en el recurso del PP contra la ley del aborto en 2023. Espejel justificó su salida por haber participado en la redacción de un informe sobre la norma, pero sus compañeros la rechazaron al considerar que "los trabajos preparatorios" en los que intervino no dieron lugar a la aprobación de ningún dictamen, por lo que su contenido no fue trasladado al Ejecutivo. En el caso de Macías, su informe sobre la amnistía no solo se envió al Senado, sino que se incluyó entre la documentación que acumuló la Cámara durante el proceso que dio lugar a su aprobación.

El baile de abstenciones y recusaciones en torno al recurso del PP celebrará este martes su segundo acto. Tras aceptarse -sorpresivamente solo con los votos progresistas- la salida de Campo la semana pasada, cuatro magistrados a propuesta del PSOE y cuatro conservadores decidirán sobre la recusación de Cándido Conde-Pumpido. Tras el encontronazo entre ambas sensibilidades escenificado en la anterior reunión, los progresistas han aceptado que todos los magistrados recusados (Pumpido, Díez Bueso y Macías) queden fuera del quórum con el objetivo de acercar posturas. Se trata del pleno más ajustado sobre la amnistía de los celebrados hasta ahora y, en caso de empate, será la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, la que decida con su voto de calidad. Si se rechaza la salida de Conde-Pumpido, el presidente volverá al quórum que analizará las siguientes recusaciones en las que los progresistas volverán a ser mayoría.

El debate sobre la de Macías será, previsiblemente, el más duro por las diferencias de posturas entre ambos sectores. Fuentes progresistas aseguran que, de conseguir quedarse en el tribunal que juzgue el recurso del PP contra la ley de amnistía, sería la primera vez en la historia del Tribunal Constitucional que un magistrado que haya participado en el procedimiento de aprobación de una ley pueda pronunciarse sobre su constitucionalidad y, encima, redactar la sentencia.