El juez del accidente de Santiago imputa a los tres últimos presidentes de Adif

El juez Luis Aláez ha citado a declarar como imputados a todos los presidentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que han ocupado el cargo desde que entró en funcionamiento el tramo en el que se produjo el accidente del tren Alvia el pasado 24 de julio y a los vocales del Consejo de Administración desde esa misma fecha, diciembre de 2011. Son, en total, 22 nuevos imputados que se suman así la relación de cinco personas que ya han prestado declaración ante el juez.

El magistrado de instrucción considera que estas personas cometieron "cuando menos una grave falta de diligencia" y que ello "a la postre, ha contribuido al fatal desenlace del pasado día 24 de julio". En concreto, el juez relata que "en un tramo muy delicado para la circulación de una línea de Alta Velocidad y, en consecuencia, para la vida e integridad de los usuarios" se sustituyó "un sistema (ERTMS) por otro que, si bien está homologado, se presenta, sin necesidad de especiales conocimientos, inválido (...) para garantizar una circulación segura" sin medidas adicionales.

No es la primera vez en la que Aláez apunta a los máximos dirigentes de Adif y reclama su presencia en el proceso. El pasado 10 de septiembre, emitió un auto en el que imputaba a cinco responsables y pedía a Adif que identificase a los presidentes de la empresa desde la entrada en funcionamiento del tramo a finales de 2011. Es decir, reclamaba el nombre del actual presidente, Gonzalo Ferre, y de sus antecesores Enrique Verdegur, que apenas estuvo un año en el cargo, y Antonio González, número uno de empresa pública entre 2004 y 2012.

Sin embargo, la empresa recurrió el auto y anunció una semana después, el 17 de septiembre, que se negaba a colaborar con la Justicia, alegando que el recurso estaba pendiente de resolución y que identificar a esas personas atentaría contra su "intimidad" si finalmente se fallase a favor de Adif. No fue hasta el 20 de septiembre cuando la Abogacía del Estado, en nombre y representación de Adif, facilitó finalmente la información que había sido solicitada por Aláez.

Los ahora imputados son quienes ocuparon los cargos de Director de Seguridad en la Circulación, Gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación Noroeste y los inspectores de la jefatura desde que que se inauguró el servicio en la zona del siniestro. Las declaraciones se producirán entre el 9 de octubre y el 11 de diciembre en los juzgados de Santiago.

Modificación imprudente

En el auto, el magistrado-juez de instrucción recuerda que el proyecto del tramo en el que se produjo el siniestro sufrió una modificación que considera relevante. Aláez relata que inicialmente se previó contar con el sistema de protección ERTMS, y que posteriormente se acordó "que en los ocho kilómetros anteriores a la estación de Santiago, en los que se localiza la curva de A Grandeira, el maquinista tuviese como sistema de apoyo en la conducción el ASFA".

No fue una decisión baladí. Aláez asegura en el auto emitido este martes que "ese cambio conllevaba una evidente pérdida de seguridad en la circulación", y aunque admite que el ASFA es también un sistema homologado, considera que "no da respuesta ante el previsible fallo o error del maquinista". Siendo Adif conocedor de que la curva en la que ocurrió el accidente imponía una importante reducción de la velocidad, sostiene el juez, no se comprende que el cambio obtuviera luz verde sin que se implantasen medidas de seguridad adicionales.

A lo largo de auto, el juez que instruye la causa por uno de los siniestros ferroviarios más graves de la historia en España se muestra especialmente crítico con la modificación del proyecto y señala que esa alteración sobre las previsiones iniciales "es objeto de reproche". Además, señala la existencia de "intereses no clarificados (acortar el tiempo del viaje entre Orense y Santiago, compatibilizar el sistema de protección o ayuda con el que ya se explotaba en la estación de Santiago o cualquier otro que se puedan sospechar) que legal y reglamentariamente no debían haber sido sobrepuestos a la seguridad de los usuarios" que pudieron motivar la decisión que, a la postre, provocó una "situación de déficit de seguridad".

Adif insiste en su recurso

Por su parte, Adif ha recordado que ya tiene presentado un recurso contra el auto del juez Luis Aláez en el que solicitaba identificar a las personas que ocuparon distintos cargos en la entidad pública desde que se puso en servicio la línea en que se registró el accidente del pasado 24 de julio.

Fuentes oficiales de Adif se remitieron a este recurso, ya presentado por la Abogacía del Estado, tras conocerse el auto dictado este martes por el magistrado. En él, la Abogacía del Estado argumentaba que el juez atribuye a los imputados "una especie de capacidad visionaria que les hubiera permitido prever la posibilidad de que existiera un comportamiento imprudente de naturaleza tan grave" como la que motivó el fatal accidente.