El juez reclama a Cifuentes el acuerdo que permitió el pelotazo de Arganda

El juez José de la Mata, que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Gürtel en el que se investiga en Arganda del Rey el mayor pelotazo de la trama liderada por Francisco Correa, ha reactivado sus pesquisas reclamando a la dirección general de Urbanismo del Gobierno de Cristina Cifuentes que remita "en el plazo de cinco días" el acta de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en la que se aprobó en enero de 2006 el Plan Parcial de Reforma Interior de la urbanización conocida como Unidad de Ejecución 124 del municipio madrileño, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

Según la información facilitada por la Policía Judicial, los ingresos que pudo haber obtenido Francisco Correa a cambio de intermediar en esta operación urbanística podrían alcanzar los 25 millones de euros25 millones . La justicia de Suiza mantiene bloqueados 22,2 millones de euros que Correa mantenía en los bancos de este país al margen del fisco español.

Las irregularidades en la adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, que desembocaron en uno de los mayores pelotazos de la trama Gürtel, provocaron que la constructora elevara su previsión de ventas en 198,3 millones, según se desprende de un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) remitido al juez De la Mata, que basa sus conclusiones en la declaración del arquitecto contratado por Martinsa para desarrollar su proyecto en el municipio madrileño, Gilbert Barbany, que declaró como testigo en la causa.

Comisión de urbanismo

En el mencionado informe, la IGAE llama la atención al juez De la Mata que entre la documentación aportada para esta operación inmobiliaria no constaba que se hubiera remitido el acuerdo final a la Comunidad de Madrid. Tampoco se incluyeron los correspondientes informes técnicos y jurídicos ni el acuerdo adoptado por la comisión de Urbanismo.

En el documento, la Intervención analiza las irregularidades en la adjudicación de estos terrenos, situados en la llamada UE-124 o Área de Centralidad de la localidad del sur de la Comunidad de Madrid. Las variaciones introducidas en el plan inicial, y que ahora reclama el juez a la Comunidad de Madrid, provocaron, por ejemplo, que se pasara de las 1.580 viviendas previstas inicialmente a la aprobación definitiva de 2.731, un 72,85 por ciento más.

El "incremento tan importante" producido en el número de viviendas planificadas -a costa de reducir el número máximo de metros cuadrados de las mismas a 90- generó que Martinsa pasara de contar con una previsión de venta de 336,6 millones a 535 millones, un 58,93 por ciento más (198,3 millones), completa el documento, que alude en todo momento a los datos aportados por el testigo.

Cesión gratuita

Pero el juez también reclama al Ayuntamiento de Arganda del Rey el expediente completo de la cesión gratuita de las parcelas integradas en la UE-124 por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la entidad pública Fomento y Desarrollo Municipal SA tramitado en 2004, y que posteriormente acabaron en poder de Martinsa. 

Precisamente, el informe de la IGAE también refleja que el precio de licitación cerrado para llevar a cabo la operación fue de 77,2 millones, una valoración que -dice- no se corresponde con la real ofrecida por Aguirre Newman. Prueba de ello es que el propietario de Martinsa, Fernando Martín, vendió unos meses más tarde un tercio de los terrenos por 73 millones.

Fernando Martín se defiende

Fernando Martín, que está imputado en esta pieza separada de Gürtel, siempre ha defendido la legalidad de todas sus actuaciones, al mismo tiempo que ha asegurado que adquirió y vendió los terrenos mencionados al precio de mercado.

La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif) señaló entonces que dos sociedades de Correa recibieron sendas comisiones de 12 y 12,8 millones de euros por esta operación. La primera la realizó el empresario Manuel Salinas en 2004 y la segunda el presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, a través de una sociedad interpuesta, dos años después.

Salinas, un empresario de Zaragoza dedicado a la fabricación y comercialización de muebles de madera y el equipamiento integral de cuartos de baño cuyas empresas "estaban relacionadas" con el negocio de Martinsa, invirtió también cuatro millones para pagar la segunda comisión, que fue efectuada por la empresa Cedargrove Investments, vinculada a Martín, informa Europa Press.

Los técnicos del organismo tributario afirman que, coincidiendo con el pago de la comisión ilegal de 12,8 millones, una empresa de Salinas (Tasal SL) adquirió además de forma legal el 5 por ciento de las acciones de una sociedad en la que había invertido Martinsa denominada RTM por valor de cinco millones de euros. RTM fue el nombre de la división inmobiliaria vinculada a la operación para la construcción del nuevo estadio del club colchonero. Sin embargo, Salinas decidió en 2006 liquidar su participación en las empresas que se adjudicaron el pelotazo y recuperó estos cinco millones.

Director general de Transportes

En el auto, firmado este mismo martes 29 de noviembre, De la Mata cita también a declarar como testigo al actual director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero, en relación a los contratos adjudicados a la empresa de Correa Easy Concept Comunicación SL sobre las ofrendas florales de las fiestas patronales del municipio de 2007 y 2008.

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El juez también cita de declarar, pero en este caso como imputados, a los técnicos municipales Jose Ramón Gutiérrez Villar, Isaac García Requena y María Josefa Aguado del Olmo. Como testigo está citada la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el técnico municipal José Fernández García.

José de la Mata reclama asimismo al Ayuntamiento el expediente de resolución del contrato de construcción de centro deportivo integrado de la Poveda, suscrito con la empresa Teconsa.

Finalmente, el instructor solicita al Ministerio de Economía y Hacienda para que antes de cinco días "informe sobre la clasificación que la entidad Constructora Hispánica SA tenía entre 2004 a 2007", para determinar si esta sociedad podía contratar con la Administración pública.