La Justicia considera que los insultos en Twitter tras el asesinato de Isabel Carrasco no enaltecen el terrorismo

La Justicia no ve enaltecimiento del terrorismo en las críticas que desean la muerte a los políticos. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha archivado el procedimiento que se seguía contra uno de los acusados de haber cometido este delito, que fue detenido 16 días después del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, a causa de los comentarios que realizó en redes sociales justificando el crimen. 

El arrestado fue capturado después de llevarse a cabo la llamada Operación Araña, que se saldó con 21 detenidos por supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo que habrían cometido al publicar en redes sociales insultos y mofas contra víctimas de ETA, mencionando en algunos de los casos a damnificados como Irene Villa o Miguel Ángel Blanco. Por su parte, el detenido cuyo caso ha sido archivado, según informaron en su momento fuentes de la Guardia Civil, publicó tras el asesinato de Carrasco frases como "Que gentuza de este calado no reciban un tiro en la cabeza sí que es un escándalo" y "Si España fuese un país normal, el terrorismo contra esta gentuza estaría legalizado".

No obstante, en este caso, Pedraz ha tomado en consideración la opinión de la Fiscalía, que argumenta que las expresiones utilizadas no pueden tomarse como "una concreta exaltación de las acciones terroristas cometidas por una organización o sus miembros" ni como un menosprecio para las víctimas de estos delitos. El magistrado, en este sentido, señala que las publicaciones por las que se acusaba al arrestado "se sitúan más bien en la crítica a los políticos" y hace hincapié en que ni han "adquirido una amplia difusión pública al concretarse en el entorno de amistades" ni han "favorecido o alentado la comisión de actos terroristas".

"Hay que limpiar las redes de indeseables"

El archivo supone contradecir la opinión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que en mayo dio orden a la Policía de investigar los posibles delitos cometidos por parte de los usuarios de redes sociales que hubieran hecho comentarios ofensivos sobre el asesinato de Isabel Carrasco. Las detenciones que se realizaron –que se unieron a las 21 de la Operación Araña– tenían, según el Ministerio, una intención "ejemplarizante". "Hay que limpiar las redes de indeseables", insistía Fernández Díaz apenas 24 horas después del asesinato de la presidenta de la Diputación de León.

"Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que las redes sociales son una isla en la que atacar, insultar, calumniar, defender la violencia o desear la muerte a alguien desde el anonimato sale gratis", señalaba Interior, que llegó incluso a proponer que se estableciese una regulación especial para sancionar las acciones de este tipo que se cometieran en la red. No obstante, la inexistencia de estas reglas específicas no evitó, por ejemplo, que se llevase a cabo la Operación Araña o que la juez de lo Penal número 24 de Madrid condenase a principios de mayo a un joven a pagar una multa de 1.300 euros por haber cometido un delito de injurias contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a través de las redes sociales.

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Los comentarios aparecidos tras la muerte de Carrasco, sin embargo, suscitaron un fuerte debate sobre la necesidad de penas especiales para eventuales delitos cometidos en Internet. En el PSOE hubo posiciones enfrentadas: mientras que en el Congreso el portavoz de Sanidad de los socialistas, José Martínez Olmos, urgió al Gobierno a aprobar normas para que las amenazas vertidas a través de Internet tuvieran "las mismas consecuencias que si se hiciesen físicamente", el diputado Antonio Trevín aseguró que la legislación actual es "suficiente" para perseguir este tipo de delitos.

La misma postura sostuvo el portavoz de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, que afirmó tajantemente que "el Código Penal da mucho de sí". Y también fue en la misma línea Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD, que señaló que su formación no es partidaria de un endurecimiento de las leyes actuales, pero sí de que "puedan aplicarse con eficacia". Quien mostró una postura más contraria fue IU, cuyo portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, tachó de "caza de brujas" el intento de buscar responsabilidades en las redes sociales en este caso, si bien se mostró favorable a investigar los comentarios que hubieran podido traspasar "el límite de la injuria y la calumnia".

Según los expertos consultados en su día por infoLibre, precisamente estos fueron los delitos que pudieron haberse cometido con los comentarios vertidos en las redes sociales tras el asesinato de Carrasco: injurias o calumnias, que podrían tener el agravante de la "publicidad" y que además podrían complementarse con un delito de "apología de la violencia".