Todas las medidas anticrisis que el PP se ha negado a apoyar desde la llegada de Feijóo

La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP tras la revuelta de los barones que puso fin al mandato de Pablo Casado en febrero abrió una expectativa de cambio en la estrategia del principal partido de la oposición. Seis meses después, quienes esperaban que el PP cambiase de rumbo ya saben que no ocurrirá. Feijóo ha cambiado las formas, pero el rumbo que marca desde la calle Génova conduce una y otra vez al enfrentamiento.

Un buen ejemplo son las medidas aprobadas por el Gobierno en marzo y ampliadas en junio para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica provocadas por el alza de los precios. Así como a las medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, y las medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural convalidadas este último jueves en el Congreso de los Diputados.

El PP de Feijóo votó en contra de las primeras, se negó a apoyar su ampliación, y volvió a oponerse a las segundas con argumentos que van desde la denuncia de su supuesta inutilidad a acusaciones más graves, como la reciente de que las medidas de ahorro energético ponen en peligro la actividad económica y el empleo.

Pero, más allá de lo que al PP le gustaría aprobar, como una rebaja del IRPF para los contribuyentes con ingresos bajos y medios, que es el motivo que en última instancia alega Génova para no respaldar al Gobierno, ¿a qué está negando su apoyo el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo? Lo que sigue trata de responder a esa pregunta.

La ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados

Es una medida que afecta a asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas y que el Gobierno estima beneficiará a 2,7 millones personas e incrementará su renta en 540 millones. Pueden percibirla quienes formen parte de hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros.

Están excluidos quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital o reciban pensiones. Para estos colectivos, el Gobierno ha puesto en marcha, con el apoyo del Congreso, pero no del PP, medidas concretas como la prórroga del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital o de las pensiones no contributivas, que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros.

La rebaja del IVA de la luz

El PP tampoco quiso apoyar una propuesta que reclama como suya y que el Gobierno hizo realidad en junio: la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022. España tiene desde el 1 de julio el IVA de la electricidad más bajo de la UE, según datos recopilados por la Moncloa. Esta reducción se suma a la llevada a cabo en junio de 2021, cuando el Gobierno redujo del 21% al 10% este gravamen. 

La nueva bajada del IVA de la luz se produjo en los mismos términos en los que estaba vigente. Es decir, afecta a los consumidores con una potencia contratada inferior o igual a 10 kW, siempre que el precio medio aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 euros por MWh.

Esta rebaja permite reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. La práctica totalidad de hogares se beneficia de la disminución de este gravamen. El tipo del 5% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos).

El gravamen del 5% se aplicará también para los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, con independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad, medida que beneficiará a más de 640.000 hogares.

Asimismo, el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que el Gobierno ya rebajó en septiembre de 2021 de un tipo del 5,1% al 0,5%, mantendrá este gravamen mínimo hasta el 31 de diciembre de 2022.

El Gobierno también ha aprobado, sin el respaldo del PP, la suspensión durante todo 2022 del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), un tributo que grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la factura final.

Los 20 céntimos por litro de carburante

El PP se opuso en su día a la decisión del Gobierno de pagar a todos los consumidores de forma extraordinaria 20 céntimos por litro de combustible desde el 1 de abril, una medida que estará en vigor como mínimo hasta el 31 de diciembre. La bonificación beneficia principalmente a los transportistas, pero también al resto de usuarios, y supone, entre julio y diciembre de 2022, un coste para el Estado de 4.038 millones de euros.

Feijóo tampoco quiso que su partido avalase en junio extender las ayudas directas para el sector gasintensivo a otras actividades de este ámbito, uno de los más afectados por el aumento del precio del gas, que ya se adoptaron en el decreto del pasado 29 de marzo. Esta ayuda directa tendrá una cuantía máxima de 400.000 euros por empresa.

La subida del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas

Para paliar los efectos de la inflación en los hogares más vulnerables, el Congreso aprobó —sin el voto favorable del PP— un aumento transitorio, durante seis meses, del 15% de las nóminas de Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. Entre ambas prestaciones se reforzarán las rentas de más de 800.000 hogares de especial vulnerabilidad.

