Por qué la ley electoral exige pactos para controlar el Senado como herramienta de bloqueo

Pese a que la actualidad en los próximos meses estará centrada en las elecciones para elegir los diputados del Congreso, el 28 de abril los ciudadanos también están llamados a elegir otros parlamentarios que serán claves en la próxima legislatura: los 208 senadores que componen la parte electiva de la Cámara alta. Más allá de su capacidad para retrasar la aprobación de iniciativas legales, el apoyo del Senado es imprescindible para aplicar el artículo 155 en Cataluña –algo que exigen PP, Ciudadanos y Vox–, y si los resultados electorales son finalmente tan apretados como indican las encuestas, la concentración del voto será fundamental para controlar la Cámara alta, que tiene una ley electoral con efectos muy mayoritarios.

Este lunes, El Español publicaba que ciertos sectores del PP abogan por alcanzar un pacto con Ciudadanos para concurrir conjuntamente a las elecciones a la Cámara alta. Horas después, el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, descartó el pacto. E igualmente, su homólogo en el PP, Teodoro García-Egea, desmintió que su partido estuviera buscando este acuerdo, pero pidió "concentrar el apoyo" en el PP en estos comicios para "reeditar la mayoría absoluta" de la que disfruta en el Senado.

Y es que, a diferencia de lo que ahora mismo ocurre en el Congreso, donde el nuevo escenario pluripartidista mitiga –aunque solo parcialmente– los efectos más mayoritarios del sistema electoral, en el Senado pueden obtenerse más de la mitad de los escaños sin acercarse siquiera al 40% de los votos. Para encontrar un ejemplo de ello no hay que irse muy lejos: en las últimas elecciones generales, el PP obtuvo el 33% de los votos al Congreso, pero disfruta de una cómoda mayoría absoluta en el Senado. Y eso es así porque el sistema electoral está diseñado precisamente para potenciar el poder del partido que gana los comicios en cada circunscripción.

Todas las provincias, independientemente de su población, eligen cuatro senadores, a excepción de las islas grandes –Gran Canaria, Tenerife y Mallorca–, que escogen tres cada una; las pequeñas –Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, La Palma, Ibiza y Formentera–, que tienen un senador por isla; y Ceuta y Melilla, con dos parlamentarios cada una. En las provincias, cada votante tiene la opción de marcar tres nombres, y aunque puede escoger candidatos de diferentes partidos, habitualmente suele escoger a los tres designados por la formación a la que quiere votar, que normalmente es la misma que ha elegido para el Congreso.

Lo que importa es ganar en más provincias

Así, los cuatro candidatos más votados de cada provincia son los que salen elegidos. Y, tal y como está diseñado el sistema, el partido que gana las elecciones en la provincia en cuestión suele quedarse con tres de los cuatro asientos que le corresponden a esa circunscripción en el Senado, aunque haya obtenido solo un voto más que el segundo partido, que es el que obtiene el cuarto escaño en la Cámara alta. Esto significa que el partido ganador en cada provincia obtiene el 75% de sus escaños para el Senado, aunque su victoria haya sido por apenas el 30% de los votos, unas cifras muy posibles en un escenario con varios partidos fuertes como el actual.

El hecho de que cada provincia elija cuatro senadores, sea cual sea su población, potencia aún más los efectos antiproporcionales del sistema electoral del Senado, ya que Madrid o Barcelona (con 6,5 y 5,5 millones de habitantes, respectivamente) tienen exactamente la misma representación que Soria o Teruel (que albergan 90.000 y 137.000 habitantes, respectivamente). El PP se ha beneficiado claramente de esta circunstancia, ya que la España interior y las provincias menos pobladas son más proclives, históricamente, a votar a los conservadores. Y en el Senado no es importante ganar las elecciones en el cómputo global, sino ser el partido que vence en un mayor número de circunscripciones.

Buen ejemplo de esto es la composición del Senado en las dos legislaturas de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: la octava (entre 2004 y 2008) y la novena (2008-2011). En ellas, el PSOE ganó las elecciones por un 42,6% y un 43,9% de los votos, respectivamente, pero el PP se impuso en más provincias que los socialistas, por lo que consiguió una mayoría simple en el Senado pese a ser segunda fuerza en el Congreso. En 2004, los conservadores controlaban 123 de los 259 senadores, mientras que en 2008 las actas del PP subieron hasta las 125, con 262 senadores con escaño. En estos cómputos están incluidos, además de los 208 parlamentarios escogidos en las urnas, los senadores que eligen las diferentes asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Pactar es "vital" en un escenario dividido

Habida cuenta del funcionamiento del sistema electoral del Senado, concentrar el voto es clave para hacerse con el mayor número posible de senadores. De ahí que, históricamente, muchos partidos se hayan presentado en coalición para conseguir parlamentarios en determinadas provincias, como hicieron de 2000 a 2011 PSC e ICV-EUiA en las provincias catalanas para contrarrestar la hegemonía de CiU. Y con buenos resultados: la coalición Entesa, que hasta 2008 también incluía a ERC, consiguió en 2004 y 2008 imponerse a los nacionalistas en las cuatro provincias catalanas y obtener 12 senadores, por cuatro de CiU.

Estas coaliciones entre partidos tienen mucho más sentido si cabe en un contexto como el actual, en el que ninguno de los partidos tiene una amplia ventaja sobre el resto y en el que los bloques conservador y progresista están divididos en tres y dos formaciones, respectivamente. Pactar antes de las elecciones "es vital" para controlar el Senado, considera la politóloga Berta Barbet, que explica que, en el escenario actual, "la división de los bloques en diferentes candidaturas" puede provocar que los partidos de un espectro sumen, conjuntamente, más votos que los del otro en una provincia, y sin embargo ese bloque obtenga un solo senador y no tres porque ninguno de los partidos que lo componen gane las elecciones.

Por ejemplo: si en una provincia PP, Ciudadanos y Vox obtuvieran respectivamente el 25%, el 20% y el 5% de los votos, y en esa misma circunscripción el PSOE consiguiera el 27% de los votos y Unidos Podemos, el 15%, el bloque conservador sumaría un 50% del total de los sufragios, por apenas el 42% del bloque progresista. Y, sin embargo, lo más probable es que los socialistas obtuvieran tres senadores en esa provincia y el PP tan solo uno, dado que la división de la derecha le impediría que alguna de sus formaciones fuese primera fuerza.

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Esa es la razón por la que García-Egea llamó este lunes a "concentrar" el voto en el Senado en los candidatos del PP. Y no solo la derecha es consciente de este escenario. Ya en 2016, Unidos Podemos propuso al PSOE presentar candidaturas conjuntas a la Cámara alta, algo que entonces los socialistas rechazaron con un tajante "no, gracias" de su líder, el ahora presidente Pedro Sánchez. Y hace apenas unos días, el secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, dejó la puerta abierta a conformar una candidatura conjunta en las tres provincias de la Comunitat con Podemos y Compromís, una propuesta que hizo este último partido.

La Cámara alta podría ser clave en la próxima legislatura, ya que para que el Gobierno aplique el 155 en Cataluña necesita la aprobación del Senado. Y, además, la cámara tiene la capacidad de dilatar los proyectos de un Gobierno que no sea de su color, ya que una vez aprobada una iniciativa en el Congreso, éste tiene el deber de enviarla al Senado, que puede retenerla un máximo de dos meses y aprobar las modificaciones que considere en la misma e incluso vetarla, si bien posteriormente el Congreso puede deshacer estas enmiendas y levantar los vetos del Senado.