El Mar Menor se muere a las puertas del verano entre acusaciones de inacción por la ausencia de cambios estructurales

Durante todo el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, cientos de murcianos expresaron en redes sociales su dolor y su indignación ante el pésimo estado del Mar Menor, un ecosistema único en el continente y asfixiado ante décadas de descontrol, contaminación agrícola y miradas hacia otro lado. Los ciudadanos han utilizado el hashtag de Twitter #SOSMarMenor y los políticos han vuelto a sacar a la palestra el tema ante la evidencia de que la albufera no es, por el momento, nada apetecible para atraer a unos turistas muy cotizados tras la crisis del covid. Pero más allá del impacto económico, esta vez no hay DANA ni evento puntual que permita enmascarar la evidencia de que la laguna, un entorno natural otrora lleno de vida, se está muriendo y las administraciones locales, regionales y estatales se tiran la pelota unas a otras entre acusaciones de inacción.

El problema que sufre el Mar Menor no es nuevo: viene arrastrándose durante décadas. Ya a principios de siglo los científicos alertaban de qué es lo que iba a pasar con la albufera si continuaba la presión sobre el ecosistema, derivada de una agricultura circundante que decidió pasar del secano al regadío y una urbanización masiva en La Manga y otras partes de la costa que no dejó un solo metro cuadrado urbanizable sin urbanizar. Los nitratos procedentes del abono los campos de cultivo de alrededor terminan en el agua y, mediante un proceso químico conocido como eutrofización, ahogan a la vida marina y vegetal de la laguna, le dan un preocupante color verde y llenan la orilla de fango y algas muertas muy poco apetecibles para el baño.

En 2016, hace ya cuatro años, se desató uno de los episodios de eutrofización más llamativos y letales de la historia reciente del Mar Menor, acuñándose el término "sopa verde". En octubre del pasado año, una DANA azotó la costa este del país, arrastró más nitratos ladera abajo hasta la albufera y dejó a cientos de peces muertos en la orilla. Ahora, a las puertas del verano de 2020, no ha sucedido ningún evento meteorológico especial: simplemente, la laguna orgullo de la Región de Murcia ya no puede más. Las aguas están verdosas, la pradera de Posidonia que cubría el lecho ha desaparecido y los fangos, los lodos y los malos olores se acumulan en la playa. "Es una situación dramática", se lamenta Ramón Pagán, portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor. "La situación puede ser explosiva, no sabemos hasta dónde puede llegar. Estamos muy preocupados", afirma el activista, que no puede contener una carcajada ante la pregunta de qué medidas se han tomado en los últimos meses para evitar esta muerte anunciada. 

La batalla política ante quién es competente para qué se ha encarnizado en las últimas semanas. Ayuntamientos de localidades de la zona como Cartagena reclaman que las administraciones superiores retiren los fangos de la playa, ya sea el Gobierno regional (PP-Cs) o el nacional (PSOE-Unidas Podemos). El Ejecutivo murciano, liderado por Fernando López Miras, se une a la reclamación y pide al Ministerio para la Transición Ecológica se haga cargo. Y Transición Ecológica insiste en que la Ley de Costas deja muy claro que la responsabilidad es de los municipios y que ellos pueden colaborar, pero que no es justo que se les cargue con las algas muertas. No es la primera y, posiblemente, no será la última trifulca con la laguna como escenario. Y la idea de un 155 ambiental ya circula: el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, declaró en mayo que el nombramiento de un comisionado por el Mar Menor, como reclama la administración autonómica y alguna local, implicaría asumir todas las competencias sobre el Mar Menor. 

El Gobierno central enarbola el artículo 115 de la Ley de Costas, que reza que es competencia municipal "mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad". Transición Ecológica, eso sí, puede apoyar en las tareas y debe asumir la reconstrucción ante catásfrofes naturales que necesiten de una intervención mayor: por ejemplo, la reparación de un paseo marítimo ante los estragos de una gota fría. Sin embargo, hay alcaldes que acusan al Ejecutivo de absoluta dejación de funciones: como el de San Javier, que señaló que el Ejecutivo ha renunciado a aplicar el plan Vertido cero, aprobado por todos los entes con competencia en la zona. No es cierto. El Ministerio cuenta con una hoja de ruta, pública y accesible, donde detalla cuáles son las medidas del plan que está aplicando en estos momentos. 

La más reciente, a través de la Confederación Hidrológica del Segura (CHS), ha sido poner en marcha el bombeo de la rambla del Albujón. En este punto es donde se produce una de las mayores entradas de contaminación con nitratos, ya que se filtran las aguas cargadas de nutrientes del acuífero Cuaternario, en un pésimo estado químico por el impacto de la agricultura. El Ejecutivo se ha encargado de poner en marcha una infraestructura que extrae estos recursos hídricos subterráneos y los redirige a estaciones de desalinización para su uso en el campo. Sin embargo, todos los actores reconocen que la cantidad de agua que puede extraer del acuífero esta instalación es claramente insuficiente para solventar el problema.

