De la eutanasia al juramento de los diputados o el 'caso Rodríguez': los frentes del TC frenados por el bloqueo
Ya han pasado tres meses desde la finalización del mandato de un tercio de los miembros del Constitucional. Y, a pesar de ello, la renovación de los magistrados aún continúa en el aire. El Consejo General del Poder Judicial incumplió este mismo martes el plazo fijado por ley para poner sobre la mesa sus nombres. El bloqueo en sí no paraliza el funcionamiento del tribunal de garantías. Al fin y al cabo, los cuatro magistrados salientes continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión sus sucesores. Sin embargo, sí que le ha obligado a aparcar, según explican a infoLibre fuentes del Constitucional, la resolución de determinados asuntos relevantes a la espera de que se complete la renovación de un órgano que dejaría atrás la actual mayoría conservadora para funcionar con una progresista.
El Ejecutivo, que esperará al CGPJ para poner sobre la mesa sus nombres, ha insistido en las últimas horas en la importancia del desbloqueo. "[El TC] no solo decide sobre recursos contra las leyes, sino que también ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos, que además han supuesto unas importantes conquistas en derechos sociales o humanos", resaltó este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la titular de Justicia, Pilar Llop. De hecho, achacan la obstrucción al interés del PP por poner freno a los diferentes avances sociales. Al fin y al cabo, la sustitución de Pedro González-Trevijano, Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares dejará un órgano de 7 magistrados progresistas por 5 conservadores.
El aborto, según las fuentes pulsadas, es justo uno de los asuntos cuya resolución ha quedado aparcada a la espera de renovación. De todos, es el de mayor voltaje político. Y el más antiguo que se tiene entre manos. Doce años han pasado ya desde que el PP, con el asesoramiento del entonces presidente del Foro de la Familia y agarrándose al "derecho a la vida", recurriese la ley del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que admitía el aborto libre hasta la semana 14 del embarazo o hasta la 22 cuando hubiese riesgo para la salud de la madre.
Tras la salida de la magistrada Elisa Pérez en agosto de 2012, la ponencia sobre esta cuestión recayó en Andrés Ollero, pero su "propuesta de inconstitucionalidad" acabó guardada en un cajón por falta de acuerdos. Ahora, con la última renovación, es Enrique Arnaldo, quien calificó en un artículo de "ocurrencia" la ley de plazos, quien tiene el asunto en sus manos. En un primer momento, la intención era deliberar en Pleno a finales de junio, una vez superados los comicios andaluces. Sin embargo, habrá que esperar finalmente a la renovación del Constitucional para valorar la ponencia que el magistrado nombrado a propuesta del PP ponga sobre la mesa y que, según El Confidencial, avala la constitucionalidad de la norma.
No es el único asunto social que ha quedado parado por el bloqueo. También está la eutanasia, cuya ley fue aprobada por amplia mayoría. El tribunal de garantías ya frenó en seco el intento de Vox de suspender la entrada en vigor de la norma. Ahora queda, sin embargo, entrar en el fondo del asunto. El PP considera que se establece un régimen que "incumple los deberes positivos y negativos del Estado de proteger la vida". "Articula el sacrificio del derecho a la vida", mantiene la ultraderecha. La resolución de ambos recursos ha caído en manos de Cándido Conde-Pumpido, uno de los nombres que suena como futuro presidente del TC tras la salida de González-Trevijano, y el magistrado Ramón Sáez.
A estos dos frentes que no se resolverán hasta que se ponga fin a la interinidad de un tercio de los magistrados del Constitucional, las fuentes consultadas añaden un tercero de gran calado: el educativo. El tribunal de garantías tiene pendientes de resolución los recursos de PP y Vox contra la Lomloe, más conocida como Ley Celáa, una norma que consideran que vulnera el "derecho" de los padres a que sus hijos reciban "la formación moral y religiosa" que se ajuste a sus convicciones, que asegura "una oferta suficiente solo de plazas públicas" o que castiga económicamente a los centros que segregan por sexo. Una cuestión de la que se encargan los magistrados Antonio Narváez –cuyo mandato ya está caducado– y Ricardo Enríquez.
