Los jueces acusan a Gallardón de buscar “territorios de impunidad” para los políticos

Una enmienda a la totalidad a la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Así se podría calificar el contenido de la rueda de prensa conjunta concedida este martes por la tarde por los portavoces de las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

Ángel Dolado (Foro Judicial Independiente), Marcelino Sexmero (Francisco de Vitoria) y Joaquim Bosch (Jueces para la Democracia) protagonizaron una imagen poco usual: la de tres asociaciones de jueces que han sido antagónicas durante los últimos años, pero que Gallardón ha unido.

Y en la comparecencia los representantes de los jueces acusaron a Ruiz-Gallardón de reformar la Ley del Poder Judicial con la intención de "controlar la judicatura para garantizarse territorios de impunidad", según las palabras de Dolado, presidente del Foro Judicial Independiente.

Comparecencia crítica

La rueda de prensa, en la que no participó la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que es mayoritaria en la carrera, fue extremadamente crítica con el ministro, a quien acusaron de querer cercenar la independencia de los jueces, uno de los presupuestos básicos del Poder Judicial.

Además, los tres portavoces anunciaron que llevarán a cabo medidas de protesta si el exalcalde de Madrid no retira la reforma, que "amordaza" a los magistrados para que no valoren los casos de actualidad en los medios de comunicación.

"Es una reforma muy negativa que forma parte del estilo Gallardón, que consiste en generar actuaciones improvisadas, poco rigurosas técnicamente, que no resuelven los problemas reales y que sólo sirven para proyectar su imagen pública", llegó a denunciar Bosch. "Quieren unos jueces silenciosos y alejados de la ciudadanía", completó Sexmero, el portavoz de la Francisco de Vitoria.

La centralización puede no suponer "un ahorro"

Sexmero, que fue el encargado de iniciar las intervenciones, llamó la atención en el hecho de que se prohíba a los jueces hablar públicamente de las causas, "pero a los políticos sí se les deja criticar las decisiones judiciales". "Tratan de imponer una justicia militar, eliminando los resortes de democracia interna", lamentó por su parte Bosch, que recordó que se elimina la figura del juez decano, que se elegía de forma democrática.

También fue criticada la reorganización del sistema judicial, que quiere acabar con los partidos judiciales, una decisión que "aleja" a los ciudadanos de la Administración de Justicia. "¿Y cuando haya que trasladar a un preso a dónde se va a llevar? ¿Al juzgado de la capital de la provincia o al juzgado de instancia? No está claro que la centralización suponga un ahorro", alegó por su parte Dolado.

Tampoco sentó bien la intención de acabar con lo que desde el PP se ha denominado de forma despectiva jueces estrella. Para estas asociaciones, con la posibilidad de crear tribunales ad hoc, compuestos por tres magistrados, se acaba con uno de los principios básicos de la Justicia, como es el derecho al juez predeterminado por la ley: "Con la ley de Gallardón no habría investigaciones como los casos Pokémon, Nóos, el de los ERE de la jueza Mercedes Alayacasos PokémonNóosERE u otros. Se estancarán las investigaciones sobre corrupción política o delitos económicos, pues sería muy poco operativo", expresó Sexmero, que dio por hecho que los casos a los que se asignará un tribunal serán los más complicados, "y no un simple robo. Serán los delitos de cuello blanco".

Pero la crítica de los portavoces de las tres asociaciones de jueces fue mucho más allá de la reforma de la LOPJ, asegurando que el modelo de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que los principales partidos del Congreso de los Diputados eligen a sus representantes "ha fracasado".

"Punta del iceberg"

En este sentido, Sexmero consideró que "la punta del iceberg" de la "politización" es el nombramiento de los nuevos vocales del CGPJ, pues ahora la institución está "teledirigida por el Gobierno", ya que los vocales que están dentro de la "correa de transmisión de los partidos políticos" no defienden los intereses profesionales de los jueces. "El presidente se ha convertido en el verdadero órgano director que hace y deshace", remachó Sexmero.

Por su parte, Dolado consideró que todas las reformas de Gallardón se podrían resumir con dos palabras: "Absoluta desigualdad". Este problema se puede ver, según el portavoz del Foro Judicial Independiente, en la Ley de Tasas, que supone una auténtica "involución democrática". "Quieren cambiar la ley, pero no se dan cuenta de que la gente les va a cambiar a ellos", sentenció Dolado, que fue más allá: "Quieren que la Justicia sea un órgano de protección del poder político".

Otro de los problemas que surgen de la gestión de Ruiz-Gallardón, explicaron los portavoces de las asociaciones profesionales, es que los jueces de turno de oficio no cobran el dinero prometido, "al contrario de lo que se dijo, pues el dinero iba a conseguirse tras la elevación de las tasas, algo que finalmente no ha sido así", indicó Dolado.

Registros civiles

La reforma del Código Penal de Gallardón vulnera la Convención de la ONU sobre discapacidad

Ver más

Los portavoces de las tres asociaciones de jueces también rechazaron la futura privatización de los registros civiles: "Aunque ahora digan que los registradores mercantiles no van a cobrar por la gestión sí lo acabarán haciendo. La gratuidad no va a existir", anunció Sexmero.

También se mencionó el intento del PP de acabar con la denominada jurisdicción universal, algo que según las asociaciones no ha sido posible gracias a los jueces, que tal y como se dice en la Constitución, dictan sentencias e interpretan las leyes. Y según la opinión de las asociaciones, una ley que ha tratado de favorecer a China, ha acabado provocando la liberación de narcotraficantes.

Por otra parte, Bosch también se dirigió al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para que aclare si participó en la redacción de los primeros borradores de la Ley del Poder Judicial de Gallardón porque, de ser así, tendría que haberse abstenido en el informe del Consejo que avala la reforma.