El miedo por sus hijos paraliza a las madres víctimas de violencia machista a la hora de denunciar

Entre los años 2016 y 2018 un total de 151 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas y 102 menores quedaron en situación de orfandad. Son algunos de los datos que desprende el informe sobre víctimas mortales de la violencia de género elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género [disponible en este enlace]. Uno de los focos del estudio tiene que ver con el papel que juegan los hijos en el marco de una situación de malos tratos. Y las conclusiones son determinantes: ser madre intensifica el miedo de las mujeres a la hora de interponer una denuncia.

"En torno al 75% de las mujeres asesinadas eran madres", dicen los autores. Una cifra que "pone de manifiesto que la maternidad es un factor que hace más vulnerables a las mujeres maltratadas", pero que además "guarda relación con el elevado porcentaje de casos sin denuncia". Según el mismo informe, sólo una de cada tres víctimas mortales (30,5%) había dado el paso de denunciar previamente a su agresor. Ambos datos en conjunto revelan que "la víctima tiene miedo y no denuncia ante el temor añadido de represalias del maltratador contra sus hijos". La maternidad, agrega el texto, se une así a "otros factores de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato, como son la pobreza, la dependencia económica del maltratador, la dependencia por situación de discapacidad o el embarazo".

No es la primera vez que las instituciones ponen sobre la mesa la figura de los hijos en un contexto de violencia machista. El estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación, confeccionado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en mayo de este año [consultar aquí], sostiene que, cuanto mayor es el número de hijos, mayor es el tiempo empleado en expresar la situación de malos tratos. De esta manera, las mujeres con tres o más hijos se demoran una media de doce años y dos meses; las que tienen dos, lo hacen en una media de diez años y dos meses, mientras que las que tienen un hijo tardan ocho años y tres meses de media. Por el contrario, y con una diferencia abismal respecto a los demás grupos, las mujeres sin hijos tardan una media de tres años y cinco meses en denunciar.

Consuelo Abril, abogada de familia y experta en violencia contra las mujeres, aplaude las conclusiones del CGPJ por lo acertado de su análisis. En primer lugar, la letrada advierte de una realidad: que las mujeres no denuncien, con hijos o sin hijos, "es habitual" porque "no son conscientes de que son mujeres maltratadas hasta que pasa un tiempo". Lo normal, revela, es que "se produzca una agresión, después silencio y consecuentemente impunidad".

En añadido, continúa la abogada, "hay factores que hacen que el incremento del silencio aumente, como el hecho de ser madre o migrante". Cuando una mujer tiene hijos a su cargo, "sabe que en determinado momento" el maltratador "va a usar a los hijos, haciéndose la víctima o tomando represalias". Llegados a ese punto, se define "una variable que puede jugar en dos líneas", comenta la psicóloga Bárbara Tardón. Por un lado, dice, a las mujeres "les cuesta más denunciar por las posibles represalias", pero también por determinados "mandatos culturales" como la prioridad de mantener a la familia unida. Además, "la creencia de que un maltratador puede ser un buen padre está tan arraigada" que las propias víctimas pueden llegar a pensar que las únicas que sufren violencia son ellas, pero no los niños.

Todo este cóctel genera "miedo y el miedo paraliza". Además, el maltratador juega sus cartas para hacer creer a la madre que perderá la custodia. "A ti quién te va a creer, estás loca, no tienes un duro...", son algunos de los planteamientos más frecuentes. Ese miedo, reitera la psicóloga, "les bloquea y les limita a la hora de denunciar".

Tardón relata que, además, el miedo muchas veces desencadena percepciones erróneas en las madres. "Si se separan, razonan, al padre le darán custodia compartida o visitas", de manera que maltratador y menores compartirán espacio. Por el contrario, si la mujer mantiene la relación, se produce "una falsa percepción de control, de que les pueden proteger". Según el estudio del CGPJ, durante el trienio 2016-2018, en el 41,7% de los casos existía en el momento de la agresión un vínculo matrimonial y el 64,9% de las mujeres asesinadas mantenía la convivencia con el agresor en el momento de su muerte.

Aunque el miedo por sus hijos puede suponer un riesgo para las madres, la maternidad también es capaz de generar una reacción radicalmente opuesta. Ese mismo miedo actúa en ocasiones como detonante cuando las víctimas toman "conciencia de que esos niños están sufriendo", explica Zorrilla.  Al final, subraya la psicóloga, "en función del nivel de conciencia que ellas tengan" respecto al sufrimiento de los niños, "puede funcionar como acelerador o no".

