Policía
La jueza Lamela acuerda el ingreso en prisión del excomisario Villarejo por cohecho y blanqueo
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado pasadas las 22.00 horas de este domingo el ingreso en prisión incondicional del comisario jubilado José Villarejo, de su socio Rafael Redondo y del actual comisario jefe contra las redes de inmigración ilegal Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada Operación Tándem, han informado fuentes jurídicas.
Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes en el marco de un operativo de la Fiscalía Anticorrupción ordenado por lucrarse con servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español. Han sido interrogados desde primeras horas de la tarde de este domingo por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.
A Salamanca —este último excomisario de Barajas y actualmente comisario jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF)— la juez le atribuye también indiciariamente un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los otros cuatro investigados que han pasado a disposición judicial han quedado en libertad según las mismas fuentes.
Entre éstos últimos se encuentra la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, que queda en libertad con la medida cautelar de retirada de pasaporte y en el de los otros tres —uno de ellos hijo de Villarejo y otro de Salamanca— sin medidas cautelares. Del séptimo de los detenidos no ha trascendido su identidad.
La investigación sitúa a Villarejo y al resto de detenidos como integrantes de una organización criminal. También les acusa de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La operación, bautizada como Tándem, fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".
Según Anticorrupción, los detenidos se aprovechaban de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.
Un comisario polémico
Villarejo está siendo investigado en la actualidad en los juzgados de Plaza de Castilla por varias causas, una de ellas su presunta relación con una grabación en octubre de 2014 a policías y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.
La Fiscalía Anticorrupción se opone a la libertad del excomisario Villarejo, en prisión desde noviembre
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Su nombre aparece asociado a otros procedimientos judiciales abiertos como el presunto apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto, por el que se investiga al exconsejero del Grupo Villar Mir, el empresario Javier López Madrid.
Recientemente, Villarejo también fue citado como testigo en relación con el pendrive fantasma con pruebas sobre el expresident de Cataluña Jordi Pujol, después de que el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino dijera que su antiguo colaborador se había ofrecido a proporcionarle el dispositivo USB a cambio de dinero.
Condecorado por el Ministerio del Interior en varias etapas, Villarejo ha protagonizado en los últimos meses una larga disputa judicial en la llamada "guerra de comisarios", enfrentándose a otros policías ya retirados como el que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.