Además, el Miteco ha intensificado, en cooperación con la Fiscalía de Murcia, las "labores de vigilancia, inspección y propuesta de expedientes sancionadores en la zona" para acotar las 9.500 hectáreas ilegales identificadas en el Campo de Cartagena. Se trata de cultivos de regadío que no tienen permiso para serlo, que consumen recursos hídricos y vierten los dañinos nitratos sin permiso para hacerlo. "De ellas, unas 1.600 cuentan ya con expediente finalizado y comunicado al Gobierno de la Región de Murcia, competente en el ámbito sancionador; y otras 1.900 tienen expediente abierto", explica el Gobierno. 

Sin embargo, a juicio de los activistas que llevan defendiendo décadas la laguna, esto no es suficiente. En parte porque consideran que Transición Ecológica debería hacer más; y en parte porque la mayoría de competencias que podrían limitar el problema las tiene el Gobierno regional. 

El impacto del regadío: un problema estructural

López Miras ha asegurado que Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica tienen la mayoría de las competencias sobre el Mar Menor. No es cierto. "Las políticas ambientales, agrícolas y de ordenación del territorio son autonómicas", recuerda Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua. "Parece que no es responsable de nada, cuando tiene la mayoría de las competencias", coincide Pagán, cuya asociación, asegura, está cansada de ver al Ejecutivo autonómico tirando balones fuera y excusándose de su responsabilidad. El problema estructural del Mar Menor es una red inmensa de agricultura intensiva basada en el regadío que se extiende sobre el Campo de Cartagena. En buena parte ilegal, en un territorio que necesita tanto un trasvase como el uso de las aguas subterráneas porque apenas llueve, y en una zona propensa a lluvias torrenciales que arrastran todos los nitratos hacia la albufera. 

El Gobierno regional es el que tiene el poder de poner coto al regadío. La principal medida que reclaman los activistas y que está en la mano de López Miras es la de crear un corredor ecológico de varios kilómetros en torno a la albufera, donde se prohíba este tipo de agricultura. En su lugar, apostar tanto por el secano como con las llamadas "soluciones basadas en la nauraleza": otro tipo de vegetación no aprovechable económicamente pero que retenga y aproveche los nutrientes que corren ladera abajo cuando llueve con fuerza. También puede limitar los fertilizantes en varios kilómetros a la redonda para atajar directamente la contaminación: pero la normativa autonómica actual solo prohíbe los fertilizantes en un radio de 500 metros, donde no hay cultivos, solo urbanizaciones. Pagán cuenta un chiste habitual entre los murcianos implicados: esos 500 metros "son muy interesantes para las geranios" instalados en las terrazas de las casas, pero para nada más. 

En los últimos meses que han desembocado en esta nueva situación crítica para uno de los entornos naturales más ricos, variados y valorados del continente europeo, el Gobierno regional no solo no ha hecho nada para limitar el origen del problema, la agricultura intensiva, sino que "ha dado varios pasos atrás", considera Martínez: impulsando una ley ambiental que, en nombre de la recuperación de la crisis del covid-19, permite aumentar los vertidos contaminantes de las empresas de la Región hasta en un 30% sin solicitar una evaluación ambiental. "Los vertidos siguen siendo intensos, continuos y no han parado", explica Pagán. No hay freno al sector primario del Campo de Cartagena, habitualmente arremolinado en torno a grandes empresas, de capital extranjero y con mucho poder de influencia. 

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Martínez no aprueba tampoco el bombeo de la rambla del Albujón impulsado por Transición Ecológica para reducir el paso de nutrientes a la laguna. En primer lugar, porque considera que hay que atacar la raíz del problema, ya que la filtración del acuífero representa solo un 25% de toda la contaminación. Las aguas superficiales aportan el resto. Los nitratos se acumulan durante meses en la cuenca y una gran lluvia torrencial, como la de octubre de 2019, se los lleva de golpe al Mar Menor. "La única manera de que no haya arrastre de nutrientes es que la cuenca no acumule esos nutrientes", poniendo una barrera natural entre la actividad económica y el ecosistema y limitando el regadío de manera contundente para que deje de ser insostenible. Además, explica que el bombeo es "mover la contaminación de sitio": una parte del agua que se extrae termina en el Mediterráneo, fomentando su propia eutrofización. Y considera que las 9.500 hectáreas ilegales deberían estar cerradas ya.

"El problema del Mar Menor y la masa de agua subterránea 070.052 Campo de Cartagena, no puede simplificarse y restringirse a la existencia de los pozos no registrados, sino a la propia actividad agraria en extenso en el Campo de Cartagena", reconoce el plan Vertido cero firmado por todas las administraciones competentes. Pero la casa sigue sin barrer y el verano murciano, ya de por sí golpeado por la crisis sanitaria, se enfrenta al estado lamentable de una de sus principales bazas turísticas. "Ahora mismo el murciano está muy preocupado. No ve seguro bañarse. Hay seis o siete playas cerradas, y aunque las hubiesen abierto, no es muy agradable bañarse. Todo el turismo, la hostelería alrededor del Mar Menor puede sufrir mucho", resume el portavoz del Pacto por el Mar Menor.

Y mientras, la operación Topillo sigue su cursooperación Topillo: la justicia sigue imputando a agricultores y políticos de la Región de Murcia, bien por su inacción, bien por su supuesta participación activa en el desastre ecológico.