Pedraz ordena profundizar en el espionaje a Podemos identificando a los policías que rastrearon a diputados

El titular del Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, trata de profundizar en la investigación sobre la supuesta guerra sucia contra Podemos. Tras recibir los resultados de la auditoría realizada sobre búsquedas en bases de datos policiales de diputados de la formación morada, el magistrado ha dictado una providencia en la que ordena, a petición del partido político, recabar la "identidad completa" de algunos de los usuarios que hicieron estas consultas, identificar los dispositivos" que se corresponden con las direcciones IP desde la que se llevaron a cabo las búsquedas o recopilar el "atestado" o "informe" del que se deriva el "interés policial o judicial" para los accesos producidos.

La documentación que a comienzos de mes remitió la Unidad de Asuntos Internos a la Audiencia Nacional tras una auditoría realizada por la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Policía Nacional puso de manifiesto centenares de consultas en las bases de datos policiales sobre al menos 55 diputados de la formación en los años 2015 y 2016. En el caso del exlíder de Podemos Pablo Iglesias, el fichero sobre él remitido a Pedraz dejaba constancia de más de un centenar de consultas sobre él con palabras clave como "joyas", "hospederías" u otras relativas a viajes de avión o barco. Una parte importante de las consultas se hicieron desde la Brigada de Información, pero también desde la Comisaría General de Policía Judicial o diferentes comisarías locales.

Ahora, con estos datos sobre la mesa, el magistrado ha ordenado una serie de diligencias planteadas por Podemos que considera que son "necesarias y proporcionadas" para avanzar en la investigación. Buena parte de ellas tienen que ver, sobre todo, con aclarar quién hizo los accesos y si los mismos estaban justificados. Así, ha pedido que se exprese la "identidad completa" de un grupo de usuarios que habría realizado búsquedas en dichas bases "sin que, a priori, conste justificación a dicho acceso". En el caso de que el usuario usado sea colectivo –"Atlas" o "Atlashot"–, ha pedido que se identifique a los "funcionarios" que podrían haber accedido "bajo dicha identificación" y que se recaben los "turnos de trabajo" de los mismos en las fechas en las que se hicieron las consultas.

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Del mismo modo, ha solicitado que se identifiquen "los dispositivos" vinculados a las direcciones IP que constan en la información remitida por Asuntos Internos. También, que se especifique para cada uno de los accesos "si es de incorporación o modificación de datos, o de consulta de los mismos, concretando en el primer caso qué datos se incorporaron o modificaron, y en el segundo el retorno que ofreció cada búsqueda efectuada". Y que, además, se adjunte "el atestado, nota de servicio, instrucción escrita, diligencia o informe del que derive el interés policial o judicial de dicho acceso, si existiera". "En el caso de que el acceso derive de la búsqueda de otra persona con nombre y/o apellidos coincidentes, se justifique tal extremo con la acreditación documental del interés policial o judicial respecto de dicha persona", completa.

El titular del Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de febrero admitió una querella de la formación morada por las supuestas investigaciones prospectivas a personas que formaron parte de Podemos, ha pedido también a la Policía que aclare si hubo o no búsquedas en las bases de datos policiales de otros trece diputados que no se incluían en los archivos enviados por Asuntos Internos a la Audiencia Nacional. Son, en concreto, los siguientes: Sara Carreño, Mae de la Concha, Sofía Fernández, Ana Marcello, Alberto Montero, Jaume Moya, Sergio Pascual, Rosana Pastor, María del Carmen Pita, Ángela Rodríguez, Dolors Terradas, Josep Vendrell y Raimundo Viejo.

El interés de aquel Ministerio del Interior, que entonces liderada Jorge Fernández Díaz, por desacreditar ese espacio político, que irrumpió en 2015 en el Congreso de los Diputados con 69 escaños, fue algo que pusieron de manifiesto los WhatsApp del exsecretario de Estado Francisco Martínez que fueron aportados en su día a la investigación del caso Kitchen. "¿De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?", preguntaba en enero de 2016 el ex secretario de Estado de Interior a Enrique García Castaño, comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo. "Mirar los 69 se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro", decía en esa conversación el alto mando policial.