Moreno intenta aplacar el malestar sanitario en Andalucía con un retoque de su plan privatizador

El Gobierno andaluz retoca su orden de privatización de servicios sanitarios, aunque los planes de aumentar la externalización se mantienen. La norma original, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la semana pasada, recoge como una de sus medidas más controvertidas el envío de pacientes de atención primaria a centros privados, una práctica de la que al Gobierno central no le constan antecedentes en España. La corrección consiste en añadir a la orden que el recurso a la sanidad privada se utilizará "sólo" cuando la cobertura pública sea "insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias". La falta de concreción deja un amplio margen de maniobra a la Consejería de Salud (PP).

De modo que a efectos prácticos la corrección de la Junta no supone un gran cambio. Todo dependerá de la voluntad de los gestores. La corrección, eso sí, admite "errores" en la orden. No obstante, el Gobierno andaluz los considera simples omisiones que han servido a interpretaciones malintencionadas. No hay rectificación sobre el fondo.

Un síntoma de preocupación política

Políticamente el gesto de Moreno tiene interés. La sanidad es ahora mismo el principal espacio de agitación social en Andalucía, donde el PP se maneja con una cómoda mayoría absoluta. El Gobierno andaluz logró desactivar una huelga del Sindicato Médico, pero CCOO, UGT y CSIF siguen con las movilizaciones, centradas en la saturación de la atención primaria, a las que ahora ha regresado el Sindicato Médico.

Aunque en noviembre hubo protestas de miles de personas en Sevilla, Granada, Cádiz y Algeciras, no puede hablarse de manifestaciones como las de Madrid, pero sí de un goteo de convocatorias con impulso sindical o de las mareas blancas. El malestar de los profesionales no se apaga. Y hay síntomas de hartazgo también entre los usuarios. En el último barómetro sanitario del CIS, Andalucía recibe una nota de satisfacción de 5,89 puntos, cayendo al último puesto, que antes ocupaba Canarias.

Aunque el PP tiene mayoría absoluta, la presión política y sobre todo sindical a raíz de la orden privatizadora ha demostrado efecto. Mueve ficha Juan Manuel Moreno, que se enfrenta a la convocatoria de una manifestación convocada por CCOO, UGT, CSIF, Satse y Sindicato Médico el jueves que viene. Ya desde antes de conocerse los aspectos más polémicos de la orden, que se tramita desde el verano de 2022, el ambiente es de amenaza latente de huelga por la mala situación en atención primaria.

Las primeras reacciones tras la rectificación indican que la medida no va a desactivar las críticas. El PSOE, a través de su secretario general, Juan Espadas, se apresuró a exigir la retirada de la orden ante la "insuficiente" corrección. Por Andalucía considera la rectificación "un auténtico desastre que profundiza en una política equivocada a mayor gloria de los beneficios que la derecha está obsesionada con facilitarle a las empresas privadas de la salud". En el terreno sindical, UGT emitió un comunicado diciendo que era una "chapuza" que nos deja "igual o peor" y pide la retirada de la orden. También CCOO reclama la anulación de la norma, cuya corrección considera un "burdo intento" de frenar la movilización sindical. "La Administración se empecina en mantener la puerta abierta de los hospitales y centros de salud a la sanidad privada al mantener la reducción del 35% del precio en las tarifas si se usan medios públicos. Esta medida no ha sido abordada en la corrección de errores", señala. Las movilizaciones en marcha se mantienen. Es más, el sindicato de enfermería Satse anunció este jueves protestas para el próximo martes.

Los planes se mantienen

La explicación que venía dando la Consejería de Salud, dirigida por Catalina García (PP), era que las derivaciones en atención primaria serían "excepcionales". Pero eso no figuraba en la orden. Ahora se introduce aquello de su uso en momentos de cobertura "insuficiente". El Gobierno andaluz, a través de una fuente oficial, señala que el objetivo de la corrección es "despejar cualquier duda o interpretación interesada sobre la finalidad de dicha orden", una crítica a las interpretaciones realizadas por medios, sindicatos y oposición.

Los aspectos controvertidos de la norma se mantienen tal cual. La orden sigue previendo el envío de pacientes de atención primaria –también de especialistas y de multitud de pruebas, pero estoy se hacía ya antes– a centros privados. La consulta privada en atención primaria se pagará a 65 euros. La asociación de médicos Unipromel ha denunciado que la diferencia de los 65 euros por consulta con los 8 que llegan a pagar las aseguradoras apunta a unos "márgenes brutales" para los hospitales. La orden también también mantiene los conciertos con hospitales incluso de fuera de Andalucía y prevé que profesionales sanitarios privados trabajen en instalaciones públicas.

La tarifa para concertar consultas de atención primaria no es la única medida de derivación de recursos públicos a la sanidad privada del Gobierno andaluz desde que llegó el PP. La previsión de envío de pacientes al sistema privado está aumentando. En 2023 alcanza los 245.000, un 25,16% más que en 2022, que fueron unas cuentas prorrogadas, y un 42,78% más que en 2018, último año con el PSOE. Suben con fuerza desde 2018 las hemodiálisis, las intervenciones quirúrgicas, las sesiones de rehabilitación y los estudios diagnósticos en hospitales concertados. En 2020 un cambio en el sistema de citas facilitó el envío de pacientes a hospitales del grupo Pascual en Cádiz. A ello se sumó, también en 2020, la ampliación a todos los médicos del SAS de un plus que con anterioridad sólo cobraban los que trabajaban únicamente en el sistema público. En 2021 se quitó la prohibición a los jefes médicos de trabajar también en la privada.