El juez investiga si López Madrid recibió 700.000 euros para mordidas por adjudicaciones a OHL

Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha pedido un informe a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre las cuentas bancarias de Financiera SIA Capital SL, empresa en la que Javier López Madrid aparece como administrador único, en busca de una transferencia de 718.648 euros procedente de una sociedad luxemburguesa que podría haber estado recibiendo dinero de la filial mexicana de OHL para pagar sobornos a cambio de obra pública, según informa Euroa Press.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado requiere a la AEAT "para que informe de las cuentas bancarias de las que sea titular la entidad Financiera SIA Capital" con la finalidad de identificar esa transferencia "realizada por la empresa luxemburguesa Lendir Investments SA el 10 de noviembre de 2010 o en fecha próxima".

"En el mes de noviembre de 2010 esa sociedad luxemburguesa recibió 3,4 millones de dólares procedentes de OHL SA a través de una filial mexicana (de OHL), presuntamente, para financiar el pago de comisiones", detalla el auto judicial, que se enmarca en la octava pieza separada del caso Lezo e investiga sobornos por un importe cercano a 40 millones de euros.

El instructor del caso Lezo dispone, asimismo, que el procedimiento por el que ya han prestado declaración varios ex trabajadores de la multinacional, se dirija contra seis personas "que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismos o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL".

Políticos del PP, el PSOE y CC

Entre estas seis personas se encuentran: el exdirector de la extinta GIASA (actual Agencia de Obra Pública de Andalucía), Abelardo Genaro Moya (del PSOE); el exdirector de la Autoridad Portuaria de Melilla, José Luis Almazán (del PP); y el exdirector del Puerto de Cádiz Albino, Pardo Rodríguez. Todos ellos citados a declarar los días 12 y 13 de junio en la Audiencia Nacional.

El procedimiento también va contra: el exsubdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento, bajo gobierno del PP, Luis Manuel Bruno Romero; el ex consejero canario y ex senador por CC Antonio Ángel Castro Cordobez; y el expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Luis Pedro Suárez Trenor (de Coalición Canaria). Aunque aún no se ha programado la fecha en la que estas tres personas deberán acudir a declarar.

Todas estas personas ostentaban cargos públicos cuando se adjudicaron los 12 contratos de obra con OHL que la Fiscalía Anticorrupción tiene en el punto de mira por la sospecha de que hubiesen mediado comisiones para conseguir los contratos y sobre los que el juez pide a las autoridades competentes que remitan la documentación. El más antiguo es de 2001 y el más reciente, de 2013.

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En concreto, pide a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento documentación sobre el proceso de adjudicación, contratación y certificación de tres expedientes que corresponden a tramos en la N-630, la A-7 y la A-44. Mientras, requiere a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife información similar sobre las obras de ampliación de los puertos de La Estaca y La Granadilla.

Asimismo, el juez le pide información a: la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sobre el contrato con una Unión Temporal de Empresas (UTE),en la que estaba OHL, para la ampliación del muelle de Marqués de Comillas; a la de Almería, sobre el muelle de Poniente; y a la de Melilla, sobre la adjudicación a la empresa SATO de un proyecto de calado en el muelle Ribera II.

El auto también se ha remitido a la entidad Gestión de Infraestructuras de Andalucía SA para que informe sobre otros tres expedientes de obras adjudicadas a OHL, como un puente en Río Genil, la renovación del firme en la A-92 o una variante en la A-334; y a la Consejería de Transportes de Canarias por otro contrato de infraestructuras con la constructora.