La prórroga de las rebajas de los precios energéticos

Los decretos anticrisis a los que Feijóo ha negado su apoyo también incluyen hasta final de año medidas destinadas a proteger a los consumidores de la escalada de los precios energéticos por la guerra en Ucrania, como el refuerzo del bono social eléctrico, que ha ampliado su cobertura en 600.000 familias adicionales, hasta los 1,9 millones de hogares, y establecido su renovación automática, entre otras mejoras. 

También se ha aumentado la dotación del bono social térmico para este 2022 hasta los 228 millones. Y se han mantenido los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% de la tarifa regulada (PVPC), respectivamente, durante todo el año.

Las medidas del Gobierno también incluyen mecanismos de flexibilización de la contratación de suministro de gas natural para la industria, de modo que las empresas puedan adaptar sus contratos a sus pautas de consumo y la reducción del 80% del importe de los peajes para los consumidores electrointensivos, así como el aumento de la compensación por CO₂ repercutido en la electricidad.

El PP tampoco apoyó con sus votos que, para evitar un encarecimiento en los contratos eléctricos a precio fijo a largo plazo, el Ejecutivo prorrogase la minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas gracias a la repercusión de los precios de la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas).

La congelación del precio de la bombona de butano

Otra de las propuestas que el PP no consideró suficientes para apoyar las medidas del Gobierno es la congelación del precio de los gases licuados de petróleo envasados, la popular bombona de butano. El precio de 19,55 euros, fijado en la última revisión, el pasado 12 de mayo, se mantendrá hasta fin de año.

Lo habitual es que la determinación del precio máximo de venta, antes de impuestos, de los gases licuados de petróleo en envases de 8 kg a 22 kg, se efectúe cada dos meses de forma automática con una fórmula matemática.

La suspensión de los desahucios

Ss trata de medidas con las que el Ejecutivo, con el aval del Congreso, pero no del PP, trata de “responder a la situación de los hogares vulnerables en un contexto marcado por la evolución de la pandemia, situación que se ha visto agravada por las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania”. 

Las medidas de protección para hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda usual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, afectan a aquellos que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo. Se mantendrán como mínimo hasta el año que viene.

En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación. 

La limitación de la subida de alquileres

El paquete de medidas del Gobierno incluye también la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2%, salvo acuerdo entre arrendador y arrendatario.

Los abonos transporte gratuitos

Serán válidos para viajes ilimitados de Cercanías o Rodalíes entre cualquier origen y destino entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en los cuatro meses de vigencia del bono. Los clientes deberán abonar una fianza de 10 euros que se devolverá al finalizar su periodo de vigencia.

El Gobierno también ha creado un título multiviaje especial con viajes ilimitados para los servicios de Media Distancia convencional con una validez de cuatro meses. Se vende un abono por cada una de las rutas (origen-destino) y son gratuitos para los usuarios que lleven a cabo 16 o más trayectos durante el periodo de vigencia. En este caso, habrá que abonar una fianza de 20 euros.

Un viajero que use el abono mensual para la ruta de media distancia convencional Badajoz-Mérida, que cuesta 153,2 euros al mes, se ahorrará 612,8 euros durante los cuatro meses de vigencia de la medida. Si el viajero utiliza actualmente el bono diez (31,8 euros por abono), el ahorro de cuatro meses en el Badajoz-Mérida es de 127,4 euros y podrá realizar trayectos ilimitados.

Otros ejemplos de trayectos de media distancia también recogen ahorros relevantes para los cuatro meses, como en el Sevilla-Cádiz, que alcanza los 1.300 euros de ahorro para el caso de un usuario de bono mensual, o los 700 euros de un usuario de bono mensual en el A Coruña-Santiago.

Las medidas que no han merecido el voto favorable del PP incluyen descuentos Avant del 50% y rebajas del 50% para usuarios recurrentes en determinados servicios de alta velocidad no declarados obligación de servicio público, en los que el tiempo de viaje sea menor a 100 minutos, una medida que afecta principalmente a rutas internas de Castilla y León, a las conexiones con Madrid desde Palencia, Zamora y Burgos, al León-Valladolid, al Ourense-Zamora y al Huesca-Zaragoza.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha puesto en marcha, con el apoyo del Congreso, medidas para fomentar el uso del transporte público colectivo y su uso por parte de viajeros recurrentes para aquellos servicios urbanos e interurbanos competencia de las entidades locales y las comunidades autónomas con el objetivo de reducir un 30% los precios. 

