Los últimos compases de la legislatura que termina fueron muy intensos en el Ministerio de Justicia. Y no solo por la producción legislativa. Los pulsos mantenidos por el departamento dirigido por Pilar Llop con los diferentes grupos de la Administración –desde los letrados judiciales a los mismos jueces– terminaron por marcar los primeros meses de 2023. Y aunque las aguas se han acabado calmando, más o menos, lo cierto es que la Justicia seguirá siendo uno de los grandes retos del próximo Gobierno, ya sea uno que se logre conformar tras los comicios del 23J u otro que salga de una futurible repetición electoral. En el horizonte, cuestiones como el desbloqueo del Ejecutivo de los jueces, las reformas pendientes o la jubilación de una parte importante de la carrera judicial.
La plantilla de jueces y magistrados se ha ido envejeciendo poco a poco. Si en 2013 la edad media de los mismos se situaba en los 47,4 años, en 2023 se colocaba ya en los 52,3. De ahí que se espere para los próximos años una salida masiva de magistrados, que se tienen que jubilar forzosamente cuando cumplen los setenta, si bien la Ley del Poder Judicial recoge la posibilidad de prórroga hasta los setenta y dos. Según los cálculos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), hasta 2031 se retirarán más de un millar de miembros de la carrera judicial. Es más del 20% de los jueces que al comienzo de este año se encontraban en activo. No obstante, esa cifra puede incrementarse hasta el 33% si se contabilizan jubilaciones anticipadas.
La necesidad de reforzar plantillas fue uno de los asuntos que se pusieron sobre la mesa en la negociación que el Ministerio de Justicia mantuvo con las asociaciones judiciales y fiscales para evitar una nueva huelga como la que habían protagonizado los letrados judiciales. Al final, las dos partes acordaron, además de incrementos salariales, ofertar un centenar de plazas más en 2023 y 2024, que se suman a las dos centenares ya aprobadas para cada uno de los ejercicios. A comienzos de junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calculó que serían necesarias unas trescientas plazas anuales hasta 2032 para garantizar "el correcto funcionamiento" de los tribunales.
Una justicia que, aunque no sea una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, cada vez se encuentra más colapsada. Los órganos judiciales arrastraban al comenzar este año, según los datos del CGPJ, 3,39 millones de asuntos pendientes de resolución. Un 7,9% más que al inicio de 2021. Y un 43% más que hace un lustro, cuando los casos en trámite al finalizar 2017 se situaban en los 2,37 millones. Desde hace años, los tribunales no son capaces de resolver más asuntos de los que les entran. Una saturación que repercute de forma directa sobre el propio ciudadano. La duración de un procedimiento relativo a un accidente de trabajo o un caso de enfermedad profesional en los juzgados de lo social, por ejemplo, se demora de media un año y medio.
Una reforma de la Justicia que quedó en el tintero
A lo largo de la última legislatura, el Gobierno de coalición trató de llevar a cabo una ambiciosa reforma del sistema judicial. Y lo hizo, en parte, pensando en la necesidad de agilizar la actividad de los tribunales. Con esto en mente, el Ministerio de Justicia impulsó la Ley de Eficiencia Procesal, que introducía, por ejemplo, cambios en la Lecrim para evitar la reiteración de trámites en los procesos. Y, con ella, la Ley de Eficiencia Organizativa, que buscaba cambios en la organización de la Administración de Justicia con la evolución de los juzgados de paz a oficinas de justicia en los municipios y la puesta en marcha de tribunales de instancia, cuya creación lleva años planteándose.
Ambas normas, junto con la Ley de Eficiencia Digital, constituían los tres pilares sobre los que se apoyaba el Plan Justicia 2030. Pero ninguna de ellas consiguió llegar a buen puerto. El adelanto electoral provocó que los textos acabaran guardados en un cajón del Congreso de los Diputados. Ahora, el nuevo Gobierno deberá decidir si retoma o no de nuevo los proyectos. Los socialistas prometieron que lo harían en su programa electoral para las elecciones del 23J. Un documento de promesas que, en el caso del PP, también incluía la intención de aprobar las "reformas procesales, organizativas y de digitalización" que sean "necesarias".
De las protestas a la renovación del CGPJ
Los funcionarios de justicia suspenden la huelga hasta el nuevo Gobierno pero dicen que el conflicto sigue
El atasco judicial se ha visto agudizado en los últimos meses por las diferentes huelgas. Se calcula que el parón de la actividad de los letrados suspendió más de 400.000 juicios y paralizó la entrada de casi medio millón de demandas. Y, tras este, llegó la protesta de los funcionarios de la Administración de Justicia, que según los sindicatos habría frenado de más de millón y medio de vistas y de alrededor de diez millones de actuaciones procesales. Un conflicto que, sin embargo, sigue sin cerrarse. Y al que, con toda probabilidad, deberá enfrentarse el nuevo Ejecutivo. Porque aunque suspendiese la huelga a las puertas del 23J, este colectivo ya ha avisado de que retomará el pulso en cuanto haya Gobierno.
Pero el gran reto de la próxima legislatura, y del Ejecutivo que venga, será la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces va camino de cumplir ya cinco años en funciones ante la negativa del PP a desbloquear el relevo de sus vocales. Y esto, unido a la reforma que le impide hacer nombramientos discrecionales estando en funciones, ha provocado un enorme agujero en la cúpula judicial. En estos momentos se acumulan ya un centenar de plazas por cubrir en los distintos tribunales. De ellas, 22 se encuentran en el Supremo, lo que equivale a un 22% de la plantilla que debería tener.
El cerrojazo a este tipo de nombramientos en situación de interinidad será uno de los asuntos que deba abordar en el próximo curso el Tribunal Constitucional tras los recursos interpuestos por PP y Vox. Por el momento, y tras el ajustado resultado del 23J, en el órgano de gobierno de los jueces siguen sin ver la luz al final del túnel. Algunas voces del CGPJ se muestran pesimistas y creen que la situación de bloqueo se alargará. Otras, sin embargo, ven factible que se produzca la renovación si se consigue conformar un nuevo Ejecutivo. Aunque lo vuelva a liderar Pedro Sánchez. "Al PP no le queda otra opción, no puede estar bloqueando cuatro años más", dicen en privado.
Los últimos compases de la legislatura que termina fueron muy intensos en el Ministerio de Justicia. Y no solo por la producción legislativa. Los pulsos mantenidos por el departamento dirigido por Pilar Llop con los diferentes grupos de la Administración –desde los letrados judiciales a los mismos jueces– terminaron por marcar los primeros meses de 2023. Y aunque las aguas se han acabado calmando, más o menos, lo cierto es que la Justicia seguirá siendo uno de los grandes retos del próximo Gobierno, ya sea uno que se logre conformar tras los comicios del 23J u otro que salga de una futurible repetición electoral. En el horizonte, cuestiones como el desbloqueo del Ejecutivo de los jueces, las reformas pendientes o la jubilación de una parte importante de la carrera judicial.