El 'caso Alberto Rodríguez'
A la espera de que se ponga fin al bloqueo queda también el caso de Alberto Rodríguez. Hace casi un año, un Supremo dividido –dos magistrados apostaban por la absolución– condenó al diputado de Podemos a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros, por un delito de atentado a agentes de la autoridad por unos hechos sucedidos en 2014. Aquella condena llevaba aparejada otra de inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo, lo que terminó provocando que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, le retirase el escaño.
Rodríguez interpuso dos recursos de amparo en el Constitucional. Por un lado, contra el fallo del Alto Tribunal. Por otro, contra el acuerdo de la presidenta de la Cámara Baja de sustituirle. A comienzos de verano, la Fiscalía dio su opinión al respecto. En un informe remitido al TC, adelantado por El Mundo, el Ministerio Público se mostró a favor de amparar al exparlamentario frente a la decisión de Batet al considerar que "en el proceso decisorio que tuvo lugar en sede parlamentaria" no se puede "apreciar" ningún "ejercicio ponderativo que condujera a descartar alguna o algunas de las posibilidades de interpretación diferente a las normas aplicables". Otra cosa es el recurso contra el fallo del Supremo. En ese caso, el fiscal considera que no debe ser estimado.
El juramento de los diputados
Con el foco puesto en el hemiciclo, otro de los asuntos a resolver sobre los que ponen el foco las fuentes consultadas son las fórmulas de juramento o promesa utilizadas por parlamentarios de diferentes partidos –desde JxCat hasta Podemos, pasando por ERC, Bildu o las CUP– durante las sesiones constitutivas de las Cortes. La inclusión en los pronunciamientos de menciones relativas a la cuestión catalana, entre otras, fue llevada por PP y Ciudadanos ante el Constitucional en el inicio de la legislatura fallida que arrancó tras las elecciones del 28 de abril de 2019. Luego, tras los comicios de noviembre que desembocaron en la actual, Vox se sumó a la ofensiva.
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El tribunal de garantías dio el visto bueno a volver a pronunciarse sobre una cuestión que tiene como precedente una sentencia de la década de los noventa en la que se avalaba la fórmula del "por imperativo legal" empleada por diputados de Batasuna. Y lo hizo señalando que los recursos interpuestos "pueden dar ocasión para aclarar o cambiar" la doctrina del Constitucional como "consecuencia del surgimiento de nuevas realidades sociales" y considerando que el asunto suscitado trascendía "del caso concreto" al poder tener "unas consecuencias políticas generales".
Vivienda para personas vulnerables o baja por paternidad
Las fuentes consultadas tampoco se olvidan de los "decretos sobre vivienda para personas vulnerables". En este sentido, tanto conservadores como extrema derecha no dudaron en poner sobre la mesa del órgano de garantías la normativa que permitía suspender desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que estuvieran habitando una vivienda sin título habilitante durante la pandemia. En público, el PP defendía que el texto no hacía otra cosa que amparar a los okupas. En su recurso, argumentaba que "al facultar al juez" para tomar una decisión así quedaba condicionado "el poder de disposición" de los "legítimos propietarios" del inmueble.
No es el único decreto sobre la mesa del Constitucional pendiente de resolución. Tampoco se ha fallado todavía sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Parlamentario Popular interpuso en 2019 contra el decreto de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, que ampliaba el permiso de paternidad y lo equiparaba al de maternidad. Los conservadores no cargaron contra la medida en sí, sino contra la vía urgente utilizada por el Ejecutivo para su aprobación. El asunto cayó en manos de Conde-Pumpido. Sin embargo, el pleno rechazó el pasado verano su ponencia, que defendía la constitucionalidad del mecanismo empleado, y acordó estudiar una nueva a cargo de Alfredo Montoya, que hace algunas semanas presentó su renuncia como magistrado por motivos de salud.