En esta línea se expresa también Clara Porrúa, profesora de Psicología en la Universitat de Barcelona (UB). "Desde mi punto de vista y experiencia, casi todas las mujeres maltratadas que inician un proceso de separación lo hacen para proteger a sus hijos", comenta en conversación telefónica. En el momento en que "ven que sus hijos peligran", empiezan a tomar medidas para reducir el riesgo. Pese a sus conclusiones, Porrúa se inclina por estudiar cada caso concreto con todas sus particularidades: "Ver cuál es su situación y qué les mueve", plantea. En este sentido, entiende que un factor "muy importante es el apoyo" del entorno. "Muchas de las mujeres que deciden continuar con su pareja maltratadora es porque carecen de este respaldo" o bien por factores como "la dependencia económica".

Abril apuesta por lanzar mensajes claros a las mujeres para que "sean conscientes de que si ellas consienten violencia, sus hijos la van a aprender y a reproducir". Pero este mensaje, matiza la letrada, debe ir unido a un refuerzo de las instituciones y a un compromiso real de los poderes públicos. "Hay que tener presente que estamos pidiendo a las madres que son víctimas que den un paso hacia adelante", pero en muchas ocasiones "las mujeres no confían en la justicia". No sólo urge cultivar esa confianza, sino que resulta prioritario reforzar todos los mecanismos para garantizar la protección de las víctimas y sus hijos.

Las claves de los crímenes machistas

El informe del CGPJ arroja algunos otros datos sobre el fenómeno de la violencia de género y su impacto en la vida de las mujeres. "El número de mujeres a las que se ha privado de su derecho a la vida presuntamente por parte de sus parejas o ex parejas masculinas" entre los años 2016 y 2018 asciende a 151, según los datos de la instrucción judicial.

Por comunidades, los territorios con una mayor tasa de feminicidios son Illes Balears, Canarias, Navarra y Aragón. Balears ya había sido la comunidad con mayor tasa de feminicidios en los años 2012, 2013 y 2014. Las diferencias territoriales responden, según las expertas, a diversos factores como el funcionamiento de los juzgados o el acceso a información. En ese sentido, el CGPJ observa que "en torno al 70% de los casos se producen en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes", de manera que se hace necesario "redoblar los esfuerzos en el ámbito rural, donde los datos indican que las mujeres están más desprotegidas".

En cuanto a temporalidad, el órgano judicial descarta una "pauta que permita destacar, de manera significativa, un mes o una estación como de mayor impacto" en los casos de violencia sobre las mujeres. Sin embargo, añade, "tanto el último trienio como en la serie temporal de los últimos diez años es el mes de julio el que encabeza la relación de número de casos". Precisamente es julio el mes que, en lo que va de año, ha dejado más víctimas mortales, con un total de nueve.

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Respecto al perfil de víctima y agresor, el organismo recuerda que se trata de "un fenómeno caracterizado por su diversidad" y que por lo tanto "el impacto del problema afecta a todos los ámbitos y orígenes: nacionalidad, clases sociales, grupos étnicos, edades y niveles de estudios". Los datos, sin embargo, permiten trazar algunas líneas comunes. La media de edad de las mujeres asesinadas es de 43 años, mientras que la edad media de las víctimas que habían presentado denuncias está en los 38 años de edad. 

La gran mayoría (64,2%) de las mujeres asesinadas eran españolas. "La serie temporal de los últimos diez años muestra que, tras el importante descenso de la sobrerrepresentación de víctimas extranjeras experimentado en 2013, la ratio a partir de 2015 permanece estable y arroja un promedio interanual del 65,9% de mujeres españolas frente al 34,1% de extranjeras". La misma tendencia se repite en relación a los asesinos. El 65,8% de los agresores del último trienio eran españoles, coincidiendo "con el promedio interanual del periodo de diez años entre 2009 y 2018".

Por último, el CGPJ vierte una reflexión sobre la necesidad de "visibilizar los homicidios y asesinatos de mujeres a manos de hombres en ámbitos fuera de la pareja, tal y como obliga el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género". Se trata de una de las principales demandas de las organizaciones feministas, que cada año claman por la inclusión de todas las víctimas en los recuentos oficiales. La semana pasada, esta petición volvió a resonar tras el asesinato de tres mujeres en el municipio pontevedrés de Valga, la exmujer, la excuñada y la exsuegra del autor confeso, José Luis Abet Lafuente.