A su vez, las concesiones de las líneas de autobús estatales deben aplicar descuentos del 50% en los títulos multiviajes de más de dos trayectos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

La sostenibilidad del sector del transporte de mercancías por carretera

En aplicación de los acuerdos firmados con el sector del transporte, el Gobierno aprobó que, en los contratos que tengan por objeto un único envío, todas las facturas por servicios realizados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 202, reflejen de manera desglosada el coste del combustible necesario para la realización del transporte. Se trata de una medida temporal extraordinaria que proporcionará transparencia en la fijación del precio en los servicios de transporte que tengan por objeto un único envío.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo modificó las fórmulas aplicables para la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible “para que recojan el peso real del coste del combustible en la estructura de costes de las empresas”, en función del tipo de vehículos. El PP tampoco votó a favor de esta medida.

A estas medidas hay que añadir una convocatoria de ayudas directas al sector del transporte terrestre dotada con 450 millones de euros destinadas a vehículos pesados de mercancías, vehículos ligeros de mercancías, autobuses, ambulancias, autobuses urbanos, taxis y VTC y locomotoras diésel.

Las ayudas directas a la industria gasintensiva

Los decretos del Gobierno, convalidados ya por la mayoría del Congreso, pero sin el respaldo del partido de Núñez Feijóo, ampliaron también el número de ayudas directas a la industria gasintensiva por un valor estimado de 250 millones de euros.

El impacto de la medida, según los cálculos del Ministerio de Industria, puede alcanzar potencialmente a unas 4.100 empresas, de las que aproximadamente un 97% serán pymes. El número de trabajadores de las mismas asciende a 114.865.

Las medidas de apoyo al sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola

El Gobierno también ha aprobado, sin el respaldo del PP, medidas de apoyo para el sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola valoradas en 72 millones de euros. En el caso del sector agrario y pesquero, estas medidas se concretan en sendas ampliaciones de 60 millones de euros en la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios, y de 12 millones en las subvenciones a la obtención de financiación del sector agrario, pymes agroalimentarias y operadores del sector pesquero y acuícola.

El plan de ahorro energético y climatización

El PP rechaza también las medidas aprobadas por el Gobierno y el Congreso destinadas a reducir rápidamente el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, así como facilitar el cumplimiento de los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania. 

Las medidas aprobadas se orientan a reducir el consumo rápidamente (los cambios de comportamiento pueden reducir la demanda de gas y petróleo un 5% a corto plazo) y a potenciar la electrificación de la economía y la reducción del consumo de gas de origen fósil. Entre otras medidas, se han incrementado temporalmente las obligaciones de gestión y de consumo eficiente de los inmuebles de las administraciones públicas; los establecimientos comerciales, como grandes almacenes o centros comerciales; los espacios culturales, como cines o centros de congresos; o las infraestructuras destinadas al transporte de personas, como estaciones y aeropuertos. 

Los inmuebles citados tienen las temperaturas de calefacción y refrigeración limitadas a 19 y 27 grados centígrados respectivamente y antes del 30 de septiembre deberán disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.

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El alumbrado de los escaparates tiene que estar apagado desde las 22.00 horas. Esta disposición también se aplicará a los edificios públicos que estén desocupados en ese momento. Nada de esto ha merecido el respaldo del PP.

Las becas complementarias

El último decreto de medidas del Gobierno incluye la distribución de una beca complementaria de 100 euros mensuales de septiembre a diciembre para todos los beneficiarios de becas y ayudas de la convocatoria general de 2022-23. Las ayudas se destinarán así a los jóvenes estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y universitarios que obtengan una beca o ayuda dentro de la convocatoria general de becas para el curso 2022-23, así como a los beneficiarios de la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para 2022-23. El PP tampoco ha creído que fuese motivo suficiente para apoyar la iniciativa del Gobierno.